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27 de junio de 2019

Apagón en La Plata: multa irrisoria a Edelap para esconder la responsabilidad estatal

El gobierno de Vidal anunció que impondrá a Edelap, por el corte de luz en la zona norte de La Plata -que comenzó el sábado y aún afecta a miles de usuarios-, una multa por 150 millones de pesos, además de no poder cobrar las facturas de junio… por un servicio que no brindó. Con estas medidas intentan desviar la ira que desató el apagón, expresada en decenas de piquetes a lo largo de los caminos Centenario y General Belgrano.

El anuncio, que tras la borrada de la gobernadora fue realizado por su vice Daniel Salvador, y por el intendente platense Julio Garro (Cambiemos), está en realidad unos cuantos pasos por detrás de las declaraciones hechas por este días atrás, reclamando la rescisión del contrato de concesión. El monto de la multa es irrisorio, y no solo porque se calculan en más 1.000 millones de pesos las pérdidas originadas por la falta de electricidad a 51.000 hogares y comercios, que afectó a un total de 200.000 personas. Resulta que el propio gobierno provincial tiene presupuestados 1.355 millones de pesos para transferencias a las empresas privadas distribuidoras, siendo que las cuatro que cubren el interior bonaerense están en manos del mismo empresario, Rogelio Pagano, ex ejecutivo del Grupo Mindlin.

Más aún, la penalidad se convierte en una farsa cuando incorporamos al análisis los datos sobre las ganancias de Edelap, ya que según registró el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda tuvo en 2018 un rendimiento 674% mayor que en 2017, embolsando 606 millones de pesos. El vaciamiento, que salió a la luz con este apagón masivo de cinco días, está en la base de estas ganancias siderales. Es evidente que con estos guarismos la empresa podrá sortear las multas sin problemas.

Actividad del PO-FIT de La Plata frente a la oficina central de Edelap.

La farsa tiene el objetivo de evitar que la profunda bronca popular redunde en un descontento hacia el gobierno, en momentos en que Vidal y el macrismo buscan la alquimia para ser reelectos. Con esta multa menor, los funcionarios se exculpan de su propia responsabilidad por el vaciamiento energético, luego de haber habilitado sin control alguno los tarifazos y la concentración de todo el sistema en manos el mismo empresario. Más aún, esa concentración fue allanada por la condonación de deudas millonarias y, por supuesto, por los tarifazos, que desde 2016 acumula un leonino 3624% de aumento, según el mencionado Observatorio de la UNdAv. A la luz de todo esto, se revela como una impostura la aclaración del gobierno, asegurando que investigarán el estado de mantenimiento y exigirán un plan de obras.

Las declaraciones exaltadas de la oposición peronista sólo pueden ser tomadas como una impostura y demagogia electoral. Es que entre las quejas por la falta de inversión y hasta proyectos legislativos para quitarle la concesión de Edelap a Pagano, buscan desmarcarse de tarifazos que convalidaron en la Legislatura en su momento, ya que fueron los propios bloques peronistas los que bloquearon la realización de una sesión especial que discuta el tema. En efecto, continúan reivindicando el esquema que rescató a las privatizadas, financiando la huelga de inversiones con subsidios millonarios. Entre 2004 y 2015 los subsidios del Estado nacional al sector energético totalizaron una transferencia de 85.000 millones de dólares, mientras que según estadísticas del ENRE los reclamos por fallas en el suministro crecieron más de un 1000%. Una verdadera “década ganada” por los vaciadores, en la cual los subsidios fueron también la base de la concentración monopólica, como muestra el caso testigo de la compra que hizo Mindlin de Petrobras Argentina por u$s150 millones en 2016, después de haber embolsado más de u$s140 millones por subsidios en 2015.

Más que nunca, planteamos la apertura de los libros contables de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para dar cuenta del desfalco y el vaciamiento, de un lado, y determine el costo real del servicio, del otro, para proceder a la anulación del tarifazo. Este camino lleva a la estatización sin pago, bajo gestión de trabajadores y usuarios, porque quienes nos gobiernan y gobernaron son los que habilitaron esta estafa. En síntesis, para atacar el cuadro actual es necesario desmantelar todo el régimen de privatizadas de los servicios públicos, que se ha mantenido desde el menemismo a fuerza de subsidios y tarifazos.

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