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18 de julio de 2019

25 años del atentado a la AMIA: la impunidad, una política de Estado

El gobierno de Macri ha buscado convertir el vigésimo quinto aniversario de la voladura a la sede de la AMIA en un muestreo de su alineamiento sin fisuras con Trump y su política de ofensiva imperialista. El objetivo primario es presumir el apoyo del imperialismo en medio de la disputa electoral por el respaldo del gran capital.

La “cumbre ministerial antiterrorista”, organizada por la Cancillería argentina para recibir al Secretario de Estado norteamericano (y ex director de la CIA), Mike Pompeo, es otra demostración palpable de la subordinación colonial del país. En esa sintonía se inscribe el decreto que declara a Hezbollah como organización terrorista, reforzando el señalamiento de ese partido político libanés como responsable del atentado a la AMIA. Esto implica, por un lado, un alineamiento político en favor de la ofensiva económica y bélica de Trump contra Irán –a quien está ligado Hezbollah-, y por el otro opera como el pretexto para la articulación militar argentino-brasileña en la Triple Frontera, como pactaron Macri y Bolsonaro semanas atrás a cuenta de la política de Trump, que impulsa una convergencia político-militar de Argentina con Brasil -cuyas Fuerzas Armadas tuvieron un rol protagónico en el golpe contra Dilma Roussef y el posterior ascenso del facho carioca.

Igual objetivo persigue el intento de aprobar una ley que permita el juicio en ausencia, una aberración jurídica que permitiría juzgar al régimen iraní como responsable del atentado a la mutual israelita, por más que no hubiera presencia de acusado alguno durante el proceso. Esta avanzada para congraciarse con la presión militar yanqui contra Irán podría ser utilizada luego, sin dudas, contra los luchadores populares, barriendo para ello con varias garantías constitucionales.

El autoencubrimiento

Todas estas movidas, en lo que refieren a la causa AMIA, apuntan a un solo lugar: profundizar la acusación por la autoría del atentado a fuerzas y estados extranjeros, para seguir bloqueando la investigación de la conexión local. Esta línea de autoencubrimiento estatal ha sido la constante en este cuarto de siglo que lleva la “investigación” judicial, lo que llevó a que fueran condenados por ello -¡recién en febrero de este año!- el ex juez a cargo Juan José Galeano y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, además de otros dos fiscales, en un juicio donde fue absuelto el ex presidente Carlos Menem y el ex titular de la DAIA -y vaciador de entidades financieras- Rubén Beraja.

El hoy tan cuestionado memorándum de entendimiento con Irán, suscripto por el gobierno de Cristina Kirchner, tenía exactamente la misma intención de dirigir la investigación tras la “pista iraní”, y fue impulsada por alineamiento directo con el gobierno de Obama en EEUU. Lo que cambió ahora es la política del imperialismo yanqui para con Irán, pero de ninguna manera la subordinación argentina para con esa política. El mismo rol jugó la sanción de la Ley Antiterrorista, aprobada en tiempos K por orden del Departamento de Estado norteamericano.

Ya antes de ello, al cumplirse el décimo aniversario del atentado, el entonces presidente Néstor Kirchner lo definió como “un ataque a la soberanía de la Nación”, colocando al Estado como víctima para encubrir que en realidad había sido cómplice, y se aprestaba a liberar a los únicos detenidos en la causa. “Con este decreto Kirchner consolida 10 años de políticas de Estado que (…) presentaron el ataque a la Amia como el rebote en nuestro país del conflicto en Medio Oriente (…) pretende comprometer al país en la lucha contra el ‘Eje del Mal’ que proclaman Bush (presidente yanqui), Blair (primer ministro británico) y Sharon (primer ministro israelí)”: así lo definió en aquel momento Apemia (Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA), para sentenciar luego que “no hay manera de enfrentar la llamada ‘conexión internacional’ defendiendo al Estado argentino, verdadera ‘conexión local’ del atentado” (Prensa Obrera n°860, 22/7/04).

Esta trama de impunidad volvió al centro de la escena política nacional con el suicido/asesinato del fiscal Nisman, quien junto con Canicoba Corral era el armador de un ‘punto final’ en la investigación. El crimen de Estado que terminó con su vida fue el producto de una guerra de servicios desatada en los últimos tiempos de gobierno de CFK, uno de cuyos episodios fue la designación del genocida Milani, un hombre del área de inteligencia, al frente del Ejército. Esta interna volvió a sacar a la luz las operaciones de distintos bandos de servicios, que actúan vinculados a distintos sectores del imperialismo, que apuntan a condicionar y direccionar el proceso político local, como hoy sucede con el Lava Jato o la Causa de los Cuadernos.

La lucha contra la impunidad… y la izquierda democratizante

Desde el primer momento, el Partido Obrero caracterizó el atentado y el encubrimiento como una línea de continuidad con el indulto a los genocidas, el reforzamiento represivo y el gatillo fácil; con un mayor alineamiento con el imperialismo que incluyó el envío de tropas a la Guerra del Golfo, a Yugoslavia y a Haití; y con el hambre y los ataques a los trabajadores. Por eso, el PO se jugó a desarrollar la movilización popular contra el operativo de impunidad y para explotar la crisis política abierta profundizando la movilización obrera contra el gobierno de Menem.

En un Boletín Interno, luego publicado en el periódico, se reseñaba que “el martes 19 –el día siguiente a la explosión- llamamos a concretar un paro nacional de repudio, señalando que el movimiento obrero debía actuar ante la complicidad del gobierno menemista y de los servicios de espionaje internacionales (es decir, el Mossad) en el encubrimiento de los atentados producidos y a reclamar una comisión independiente. El 20 comprometimos la movilización del partido en el acto, destacando la consigna —”la auténtica solidaridad es hacer justicia”— por su relación con la consigna histórica “juicio y castigo a los culpables”, y planteando nuestros propios reclamos: basta de encubrimientos, abajo la Supersecretaría de Seguridad (impulsada por el imperialismo yanqui) y por un Comité Investigador independiente del gobierno” (Prensa Obrera n°424, 27/7/94).

El PO fue la única organización de izquierda que tomó este rumbo, que impulsó y participó de la movilización –que reunió más de 200.000 personas. Aquella marcha que (según la revista Noticias del 24/7/94) “el embajador israelí trabajó hasta último momento para postergar (pero) los dirigentes de la comunidad judía expusieron un argumento inexorable: la presión de la colectividad era insoportable”. Por el contrario, la izquierda le dio la espalda a esta pelea por movilizar a la clase obrera contra el encubrimiento, lo cual era, en primer lugar, una lucha contra el sionismo (y el Mossad) y el imperialismo (y la CIA).

La izquierda morenista justificó entonces el atentado como parte la lucha contra la opresión nacional del pueblo palestino, aunque lamentando que hubiera adoptado un método terrorista.  Así, el MST se lamentaba porque "la represión sionista y las capitulaciones crecientes de la OLP -Organización para la Liberación Palestina- y Arafat –su líder- (condujeron) a un camino monstruoso y equivocado: el terrorismo indiscriminado contra blancos civiles, provocando víctimas inocentes...", mientras el PTS ‘criticó’ a las guerrillas libanesas “pues el atentado a la Amia, contra trabajadores judíos y no judíos, debilita y no fortalece la lucha del pueblo palestino y desde ese ángulo, y sólo desde ese ángulo, sostenemos que es reaccionario".

El Partido Obrero denunció que al ataque era completamente reaccionario, que no había sido dirigido contra el imperialismo sino contra un país oprimido, que en encubrimiento era igualmente reaccionario e involucraba al propio imperialismo y al gobierno de Menem, y llamaba a la clase obrera a intervenir.

 

Son todos responsables

El atentado a la AMIA, precedido por la detonación de la Embajada de Israel dos años antes, fue parte del juego de extorsiones y de negociaciones internacionales que caracterizó el llamado “proceso de paz”, una serie de acuerdos del Estado sionista con estados vecinos y en particular con la OLP, para desarmar la resistencia palestina. Era la política del imperialismo norteamericano para estabilizar la región tras la Guerra del Golfo y la primera Intifada -un enorme levantamiento palestino contra la opresión colonialista de Israel.

Sobre las responsabilidades, obviamente nunca esclarecidas, y con el agregado de que nadie se adjudicó el atentado, el PO destacó que “el atentado a la embajada de Israel primero, y a la Amia dos años más tarde, es el emergente de un sistema que entrelaza en la ilegalidad, la corrupción, la conspiración y el terrorismo a una totalidad de protagonistas: Estados Unidos; el conjunto del aparato y de los servicios del Estado argentino; Israel, Irán y Siria; los gobiernos argentinos desde Alfonsín hasta los K; la dirigencia de la DAIA, la entidad de la comunidad judía en Argentina; los servicios de espionaje como la CIA, el Mossad y los iraníes y argentinos; las redes de narcotráfico ligadas a esos servicios, en especial la DEA. Todos estos protagonistas colaboraron y se enfrentaron entre sí en, por lo menos, las cuatro últimas décadas. Los atentados son el emergente de pactos mafiosos incumplidos o intereses afectados; nadie los quiere esclarecer, porque cualquier indicio veraz descubriría toda la trama” (Prensa Obrera n°1257, 21/2/13).

La derecha sionista también fue apuntada como probable autora del ataque, opositora a los “acuerdos de paz”. Por este mismo motivo un colono sionista asesinaría, un año después del atentado a la AMIA, al primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Como se ve, todo el régimen internacional tiene sus huellas en este atentado.

Con toda vigencia, seguimos exigiendo la apertura de todos los archivos secretos y una investigación independiente, que será la única forma de dar con las responsabilidades tras la voladura de la AMIA. Esta es una lucha política contra los partidos del Estado, que gobiernan y gobernaron con esos servicios de inteligencia (los Fino Palacios de Macri, los Milani de Cristina) y las fuerzas represivas que sirvieron de conexión local del atentado.

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