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24 de mayo de 2019

Nuevos datos del Indec muestran el avance del derrumbe económico

La profundidad y el curso imparable de la crisis económica y el golpe que la misma descarga sobre los hogares obreros no pueden ser ocultados por el gobierno. El Indec se encargó de mostrar ésta semana el derrumbe de la actividad económica, que cayó casi un 7% en abril respecto del mismo mes del año pasado –con cierres de fábricas, despidos, suspensiones y caídas bruscas en la producción industrial que, en marzo, llegó al 13,2% en la comparación interanual, mientras que el comercio tuvo un retroceso de 14,6 por ciento, en una muestra de la brutal retracción del consumo.

Al mismo tiempo, dio cuenta que al haber aumentado los precios muy por encima de los salarios y las jubilaciones, en diciembre del 2018 pasado, hubo casi 3 millones de pobres más que en enero de ese año.

Es que, la canasta básica alimentaria que mide la indigencia, tuvo un aumento del 66,1% en los últimos 12 meses y la denominada canasta básica total, que mide la pobreza e incluye también bienes y servicios no alimentarios, creció un 61,5% en el mismo período, dado que los productos y servicios que consumen los sectores populares –alimentos, bebidas, luz, gas- tuvieron aumentos de precios ubicados muy por encima de la inflación general.

Frente a este crecimiento desbocado de los precios, tanto las jubilaciones como los salarios registrados aumentaron en los últimos 12 meses en torno del 35%, mucho menos que las canastas de indigencia y pobreza, con asalariados informales que tuvieron aumentos en sus ingresos incluso menores al resto, en el orden del 30 por ciento.

Esta es la manifestación práctica de la política del gobierno nacional –replicada por los gobernadores- de que la crisis provocada por los capitalistas, la paguen los trabajadores y los demás sectores populares.

El Indec precisó que un hogar con cuatro miembros necesita hoy $11.844,8 por mes para adquirir los bienes necesarios para poder sobrevivir. Y, para no ser considerado pobre, un hogar también de cuatro personas requiere $29.493,65, es decir más que los ingresos de casi la mitad de los asalariados del país.

El derrumbe de la economía durante la administración macrista no es nuevo. En noviembre del 2018 la caída había llegado al récord del actual gobierno, con un 7,3% que virtualmente se replicó en diciembre, cuando llegó al 7 por ciento. 

En otra muestra de la caída en la calidad de vida y el consumo de los sectores populares, la producción de carne vacuna registró un deterioro de 4,2% en el acumulado enero-marzo, por “los fuertes aumentos de precios, según un informe de la cámara industrial del sector” (IProfesional, 6/2). Y los tarifazos han sido el motor de la caída del 6,1% en el consumo de electricidad, gas y agua.

En los primeros meses como una gran cantidad de paritarias aún no se ha firmado o lo han hecho por porcentajes que están por debajo de la inflación –el gobierno acaba de aprobar para los estatales un aumento del 28%-, los niveles de pobreza e indigencia van a seguir creciendo.

Para enfrentar esta catástrofe social, de la cual es cómplice la burocracia sindical de todos los colores, con su parálisis y el aislamiento consciente a la que somete a las luchas obreras, es necesario que el activismo se lance decididamente a desenvolver una campaña por asambleas de base que promuevan el paro activo de 36 horas, como puntapié inicial de un plan de lucha hasta derrotar el ajuste del FMI, el macrismo y los gobernadores.   

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