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26 de junio de 2019

La reforma laboral, al tope de la agenda

El gobierno convocó a debatir la flexibilización de los convenios a la burocracia de Luis Barrionuevo y Hector Dáer.

El Ministerio de Producción y Trabajo anunció la convocatoria a “mesas sectoriales de negociación” para discutir la “modernización” de los convenios colectivos de gastronómicos y sanidad. El gobierno aspira a reunir en los próximos días a representantes de las cámaras patronales de restaurantes y hoteles con el sindicato Uthgra, que dirige Luis Barrionuevo. Por otro lado, apunta a sentar a referentes empresarios de clínicas, sanatorios, laboratorios y droguerías con Fatsa, el gremio de Héctor Daer, quien preside la CGT junto a Carlos Acuña.

Los objetivos de sendas reuniones no difieren de los lineamientos fijados para el proyecto de ley de reforma laboral, que fuera mandado al freezer tras la rebelión obrera de diciembre de 2017 contra la reforma previsional. Lo central es avanzar en una flexibilización de los horarios de trabajo, francos y vacaciones, y la creación de “bancos de horas”, para alargar la jornada laboral y reducir el descanso de los trabajadores. También buscaría crear un fondo de cese laboral, para abaratar las indemnizaciones. Por último, perseguiría el fin de establecer nuevas categorías de trabajadores amparándose en “las nuevas tecnologías”, una excusa para imponer la multifunción y atar las categorías a la productividad.

Las avanzadas flexibilizadoras

La iniciativa retoma lo hecho con los petroleros de Neuquén, con los lecheros de Atilra y en telefónicos, cuyas conducciones firmaron adendas flexibilizadoras de sus convenios, así como las tentativas para avanzar en este sentido en textiles y metalúrgicos. Otra de las vías para imponer la reforma laboral es la introducción de cláusulas precarizadoras en las paritarias, como intentaron con camioneros, bancarios, marítimos y ceramistas. El paroxismo de ello es el régimen de las low cost, que barre con los derechos de los aeronáuticos.

Esta ofensiva convenio por convenio se complementa con la reforma de la ley de ART, que impuso a los trabajadores la obligación de agotar una instancia administrativa previa recurriendo a las comisiones médicas de las propias ART, entre otros aspectos que lograron disminuir los juicios laborales mientras proliferan los accidentes y muertes durante las jornadas de trabajo. Son muestras de cómo la burguesía y el gobierno presionan cotidianamente para avanzar de hecho con esta reforma tan exigida por las cámaras patronales, la UIA y el FMI.

Los ataques a las conquistas obreras son además una constante en todas las ramas de la economía. Son incontables las reestructuraciones empresariales que, mediante cierres de planta y despidos masivos, presionan a los trabajadores a aceptar acuerdos flexibilizadores. El Sutna puso esto sobre la mesa en el conflicto de Fate, organizando a los trabajadores para rechazar el recurso preventivo de crisis y los despidos, alertando sobre las terribles consecuencias que tendría precarizar las normas de trabajo en un rubro con fuerte componente físico de los obreros en la producción.

Despidos y extorsión

Esta nueva intentona en dos gremios con una importante cantidad de afiliados llega en momentos en que se recrudece la descarga de la recesión sobre los trabajadores. Unilever ha procedido al despido de personal en su planta de Gualeguaychú, que tenía paralizada desde el sábado. Las empresas de artículos de librerías Citanova y Distal han llamado a concurso de acreedores, y la alemana Edding cerró su planta en San Juan para dedicarse a importar. También ha iniciado un concurso de acreedores la fabricadora de aires acondicionados Aires del Sur, mientras que –también en Tierra del Fuego- la electrónica Iatec (de Nicolás Caputo, el amigo de Macri) está parada por sus trabajadores que enfrentan despidos y el intento de desafuero de cuatro delegados. Este sucinto repaso muestra el cuadro de desmantelamiento industrial en el país, que en áreas como la actividad metalúrgica arroja cifras escalofriantes: durante el último año el 46% de las empresas redujo personal, y sólo operó el 52% de la capacidad instalada.

Este es el cuadro en el que las patronales extorsionan para arremeter contra las conquistas laborales. Las burocracias sindicales que firmaron las adendas justificaron las mismas en función de defender los puestos de trabajo, pero el resultado no ha sido nada prometedor: los lecheros sufrieron miles de despidos y en los petroleros de Neuquén fallecieron por siniestros laborales 7 obreros en el último año y medio.

No obstante todo esto, es poco el crédito que se le da a estos encuentros orquestados por el gobierno con gremios y patronales gastronómicas y de sanidad. Analistas lo han interpretado más que nada como una señal al Fondo Monetario. Es sugerente, de todas maneras, que los convocados sean los sindicatos conducidos por popes de la burocracia sindical, enrolados en las variantes “opositoras” de Lavagna- Urtubey (Barrionuevo) y los Fernández (Daer). En plena campaña electoral, puede leerse también como un condicionamiento público o para exponerlos ante el FMI -el primer voto que todas las listas patronales se esfuerzan por conquistar.

Lo reseñado permite sacar una conclusión políticamente muy importante: no existe una identificación entre los reclamos de las patronales (sean nacionales o extranjeras) y los trabajadores. Tras el eufemismo de la “defensa de la producción nacional”, la burocracia sindical sacrifica las luchas y las reivindicaciones obreras, mientras que los Fernández nos quieren vender que tomando medidas para beneficiar a las patronales cesarán los ataques al movimiento obrero. No podemos perder de vista que cuando Alberto Fernández asegura que pagarán al FMI pero renegociarán los vencimientos, está aceptando el condicionamiento ya puesto por el Fondo de que cualquier reprogramación de los plazos deberá  tener como garantía la implementación de las reformas laboral y jubilatoria. Sólo el clasismo y el Frente de Izquierda-Unidad rechazan de plano este plan de guerra contra la clase obrera.

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