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15 de enero de 2020 | #1579

[Editorial] Todo por la deuda

Supresión de la movilidad jubilatoria, recorte de salarios y paritarias con techo
[Editorial] Todo por la deuda

La renegociación de la deuda transitará por un campo minado, en el que los condicionamientos y extorsiones del capital se van a exacerbar

En los medios de comunicación han pasado relativamente desapercibidas las declaraciones de Alberto Fernández en las que “destacó el equilibrio fiscal obtenido por la provincia de Santa Cruz en los últimos años”, poniendo a dicha provincia como modelo a seguir en la próxima etapa. AF coincidió con Rogelio Frigerio, el ministro de Macri, que se deshizo en elogios de la gestión de Alicia Kirchner y la puso como el ejemplo a imitar a escala nacional. 

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para el oído atento de los compañeros del Partido Obrero de Santa Cruz quienes hicieron llegar su comentario a Prensa Obrera

El modelo santacruceño es responsable de penurias sin precedentes para el pueblo de la provincia. En los últimos cuatro años la caída del poder adquisitivo de los empleados provinciales ronda entre el 60 y el 65%. 

En el mismo período las mineras en Santa Cruz extrajeron 5 millones de onzas de oro, equivalente a seis presupuestos provinciales durante el mismo período y sólo aportaron un 3% en concepto de regalías.

Tomemos nota de este hecho, pues marca cuál es la agenda y orientación del gobierno entrante. 

Desindexar… el salario

La hoja de ruta del gobierno estriba en un gran ajuste, que ha comenzado con la suspensión de la movilidad jubilatoria y sigue ahora con el ataque al salario y las paritarias. El bono ha quedado reducido a 3.320 pesos de bolsillo y en cuotas. El decreto del bono se conoció en forma simultánea con el anuncio oficial de restablecimiento del IVA a los alimentos. Los precios cuidados, a su turno, no pasan de una estafa pues la rebaja de los productos es ínfima luego de remarcaciones muy superiores a la inflación, con la cual las grandes empresas ya habían hecho un colchón. En pocas palabras, el bono se licuó antes de cobrarse.

El gobierno plantea la necesidad de desindexar la economía pero la carestía sigue. El cálculo es que la inflación de enero sería del 4%. En nombre de evitar que se recaliente la inflación, el gobierno ha acordado con la burocracia sindical de la CGT y las CTA “moderar” las demandas salariales en las paritarias y eliminar la cláusula gatillo. Por lo pronto, ya Tucumán ha suprimido la cláusula gatillo acordada en negociaciones anteriores. La idea es suprimirla en cualquier negociación para el futuro. 

O sea, vamos a paritarias amañadas y con techo. Inclusive, en los planes oficiales, no se descarta postergar su apertura. Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, lo avaló cuando declaró que le “parece bien seguir con aumentos de suma fija que favorecen a los que menos ganan” (Ambito, 14/1).

Campo minado 

La mira está puesta en la renegociación de la deuda y lograr un superávit fiscal que ofrezca garantías de repago a los acreedores. Los cálculos señalan que el paquete le dejaría al gobierno, este año, recursos adicionales equivalentes al 3% del PBI, alrededor de  12.900 millones de dólares.

Luego de estos anuncios, no debe sorprender el elogio hecho al gobierno por los representantes del FMI. El Fondo no se quedaría ahí sino que iría por más: “Falta saber, luego, si en las negociaciones que vienen el FMI acepta plantarse en el equilibrio primario o si, tal cual establecía el acuerdo con el macrismo, va por un superávit del 1% del PBI. Serían entonces unos 4.100 millones de dólares” (Clarín, 13/1). Una de las decisiones que se baraja es postergar recién para junio la nueva ley de movilidad jubilatoria, y, entre tanto, el Poder Ejecutivo fijaría por decreto el aumento de marzo, obviamente inferior al que hubiera correspondido por el sistema anterior. Fernández, al mismo tiempo, quiere evitar la agitación política que provocaría una deliberación del punto en el Congreso.

El gobierno destila optimismo de que todo estaría cerrado para marzo. La consultora Quantum, sin embargo, acaba de dar un informe reevaluado de que las cuentas no cierran ni siquiera para el primer trimestre en el que se necesitarán recursos por el equivalente a  8.100 millones de dólares, superior a las disponibilidades del gobierno. Esto es lo que explica la crisis abierta con los bonos en la provincia Buenos Aires (tenía vencimientos por casi 800 millones de dólares) y la decisión del Estado nacional de no poner los recursos para el rescate de los mismos. Si Nación se hubiera hecho cargo de los compromisos de la provincia, se le vendrían encima demandas similares de otras jurisdicciones. 

Kicillof anunció una postergación hasta mayo del pago de los vencimientos actuales haciendo coincidir la renegociación de la deuda provincial con la nacional. Para algunos analistas el no salvataje del Estado nacional responde a una maniobra orquestada por el gobierno nacional y el propio Kicillof para hacer bajar el precio de los bonos tantos nacionales como provinciales y de esa forma crear mejores condiciones en la renegociación en marcha. Se habla de que el gobierno estaría ofreciendo propuestas agresivas a los bonistas en materia de quitas y rebajas de intereses y esas ofertas se verían complicadas en caso de un raid alcista de los bonos. 

Las alarmas han empezado a encenderse advirtiendo que se está jugando con fuego y esto podría terminar siendo un búmeran, pues el no pago en término en la provincia alimenta una desconfianza generalizada y el fantasma del default sobre el conjunto de los activos argentinos y puede acelerar una fuga de capitales y una corrida hacia el dólar, incluidos capitales golondrina que vienen haciendo una bicicleta financiera aprovechando que el dólar está planchado. Estos peligros se amplían si tenemos en cuenta que el Banco Central viene acelerando la emisión, con lo cual existe el riesgo de que esos pesos se vuelquen masivamente a la divisa norteamericana y provoquen una nueva estampida inflacionaria. Entre tanto, se profundiza la recesión y el parate industrial. La proclamada reactivación del consumo ha pasado a mejor vida. La producción automotriz ha retrocedido a 300.000 unidades y la construcción y el mercado inmobiliario están parados. Queda demostrado que la doble indemnización no frena los despidos. 

Estamos frente a un escenario de alcance explosivo. Ya el diario inglés Financial Times había vaticinado que la luna de miel de AF se terminaría muy pronto. Lo cierto es que el gobierno está sometido al fuego cruzado del FMI, los bonistas, la burguesía nacional y de las propias masas. La capacidad de arbitraje, en tiempo de default, es muy acotada y esto ya se viene haciendo sentir cuando apenas han transcurrido treinta días de mandato. Alberto Fernández tuvo que retroceder con el 3% previsto de aumento a las retenciones a los sojeros. Dio marcha atrás con el aumento de combustibles, lo que ha abierto un frente de conflicto con las petroleras, en primer lugar en Vaca Muerta. Y tuvo que ceder ante la rebelión popular mendocina que desató la sanción de la ley que autorizaba el uso de cianuro en la explotación minera, lo que tiene cola porque ha puesto en jaque una de las grandes apuestas estratégicas del gobierno que era promover un salto en los negocios en ese rubro. 

La renegociación de deuda está lejos de ser un paseo. Está obligada a transitar por un campo minado, en el que los condicionamientos y extorsiones del capital se van a exacerbar. Entre el FMI y los bonistas hay intereses encontrados. El FMI promueve una quita frente a la resistencia de los acreedores privados, especialmente aquellos fondos de inversión muy expuestos y que podrían sufrir una pérdida importante. Pero ambos golpean en el mismo sentido a la hora de reclamar un ajuste en regla, que es la condición para lograr el superávit imprescindible para garantizar el repago de la deuda.

Los pasos dados por Alberto Fernández van en esa dirección. En eso consiste la afirmación que viene haciendo el gobierno de que todas las variables económicas deben subordinarse al pago de la deuda. La designación de Guzmán como superministro que se está barajando confirmaría que esa es la prioridad. El gobierno nacional traslada esa orientación hacia las provincias, sustrayendo recursos de la coparticipación y forzando a ellas a aumentar impuestos y proceder a sus propios recortes presupuestarios. La decisión de no salir al salvataje de la provincia de Buenos Aires no deja de ser, asimismo, una presión para un ajuste en regla en todas las provincias. El paquete impulsado por Kicillof revela que el kirchnerismo está adaptado a ese rumbo, que viene siendo acompañado por gobernadores y el aparato del PJ.

Las próximas batallas 

Este cuadro realza más el colaboracionismo por parte de los dirigentes sindicales y de los movimientos sociales cooptados por el gobierno. Sin su concurso, los planes del albertismo no podrían pasar. La política confiscatoria va de la mano con un reforzamiento de la estatización de los sindicatos. El “pacto social” que se está cocinando se inscribe en esa dirección, al igual que la formación de un Consejo Económico y Social que implicará una institucionalización de ese proceso de estatización, para atacar las protestas y reclamos que desafíen esta malla de contención. El Vaticano y la Iglesia son parte de la operación política. Alberto Fernández viaja ahora a Roma para reforzar esta orientación. 

La base fundamental de una política de la clase obrera en esta etapa es la defensa de la independencia política de los trabajadores, la autonomía de sus organizaciones respecto del Estado y la acción inmediata y sin condicionamientos por nuestros reclamos. No podemos dejar en manos de la burocracia las paritarias. Llamamos a impulsar una amplia deliberación en todos los sindicatos y movimientos populares para organizarnos y salir a la lucha, en defensa de los salarios, las jubilaciones y el trabajo genuino. Por paritarias libres para recuperar lo perdido por la inflación e imponer un salario equivalente a la canasta familiar. Por el 82% móvil y la prohibición de los despidos. Ruptura con el FMI. Repudio a la deuda usuraria. Que la crisis la paguen los capitalistas. 

Llamamos a oponerle al Pacto Social un Congreso de bases de los trabajadores ocupados y desocupados para debatir nuestros reclamos, impulsar un plan de lucha para derrotar la nueva ofensiva en curso y discutir un programa propio de salida a la crisis nacional. La imponente rebelión en Mendoza, el triunfo obtenido por los compañeros estatales del Inti, que arrancaron la reincorporación de los despedidos, la dura lucha fabril librada por los papeleros de Kimberly Clark, muestran las reservas y las tendencias de lucha que anidan entre los trabajadores. 

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