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8 de julio de 2019

Explosión en Salta 2141: Fallo de impunidad en Rosario

El martes pasado se conoció la sentencia del juicio por la tragedia de Salta 2141, ocurrida el 6 de agosto de 2013, que provocó la muerte de 22 personas y dejó una gran cantidad de heridos en la ciudad de Rosario. El fallo condenó al gasista Carlos García a 4 años de prisión efectiva y absolvió, por falta de pruebas, a los inspectores de alto rango y gerentes de Litoral Gas. Lo mismo ocurrió en el caso de los representantes de la administración del edificio.

EL HILO SE CORTA POR LO MÁS FINO

Está a la vista que se trata de un nuevo fallo de impunidad. Durante el juicio pasaron al menos cien testigos, muchos de los cuales dieron cuenta de irregularidades en los procedimientos de control por parte de la empresa Litoral Gas, en cuanto al estado y mantenimiento de los edificios de la ciudad.

El Tribunal remarcó que García actuó de manera clandestina, y que nunca presentó los formularios exigibles para cambiar un regulador de gas, por lo que la empresa no estaba al tanto del trabajo en el edifico. Sin embargo, los familiares de las víctimas acusan que estos formularios no existieron regularmente sino hasta después de la tragedia que sacudió a toda la ciudad en 2013. También denunciaron que la empresa responsable de realizar las pericias es una empresa relacionada a Litoral Gas.

UNA LÍNEA DE IMPUNIDAD

La impunidad del hecho es perpetrada por la misma justicia que hace poco más de un mes dejaba libre a los imputados por la desaparición de Paula Perassi, entre ellos, el empresario Gabriel Strumia, su esposa y varios policías. Así como en Salta 2141, el caso Perassi contó con la complicidad del estado y la justicia pavimentando una línea de impunidad para el empresariado y el crimen organizado en este último caso.

LA EMPRESA

Litoral Gas opera desde 1992, a partir de la privatización de la empresa Gas del Estado S.E llevada a cabo por Menem en complicidad  con los gobernantes locales: Reutemann, Obeid y el electo gobernador Perotti. Luego, Binner, Bonfatti y Lifschit la mantuvieron.

Los accionistas de Litoral Gas son la sociedad Tibsa Inversora SA, dueña del 91,66%. El resto está en manos de accionistas individuales. Tibsa está compuesta por SUEZ-Tractebel (70%) y Tecpetrol Internacional SL del grupo TECHINT (30%) [Inforosario03/07/2019]. La empresa se encuentra entre las 400 sobre 1000 que más facturan en el mundo y, en todos estos años, se ha visto beneficiada en sus ganancias por los tarifazos.

EL ESTADO ES RESPONSABLE

La masacre de Salta 2141 provocó entre los ciudadanos un gran temor al develar la desidia de la empresa y del estado que hace la vista gorda ante la falta de control e inversión. Esta situación derivó en que, ante cualquier síntoma de pérdida de gas, se notifique a la empresa. Paradójicamente, ante este reclamo la empresa se decide a cortar la entrada de gas, dejando por meses o años a dueños o inquilinos sin servicio. Sin ir más lejos, el mes pasado, estudiantes y docentes junto con AMSAFE Rosario se movilizaron al Ministerio para exigir una solución a las más de 18 escuelas que se encuentran sin gas en la ciudad. A esto se le suma la inversión nula de la empresa en el desarrollo de nuevas líneas de gas en cientos de barrios de la ciudad, situaciones que llevan a incendios dentro de las casillas de villas y asentamientos al calefaccionarse y cocinar a leña.

ESTATIZACIÓN BAJO GESTIÓN DE LOS TRABAJADORES

Es evidente que todos los gobiernos han colaborado en llenar los bolsillos de los empresarios distribuidores de gas y que la muerte de las 22 personas de Salta 2141 es el resultado de este negociado.  El día sábado 6, familiares de las victimas realizaron una jornada como parte de una lucha que exige que el hilo de las responsabilidades llegue hasta el final, allí estuvo presente una delegación del Partido Obrero junto a delegaciones solidarias. Denunciaron que ‘Ni Macri ni Cristina los recibieron', la otra cara de los lazos que unen a unos y otros con el negociado de la privatización energética.

Las empresas proveedoras de servicio tienen que responder a los intereses de los trabajadores y habitantes de la ciudad, no a los apetitos de ganancias de empresarios criminales. Para frenar las masacres de las privatizadas y los gobiernos cómplices, estas deben ser expropiadas y debemos conquistar su gestión obrera y colectiva, en función de un plan de reindustrialización bajo la dirección de los trabajadores.

 

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