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31 de marzo de 2005 | #893

Se agrava la guerra mafiosa en Economía

En la última edición de Prensa Obrera (24/3) denunciamos que se había desatado una guerra mafiosa entre distintos clanes del gobierno por la distribución de la llamada Cuota Hilton, un cupo de exportación de 28.000 toneladas de carnes de alto precio, a la Unión Europea. La presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, María del Carmen Alarcón, había acusado al secretario de Agricultura, Miguel Campos, y a Lavagna de haber beneficiado a un conjunto de frigoríficos de la provincia de Buenos Aires en detrimento de los santafesinos. Alarcón está ligada a Reutemann; Lavagna, a Duhalde. Una revista especializada en asuntos agrarios advertía que “la guerra es tal que ‘no son pocos los que comienzan a tener temor por la integridad física de la legisladora Alarcón’...” (Agrodiario.com.ar, 22/3).
 
Tres días más tarde, Marcelo Bonelli (Clarín, 27/3) informa que uno de los frigoríficos beneficiados por Lavagna, el Subpga, se encuentra investigado en relación con el contrabando de drogas a través de Ezeiza. El frigorífco en cuestión le vendió una partida de 2.800 kilos de carne al matrimonio español que está preso por el contrabando de drogas a través de Southern Winds. Según la Justicia, las cajas de carne habrían sido usadas como “cobertura” de un gran embarque de drogas. El frigorífico, agrega Bonelli, aceptó el trámite irregular de entregarle las cajas al matrimonio (cuando lo habitual es que sean embarcadas directamente desde el propio frigorífico). El Subpga es el principal beneficiario del reparto ordenado por Lavagna-Campos: se le adjudicaron unas 2.600 toneladas; el año pasado su cuota apenas alcanzaba a 1.350...
 
Al día siguiente, el mismo Bonelli (Clarín, 28/3) expone la denuncia judicial formulada por Alarcón contra Lavagna y Campos por la adjudicación “ilegal y sin transparencia” de la famosa cuota. Según Alarcón, el grupo de frigoríficos bonaerenses beneficiados por Lavagna habría pasado de una adjudicación del 10% de la cuota (en 2004) al 39% en 2005. Los intentos de conciliación entre Alarcón y Lavagna habrían terminado en un fuerte cruce de acusaciones y amenazas: Alarcón acusando a Lavagna de beneficiar a los frigoríficos bonaerenses “amigos de Duhalde”; Lavagna acusando a Alarcón y a su mentor (Reutemann) de defender los intereses de los grandes frigoríficos extranjeros.
 
La de las carnes no es la única guerra mafiosa en que se encuentran involucrados Lavagna, Miguel Campos y la Aduana. La Nación (26/3) informa que la denuncia judicial de un empleado de la Aduana de Comodoro Rivadavia permitió conocer una defraudación realizada por una empresa que opera en el área de la secretaría de Campos, el pulpo pesquero español Conarpesa, por valor de 2,5 millones de dólares. Conarpesa exportaba el pescado a una importadora española, Pescarfina, que era en realidad la propia Conarpesa. Gracias a esta exportación a sí misma, quedaba habilitada para cobrar los subsidios que promocionan las exportaciones a través de los puertos patagónicos.
 
Conarpesa, que apoyó económicamente las campañas de Kirchner, particularmente la presidencial, está acusada de dirigir la mafia pesquera y de haber mandado a asesinar a comienzos de 2003 a un competidor fresquero. Los vínculos de Conarpesa con Kirchner y la participación de los empresarios españoles en el asesinato fueron señalados en su momento por Elisa Carrió, quien, además, denunció al empresario peronista Héctor Antonio por su conexión con Pescarfina. Según La Nación (27/2/04), Conarpesa forma parte de un entramado de “crimen”, “narcotráfico”, “presiones políticas y corrupción”.
 
El jefe de la Aduana regional que permitió esta millonaria defraudación, Ricardo Echegaray, fue premiado por Kirchner, que lo promovió como jefe de la Aduana nacional.

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