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15 de mayo de 2019

Financiamiento de los partidos: la democracia del capital

Cuando no hay sesiones tenemos una sola hasta después de las PASO y por una sola ley: la del financiamiento capitalista de las campañas electorales y los partidos políticos. Se trata de un pacto entre Cambiemos y todas las alas del PJ para institucionalizar que la política sea un instrumento del capital. Van a transparentar lo que sabemos por Odebrecht, por los Panama Papers, por el caso de ´los cuadernos´: que el 90% del empresariado del sector es culpable de corromper a los funcionarios en negociados de las obras públicas a su favor.

La crisis la desató el caso de la impoluta Vidal, quien contrabandeó miles de aportes truchos para ocultar el financiamiento negro de las corporaciones capitalistas, algo que las causas contra el kirchnerismo han puesto obscenamente al descubierto, según lo aceptó el propio Abal Medina, el ex Jefe de Gabinete de la ascendente Cristina que alguna vez dijo haber visto pasar delante de sus ojos los bolsos del “financiamiento”, según sus palabras. Por eso no debe sorprender el quórum y las mayorías para aprobar esta ley en medio de la crisis política que ha paralizado al Congreso.

Las personas jurídicas ‘no podrán aportar’ más del 2% de los gastos de campaña: o sea que 50 grupos económicos pueden arrimarle mil millones a un candidato poniendo la módica suma de ¡20 millones cada uno! Pero si un monopolio no puede poner más del 2%, lo puede hacer un capitalista en particular – o sus testaferros o empresas del mismo grupo. Si Techint no puede aportar más del 2%, lo pueden hacer Paolo Rocca, Betnaza, sus gerentes y las decenas de empresas subsidiarias del grupo.

Argentina Federal y los Renovadores de Massa son coautores de este proyecto. El kirchnerismo, por su parte, se ausentó en la votación del Senado para no verse forzado a apoyarlo o rechazarlo. Los K votaron en contra, a sabiendas de que aquellos a quienes les dan sus votos en las provincias lo harán por ellos y que el proyecto finalmente sería aprobado. Además, habrá empresarios como Lascurain, que se reincorporó a la mesa de la UIA, que financiarán al kirchnerismo, como ayer lo hicieron los Ezkenazi, los Eurnekian, los De Mendiguren, los Brito, los Cristóbal López y los Lázaro Báez. Lo mismo ocurre con Carrió, quien votó el engrendro antidemocrático “observando” el punto del financiamiento por parte de las empresas, no de los empresarios y sus testaferros.

El carácter clasista del proyecto es subrayado por la oposición a que los sindicatos puedan aportar a las campañas electorales: las empresas sí, los sindicatos no. Arguyen que las direcciones sindicales no tendrían mandato para hacerlo, pero cuando firman un salario a la baja o un convenio flexible que trae muertes como en el caso del gremio petrolero, no se quejan de la falta de mandato.

Es un avance de la privatización de la financiación de las campañas electorales. Los espacios audiovisuales para la propaganda política pasan del 10 al 5% de la programación de los medios, que en un 95% están en manos de capitalistas y grandes consorcios multimedia como Clarín. Del mismo modo también se extrema la regimentación de las campañas en sitios web y redes sociales, reforzando la injerencia del Estado en los partidos políticos.

Romina Del Plá ha defendido una posición transicional: “el Estado debe garantizar el acceso igualitario a los medios audiovisuales y la prohibición de contratación privada de los mismos por los partidos. También la presencia igualitaria de los partidos en los diarios y periódicos”. Y una posición de fondo: “no hay democracia política bajo el régimen del capital y del FMI.”

“Estamos ante un gobierno y un régimen que se cae. Un régimen que pretende que la crisis capitalista sea pagada con la superexplotación de los trabajadores. Contra ello planteamos que la clase obrera desarrolle una movilización extraordinaria por sus demandas e imponga una Asamblea Constituyente soberana, con poder, para poder discutir y resolver sobre todos los temas nacionales y sociales, entre ellos los derechos políticos de las masas explotadas. Votamos en contra de esta ley contra la democracia política. La lucha democrática también conduce gobierno de trabajadores, el único que garantizará los derechos de los explotados.”

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