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5 de junio de 2019

Los juicios en el CIADI y la colonización del país por el capital financiero

Las malas noticias para el Estado argentino por las sentencias adversas en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, no dejan de llegar. Al fallo que obliga a pagar una indemnización por la estatización de Aerolíneas, y al proceso judicial en curso por YPF, se le suma ahora una demanda presentada por la multinacional MetLife por la reestatización de las AFJP.

El revés judicial contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas al hoy quebrado grupo Marsans en 2008, podría ser el primero de una ola de fallos perjudiciales. Por ese caso, el CIADI ordenó pagar un monto que sumando intereses supera los 410 millones de dólares. Es un fraude contra el país, ya que el kirchnerismo lejos de afectar el patrimonio de ese grupo empresario había procedido a esa expropiación con un contrato de compra con precio a definir, y absorbiendo la deuda que tenía por unos 1.000 millones de dólares. Aquello fue un salvataje para que los vaciadores huyeran con las acciones, que luego vendieron a  fondos buitre que hoy festejan la resolución del CIADI. El entonces presidente del Grupo Marsans, Díaz Ferrán, se encuentra preso en España por defraudación. Esta estafa será avalada por el gobierno, que emitirá bonos para pagar esa penalidad.

Mientras tanto, aún se espera la definición de la Corte Suprema de Estados Unidos acerca de si tomará la causa contra Argentina por la estatización de la mayoría de las acciones de YPF en 2012, que ya tiene fallos de primera y segunda instancia en la justicia norteamericana imponiendo una penalización por 3.000 millones de dólares. La demanda es impulsada por el fondo buitre Burford, que compró los derechos para litigar contra el Estado argentino al Grupo Petersen de Ezkenazi, en aquel momento propietario del 25% de las acciones de YPF -obtenidas mediante el fraude de pagar su parte mediante las ganancias que obtenía de la propia participación en la compañía. Recordemos que Ezkenazi facturaba gracias al vaciamiento y desinversión que perpetraba en la petrolera junto a Repsol, y por lo tanto comparte la responsabilidad de haber dejado a la empresa con una reducción sideral de su producción anual de petróleo y de sus reservas de petróleo y gas. Su reclamo es no haber recibido una usuraria indemnización como la que el gobierno K pagó a Repsol, ya que sus acciones no fueron expropiadas.

En este marco, y envalentonada tras el fallo por Aerolíneas, llega la noticia sobre la demanda presentada por la multinacional MetLife por la reestatización de las AFJP en 2008. Si bien esta empresa tenía una participación menor en el sistema de jubilación privada, un tratamiento beneficioso en el CIADI empujaría a otras entidades financieras que lucraban con ese sistema a seguir el mismo camino.

La situación vuelve a poner de manifiesto la subordinación del régimen jurídico, político y económico argentino respecto de la legislación y la jurisprudencia internacional, que avala todas las maniobras fraudulentas del capital financiero. El caso emblemático de ello fue el pacto buitre de 2016, cuando -para pagar casi la totalidad de capital e intereses por bonos que habían sido comprados por monedas luego del default del 2001- se votó en el Congreso la derogación de las llamadas leyes cerrojo y de pago soberano, a pedido del juez Griesa de Nueva York.

El gobierno de Macri no solo ha convalidado este sometimiento colonial, sino que lo refuerza. Es que no solo pagó a los fondos buitre, y cumplió con el pago de los 280 millones de dólares a la empresa Suez –ex concesionaria de AySA- en concepto de una indemnización fijada por el CIADI; sino que a su vez se encuentra en tratativas de un acuerdo comercial bilateral con Chile que a la par que permite el copamiento de monopolios imperialistas les garantiza en caso de conflicto la posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales, en primer lugar al CIADI.

Sin embargo, con todo eso el macrismo no hizo más que continuar una política de los gobiernos anteriores. En los últimos años de mandato de Cristina Kirchner, con Kicillof como ejecutor de la política de "vuelta a los mercados" en busca de abrir un nuevo ciclo de endeudamiento, fueron honrados fallos del CIADI por casi 1.000 millones de dólares. La mayoría de ellos por los reclamos de las privatizadas de servicios públicos luego de la pesificación de las tarifas después de la megadevaluación del 2002, la cual había sido legitimada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina –es decir que los nac&pop pusieron al mayor órgano judicial del país bajo la jurisdicción de un tribunal del Banco Mundial. En el mismo período negociaron indemnizaciones leoninas como la que pagaron a Repsol con otras 16 empresas, y cancelaron la deuda con el Club de París. Si faltaba algo, introdujeron en su reforma del Código Civil y Comercial un artículo que faculta a "prorrogar jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República".

Con ese derrotero, es claro que las promesas de la fórmula Fernández – Fernández sobre el cumplimiento con los compromisos de la deuda externa no son demagogia ni un recurso de ocasión para ganarse el apoyo del gran capital, sino que ha sido la máxima de quienes se reivindicaron “pagadores seriales”.

El planteo de romper con el FMI y rechazar el pago de la deuda usuraria, que sólo levanta el Frente de Izquierda, es un paso elemental para terminar con esta colonización del capital financiero y defender la soberanía nacional, que no puede ser otra cosa que la soberanía de los trabajadores de forjar el destino de sus países en la perspectiva de reorganizar a toda la sociedad sobre nuevas bases.

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