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4 de enero de 2020

Un aumento miserable para el 27% de los trabajadores

Finalmente se dio a conocer, después de reiteradas postergaciones, el decreto con el aumento salarial. En concreto, lo dispuesto es lo siguiente:

  • Habrá un aumento de $ 3320 de bolsillo para los trabajadores de la actividad privada, de los cuales se pagarán con el sueldo de enero $ 2490 y a partir de febrero se agregarán los $ 830 restantes, completando los $ 3.320.

  • Ese aumento será absorbido por los acuerdos alcanzados en futuras paritarias, o sea que es a cuenta de estas.

  • El aumento no irá al básico, sino en un ítem separado, por lo cual específicamente “No deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo”.

  • Exime a las patronales de Pymes y microempresas (que son la inmensa mayoría) de los aportes previsionales (que sí harán los trabajadores) durante 90 días, creando una nueva carga sobre el Estado.

Poco para pocos

La cifra es miserable, no cubre siquiera el 10% de la canasta básica (a valores de hoy) y está muy por debajo de las “expectativas” (también escasas) de 6.000 o 9.000 pesos que agitaban las direcciones sindicales.

En conferencia de prensa el gobierno, a través del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, informó que “con esta medida, 1.300.000 trabajadores logran recuperar la totalidad del poder adquisitivo en 2019. Es el 20%, aproximadamente, de la totalidad de los trabajadores”. En la Argentina había a octubre de 2019 12,13 millones de trabajadores registrados (informado en la página oficial del Ministerio) o sea que ya no es el 20% sino poco más del 10% pero no de todos los trabajadores sino solo de los registrados.

Además los que recuperan “la totalidad del poder adquisitivo en 2019” son los trabajadores que estaban con salarios de indigencia por lo que los $ 3.320 representan un porcentaje mayor del aumento. O sea, el Ministro falsea datos y manipula las conclusiones.

Lo que no dice Moroni es que el aumento será recibido sólo por el 50% de los trabajadores registrados, afuera han quedado los estatales nacionales y, por ende, los provinciales y municipales, así como los trabajadores agrarios y el personal del trabajo doméstico.

Los que no aparecen en ninguna consideración son los 4,85 millones de trabajadores en negro y los casi 5 millones de cuentapropistas.

En concreto el aumento miserable es solo para el 27% de los trabajadores, y de ellos el 5,9% podrá recuperar lo que perdió en 2019.

El FMI metió la mano

Aunque la información dice que los 4.000 son un piso y no un techo lo que está claro es que es todo lo que están dispuestas a dar las patronales. La tardanza en concretar el aumento, que viene anunciándose desde que asumió Alberto Fernández, obedece a la resistencia de los capitalistas, los cuales finalmente lograron imponer el monto.

Evidentemente se trata de un techo para los privados, pero no de un piso para los estatales los cuales fueron excluidos explícitamente de este decreto, un hecho significativo que revela que no solo la UIA fue parte de la discusión sino también el FMI, que vela por el superávit fiscal.

El Ministro anunció que los estatales nacionales serán contemplados (al igual que los agrarios y domésticos) en decretos particulares, lo cual indica que aún no hay un monto acordado. Un aumento a los estatales nacionales es un punto de referencia para los provinciales (entre ellos y fundamentalmente los docentes) y municipales. La política de ajuste impuesta por el FMI no permite demagogias y además los gobernadores (y los intendentes) reclamarán fondos a la Nación para hacer frente a futuros aumentos. Es decir, la "austeridad fiscal" podría saltar por los aires. La vuelta a la paritaria nacional docente puede ser usada para comprimir los salarios en las provincias. 

Hay una discusión abierta y los trabajadores tienen que intervenir. Los sindicatos estatales, docentes y docentes universitarios deben convocar a un paro y a un plan de lucha desde ahora, porque está claro que el futuro decreto acrecentará aún más la caída del salario.

Un acuerdo diferenciado debe dejar en claro que el gobierno en su papel de patrón se acomoda a la presión de la deuda y del FMI.

Las diferencias son notables. El Ministro aseguró que el aumento (a los privados) "va a incorporar en la masa salarial total alrededor de 20 mil millones de pesos" que se pierden cuando los contraponemos con los 150 mil millones de pesos que el gobierno de Fernández les pagó a bancos y buitres en concepto de “servicios de la deuda”, los cuales además de estar libres de impuestos no son volcados a la reactivación sino al parasitismo.

Por paritarias libres

La burocracia sindical no sólo no abrió la boca a pesar de que sus expectativas eran superiores, sino que toda ella (CGT, Moyano, CTAs) se apresuró a firmar el “compromiso argentino de solidaridad” cuyo sentido fundamental es garantizar la “solidaridad” con la decisión de ir a fondo en el acuerdo para el pago de la deuda usuraria, de esta manera la burocracia plantó bandera del lado del gobierno y los acreedores.

Para el movimiento obrero la que está planteada es otra prioridad: la recomposición salarial que parta de recuperar lo que se perdió bajo el gobierno de Macri y también lo que se está perdiendo en estas primeras semanas del gobierno de Fernández, porque las remarcaciones siguen y la devaluación ha sepultado aún más los salarios.

Tenemos que poner en pie una fuerte campaña por paritarias libres para logar un salario igual a la canasta familiar. Hay que llevar a los sindicatos y lugares de trabajo los métodos con que los mendocinos lograron su triunfo: asambleas y movilización e independencia política de los gobiernos y los partidos de los capitalistas.

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