fbnoscript
15 de agosto de 2019

Nafta al fuego

La crisis en torno al congelamiento de precios de los combustibles

El congelamiento del precio de los combustibles por 90 días, que Macri anunció dentro del pobre paquete de medidas ante el descalabro económico del país, desató intensos choques con las petroleras.

Tras la conferencia de prensa presidencial, no tardó en llegar la presión de los pulpos empresarios. Circuló una nota dirigida al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en la que las petroleras no integradas (las que extraen petróleo pero no tienen venta al público) con proyectos en Vaca Muerta —Shell, ExxonMobil, Vista, Chevron, Tecpetrol (Techint), entre otras— advierten al gobierno que, en caso de un avance unilateral en la medida, acudirán a la justicia. Miguel Galuccio, el ex CEO K de YPF y actual presidente de Vista, habría sido uno de los motores de esa articulación (EconoJournal, 15/8).

Ello, sumado a la desesperación de los gobernadores de las provincias petroleras, cuya recaudación depende de las regalías que pagan las compañías hidrocarburíferas, habría llevado a postergar la publicación de la medida en Boletín Oficial. Si bien desde la Secretaría de Energía aseguraban que durante el día de hoy se reunirían con las empresas, dicha cita no existió. Según informan los medios periodísticos, los funcionarios habrían tenido conversaciones telefónicas con los gerentes de las compañías, sin lograr ningún acuerdo.

Así las cosas, el gobierno recurriría a la Ley de Abastecimiento para fijar el congelamiento de los combustibles al precio que cotizaban el 9 de agosto (59 dólares el barril, con un dólar a 45 pesos). Con esta resolución, se pone fin al mercado liberado de combustibles que rige desde el 1 enero de 2018, cuando el entonces ministro Juan José Aranguren eliminó el denominado barril criollo (que imponía un valor de referencia para el crudo). Interesante ironía, ya que el propio Aranguren, cuando todavía era presidente de Shell y gobernaba CFK, cuestionó en la justicia la constitucionalidad de la Ley de Abastecimiento. Estamos ante otra demostración palpable de que la experiencia macrista fracasó en sus propios términos.

El panorama plantea la posibilidad de ver al denominado “gobierno de CEOs” chocando con los CEOs del sector que supuestamente jugaba el rol de motor de la economía. La consecuencia que podría tener la implementación de esta medida es justamente el desabastecimiento. Algunas petroleras estarían evaluando exportar directamente todo el crudo que producen ya que, además de cobrar un precio mayor, con la devaluación la retención fija que pagan como derecho de exportación cayó de 10% a 6%. Un ejecutivo habría declarado a La Nación (14/5) que, con esto, en Vaca Muerta “se van a frenar todas las inversiones para crudo, se van a bajar equipos y habrá despidos”.

Lo que se estampó contra la pared es el esquema de dolarización del precio de los combustibles, que constituyó uno de los pilares de la política económica del macrismo. La crisis ya se expresaba en una caída brutal del consumo, que en los segmentos más caros acumulaba en el primer trimestre un derrumbe del 24,3% (EconoJournal, 2/5). También venía cayendo la utilización de equipos para la extracción de petróleo, que desde enero a la fecha se redujeron de 262 a 247, mostrando una contracción en la industria.

De todas maneras, lo que todo trabajador debe tener en cuenta es que el congelamiento consolida el naftazo monumental de los últimos meses. Desde enero de 2018 a la fecha el precio de la nafta súper de YPF -que concentra el 60% de las ventas del mercado y funciona como referencia de los precios de las naftas y gasoil- creció un 80,9%. Las compañías petroleras se le plantan ahora a Macri para defender el esquema preferencial de negocios que el propio gobierno les había garantizado. La burocracia sindical de los gremios petroleros, tanto Guillermo Pereyra de Neuquén y Río Negro como Jorge Ávila de Chubut, cerraron filas con los reclamos patronales y se sumaron a agitar el fantasma de la paralización industrial, sin mencionar siquiera la defensa de los puestos de trabajo.

Este congelamiento, al mismo tiempo, prepara un naftazo recargado una vez vencido el plazo de 90 días. Es lo que sucede con el tarifazo del 29% en el gas, anunciado en marzo y pateado para después de las elecciones, que al momento de entrar en vigencia ascendería a un escandaloso incremento del 100%. Que Alberto Fernández considere que “el dólar a $60 es razonable” solo anticipa que compensarán a la industria energética con nuevos tarifazos y la reposición de subsidios que serán costeados con un mayor ajuste. No por nada Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, acaba de reunirse con Fernández en su departamento, y el Grupo Eurnekian se encuentra trabajando en un plan energético junto a Guillermo Nielsen (El Neuquino, 13/8).

Este embrollo vuelve a poner sobre la mesa el carácter colonial de la economía nacional, que tiene a ramas estratégicas a merced de los grandes pulpos capitalistas, nacionales a internacionales. La crisis actual es el punto de llegada de una política de entrega que tiene su hito fundacional con el pacto secreto que firmó Axel Kicillof con Chevron, luego de hacerse de una mayoría accionaria en YPF a costa de una indemnización fabulosa a los vaciadores de Repsol. Una salida positiva solo puede partir de proceder a la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera, para ponerla en funcionamiento bajo gestión de los trabajadores y como parte de un plan de desarrollo nacional dirigido por la clase obrera.

Compartir

Comentarios