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2 de diciembre de 2019

El “Plan Verano” de Alberto Fernández

Un anticipo de lo que se viene. Escribe Pablo Heller

El hecho de que hasta ahora siga sin conocerse el nombre del futuro ministro de Economía, restando pocos días de la asunción del nuevo gobierno, habla de las enormes contradicciones que enfrenta el mandatario entrante para pilotear la crisis.

Una de sus primeras definiciones es que no le pedirá más dinero al FMI. Por esta vía, según los comentarios, Alberto Fernández evitaría pactar nuevos acuerdos con metas de déficit fiscal, reformas estructurales y monitoreo desde Washington. Hay que tener presente que los compromisos de la deuda con el Fondo recién comienzan a vencer en el 2022, de modo tal que la medida no implicará ningún default. Fernández ha reiterado una vez más que reconoce la deuda total con dicho organismo.

El ministro saliente Hernán Lacunza, sin embargo, acaba de señalar que el 80 por ciento de dicha deuda fue para pagar vieja deuda, es decir, un mecanismo de rescate de una deuda que ya era impagable y que fue a parar los fondos buitres bonistas y especuladores. Esto prueba que la principal fuente de la fuga de capitales es la propia deuda.

Lo que es presentado como un acto de “autonomía” por el nuevo elenco gobernante tiene como punta de partida el reconocimiento de una deuda fraudulenta, confiscatoria. El carácter parasitario de la deuda está a la vista, cuando constatamos que no fue destinada a mejorar la infraestructura y la producción. El mayor préstamo otorgado por el FMI en la historia coincide con un retroceso de la economía argentina.

El plan inicial que se estaría barajando empezaría con una renegociación con los acreedores privados. Esta deuda, que ascendería a la friolera de 60.000 millones de dólares en el 2020, tiene importantes vencimientos en los primeros meses. Se estima que las reservas del Banco Central apenas alcanzan para cubrir los pagos hasta abril. En este cuadro, el planteo de una reprogramación a la uruguaya, sin quitas y postergando los pagos hacia adelante, que anticipó Fernández, ha ido perdiendo terreno y empiezan a abrirse paso propuestas menos light, que plantean algún tipo de quita. Esto ha desatado una enorme disputa entre los fondos buitre, entre aquellos que están más expuestos en Argentina, para los cuales una quita sancionaría una pérdida importante en sus carteras, y aquellos que han entrado en el negocio más tarde comprando a precio de default y podrían hacer un negocio redondo con la nueva renegociación que se está cocinando. Hay que tener presente que los títulos argentinos se cotizan a un 40 por ciento, de modo tal que incluso en las propuestas más agresivas que están en carpeta, que plantearían reconocer el 60 % de su valores nominales, implicaría beneficios suculentos para estos inversores.

Pero la “autonomía” que invoca el gobierno, surfeando el FMI, no pasa de una expresión de deseos. Cualquier negociación con los acreedores va a poner sobre el tapete la capacidad de repago de la deuda. Con más razón, si el nuevo mandatario prescinde del desembolso faltante del FMI. El gobierno va a tener que ofrecer garantías de cumplimiento de los compromisos. Hay que tener claro que si el Ejecutivo da largas al asunto, el país entraría en default. Esto plantearía una crisis internacional de mayor magnitud, que no está en la mira del gobierno entrante, excede su capacidad de arbitraje y podría terminar llevándoselo puesto.

Los lineamientos del plan

Los trascendidos hablan de un “Plan Verano” que incluiría un aumento para los montos mínimos de asalariados, jubilados y beneficiarios de asignaciones de un 30 por ciento. Esto podría combinarse con un aumento general de 6 ó 7 mil pesos, absorbible por el aumento del mínimo o futuras paritarias.

Pero esto sería el anzuelo para hacer pasar un acuerdo de precios y salarios, que pretende congelar por seis meses esas variables. El futuro gobierno pretendería así enfriar la inflación, con el objetivo de llevarla a un nivel de entre 35% y 40% en el 2020.

Se trata de un cepo al salario mientras que los precios vienen sufriendo remarcaciones salvajes, cubriéndose frente a la posibilidad anunciada de un congelamiento. Uno de los propósitos en esta transición de 6 meses será revisar las paritarias. Fernández fue aplaudido en la UIA al plantear que era necesario estudiar un esquema diferencial de negociación salarial para las Pymes. Entre otras cosas, se buscaría promover que se negocie en función de la inflación futura y no pasada. Este principio pretendería ser utilizado para las jubilaciones, dejando sin efecto la movilidad jubilatoria, justo en el momento en que por la gran carestía del último semestre, deberían ajustarse en forma significativa. Por el otro, se plantea la necesidad de introducir cláusulas de flexibilización por gremio. La puesta en marcha del Consejo Económico Social, que integraría las centrales obreras y las organizaciones sociales del Triunvirato, estará al servicio de este objetivo.

Lo de contener la inflación es una impostura. El equipo económico que acompaña a Fernández señala que al no requerir nuevos desembolsos al Fondo, el Banco Central tendría libertad de emitir, abriendo el riesgo de una hiperinflación y una corrida hacia el dólar. El “plan verano” contempla ampliar el cepo cambiario, pero se habla de que esto iría unido a un desdoblamiento. Por lo pronto, aumentaría el dólar turista. Todo esto ya está trayendo una presión alcista en el mercado paralelo. En otras palabras, marchamos a un salto en la carestía y una nueva devaluación.

La crisis actual agudiza las disputas intercapitalistas. Alberto Fernández pretende arbitrar en estos choques, en los que se juega incluso la supervivencia de grupos económicos. La emisión monetaria está al servicio de una gran política de subsidios, pero eso choca obviamente con el FMI y los acreedores, que plantean reducir el déficit fiscal.

Una fuente de pelea son las tarifas. Insistir con los tarifazos sería echar nafta al fuego y una carga imposible para la población. El futuro gobierno estaría estudiando desdolarizarlas, lo cual debería compensar con subsidios a las empresas. Del mismo modo, habría compensaciones impositivas a las Pymes, permitiendo que las cargas patronales sean utilizadas para compensar el IVA, como existía ya en el pasado. El equipo económico de AF pretendería financiar parte de este subsidio a la burguesía industrial con un aumento de las retenciones. Pero esto ya ha abierto un frente de tensiones con los exportadores patronales del campo. Se trata de un rompecabezas difícil de armar y conciliar. La desdolarización de las tarifas (aunque exista una compensación con subsidios a la ganancia empresaria) no deja de despertar reservas y recelos en las empresas, empezando por las de Vaca Murta, que pretenden precios libres en el mercado interno y no depender de transferencias del Estado.

Importa señalar que el “plan verano” descarta cualquier medida especial con respecto a los despidos, en momentos en que arrecian los cierres de empresas, recortes y suspensiones con millares de pérdidas de puestos de trabajo. No hay prevista una prohibición de despidos; ni siquiera la doble indemnización que existió en la época de Duhalde. Frente a la desocupación, se acaba de conocer un plan para dar trabajo a 4 millones de personas, a razón de 1 millón por año. Este anuncio pomposo y engañoso encierra una enorme precarización. El plan estaría concentrado en la construcción, textiles, alimentación y cuidado en materia de salud y se desarrollarían a través de cooperativas que serían formadas para tal fin. Esto implica un reservorio de mano de obra barata para las patronales que podrían tercerizar el trabajo sin tener que contratar personal bajo convenio. Incluso, puede ser que esto no pase de un gran fiasco, como terminaron siendo las cooperativas bajo los años del kirchnerismo. O sea, un maquillaje de los planes de empleo ya vigentes, muy alejado de la creación de trabajo genuino y de las necesidades sociales reales. Por lo pronto, el proyecto apenas representa un 0,3 por ciento del PBI.

El equilibrio y la conciliación de intereses entre las pretensiones del gran capital y los acreedores, por un lado, y los trabajadores, por el otro, no tienen base de sustento. La reciente experiencia de Bolivia, que podemos hacerla extensiva al conjunto de América Latina, es aleccionadora al respecto. La "luna de miel” de Alberto Fernández probablemente sea muy corta, como acaba de señalar una editorial del Financial Times.

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