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19 de septiembre de 2019

El colapso de la política energética del macrismo

Más que nunca por la nacionalización sin pago de toda la industria petrolera

A menos de un mes de haber emitido un decreto para congelar el precio de los combustibles hasta noviembre, el Gobierno debió retroceder en toda la línea. Por presión de las empresas productoras, Macri se vio obligado a habilitar el aumento de los combustibles en el mercado mayorista y, en el día de ayer, a autorizar un aumento del 4% de los combustibles en las estaciones de servicio. 

Sucede que el alza de la cotización del barril de petróleo en el mercado internacional, luego de los ataques a las refinerías de la estatal Aramco en Arabia Saudí, agudizó la crisis del esquema energético sostenido por el macrismo a lo largo de todo su mandato. Con la disparada del precio del barril de petróleo Brent, que oficia de valor de referencia para la Argentina, se incrementó la tensión entre las empresas y los gobiernos de las provincias productoras y el Gobierno nacional, y se puso en jaque el congelamiento de precios a los combustibles que había decretado Macri.   

El decreto fue la respuesta del Gobierno ante las características explosivas que adquirió el esquema de dolarización energética. Con la mega devaluación del peso, una vez conocidos los resultados de las PASO, dar vía libre a los tarifazos hubiera dado lugar a una hiperinflación. Por eso el decreto estableció un ‘cepo’ por partida doble. Actualizando con los parámetros del decreto con los anuncios de ayer, el precio del barril de petróleo queda fijado en los U$S 59 (contra los U$S 63 que cotiza en el mercado internacional) y un tipo de cambio para su comercialización en los $ 49,29 por dólar (contra los $ 59 que cotiza el dólar oficial). Liberando ambos ‘cepos’, es decir equiparando el precio del barril a su cotización internacional y reconociendo el tipo de cambio oficial, las empresas productoras podrían embolsarse unos U$S 14 más por barril de petróleo vendido.

El lunes, el Gobierno de Macri había tratado de cerrar el frente de conflicto con las empresas y los gobiernos provinciales ofreciendo un subsidios de 1.750 millones de pesos. Un 88% de este iría a las empresas y el 12% restante a las provincias, emulando el pago de regalías. Pero la condición para recibir el subsidio es que empresas y provincias firmen un compromiso de abandonar cualquier demanda judicial. Las empresas y los gobernadores rechazaron la oferta, porque el subsidio equivalía a compensar sólo U$S 2 de los U$S 16 que se perdían por la letra original del decreto. Ahora, esos U$S 2 serán puestos por los consumidores, y las empresas y las provincias continuarán con las demandas contra el Estado nacional.  

El frente único entre empresas y gobernadores tiene un carácter completamente reaccionario, porque de liberarse el “doble cepo” a los precio de los combustibles en estaciones de servicio, el aumento podría rondar entre un 20% y un 30%. Cinco puntos de aumento del precio de los combustibles equivalen a un punto del Índice de Precios al Consumidor. Si se habilitara la liberación de los precios de los combustibles en las estaciones de servicios, la inflación de septiembre, que parte de un piso del 6,5% por el traslado a los precios de la devaluación post PASO, podría superar el 10%. Un alza  semejante del precio de los combustibles, luego se trasladaría al conjunto de la economía planteando un fuerte espiral inflacionario. Ha quedado activada una bomba de mecha corta. 

Las empresas petroleras, amparadas en la caída de sus beneficios en relación a la tasa media que obtienen las empresas en el mercado internacional de crudo, se encuentran en un proceso de desinversión y realizando suspensiones masivas de trabajadores. El propio sindicato petrolero de Neuquén y Río Negro denunció la suspensión de más de 1.000 operarios de grandes empresas se servicios, como Schlumberguer, Cal Frac, San Antonio Internacional, etc. Existe un conflicto en Catriel (Río Negro), donde los obreros de SIMA, que brindan servicios a la operadora Vista Oil&Gas, el martes iniciaron medidas de fuerza contra las suspensiones. 

Asistimos al completo colapso de la política energética defendida por el macrismo, apoyada en la dolarización de las tarifas (tarifazos) y en la flexibilización de las condiciones laborales (destrucción del convenio colectivo), lo que en apenas dos años redundó  en la muerte de ocho trabajadores. Recientemente, la irresponsabilidad empresaria derivó en el incendio de un pozo de gas en Loma de La Lata, la misma área en la que hace algunos años se prendió fuego un trabajador. El malestar generalizado, de parte de las comunidades mapuches de la región y de los propios trabajadores, fue lo que motorizó a Patricia Bulrrich a movilizar la gendarmería a Vaca Muerta, dando confianza a las multinacionales petroleras.

El fracaso de la política macrista, que no fue más que la consumación del plan iniciado por el kirchnerismo con el pacto secreto con Chevron en 2013 y con la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos hacia finales del mismo año, plantea la necesidad de un programa energético alternativo. En oposición a los despidos, las suspensiones, la flexibilización laboral, la desinversión de las empresas y los tarifazos; planteamos el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial (diagrama 1x1), anulación de la flexibilización laboral, comités obreros de seguridad e higiene, apertura de los libros de contabilidad de las empresas y la nacionalización integral y sin pago de toda la industria hidrocarburífera, bajo la gestión y el control de sus propios trabajadores.                 

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