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15 de febrero de 2020

La estafa del gobierno afectará a 2,7 millones de jubilados y pensionados

Y los "beneficiados", que cobran la mínima, recibirán un aumento de $61 por día, equivalente a medio kilo de pan.

En el día de ayer, el presidente Alberto Fernández anunció -junto a funcionarios de la Anses y el Pami- un aumento en las jubilaciones de $1500 más un 2,3% a partir de marzo, en reemplazo de la anulada movilidad jubilatoria. Como hemos señalado en Prensa Obrera, se trata del comienzo de un nuevo robo a los jubilados.

Con los anuncios oficiales, la jubilación mínima pasará de $14.068 a otros miserables $15.892 (+12,96%), cuando la canasta de la tercera edad ronda los $40.000. Así, los más “beneficiados” por el gobierno, recibirán un aumento de $61 por día, equivalente a medio kilogramo de pan.

Serán apenas $197 por mes adicionales o $592 en el trimestre respecto de lo que hubieran cobrado con la movilidad anterior. En cambio, para los haberes que en febrero están por encima de los $16.195, los anuncios oficiales implican una sustracción respecto a lo que correspondería por la fórmula derogada. En total, son afectados 2,7 millones de jubilados y pensionados, según el cálculo del diario Clarín (15/2).

A modo de ejemplo, los jubilados que actualmente ganan $20.000 percibirán un 9,8% de aumento en vez del 11,56% de la fórmula derogada en diciembre por la ley de emergencia. Esto significa un robo de $352 por mes o $1056 entre marzo y junio (ídem). A medida que los haberes son mayores, se incrementa el alcance de la confiscación. En la perversa mirada del gobierno, jubilados que apenas alcanzan media canasta de los adultos mayores estarían resignando ingresos “solidariamente” en favor de quienes perciben la mínima.

En realidad, lo que está en marcha es una gigantesca confiscación en función del ajuste que reclaman el FMI y los bonistas en función del pago de la deuda externa. O sea, una transferencia de ingresos desde la masa de jubilados que aportaron toda su vida a una minoría de especuladores financieros cuyo monto aún no ha sido calculado pero estimaciones de especialistas lo colocan en una cifra superior a los $5000 millones mensuales, es decir $60.000 millones en el año.

La liquidación de la movilidad es un capítulo más de la acelerada destrucción del sistema jubilatorio, que conecta los gobiernos menemista, kirchneristas y el macrista. Hoy, un trabajador con un salario promedio de $50,000 que aportó durante 30 años se jubila con $29,146, apenas 58,3% de su ingreso promedio de los últimos cinco años (La Nación, 15/2). Muy lejos del histórico reclamo de 82% móvil. Alrededor del 75% de los jubilados quedan, así, debajo de la línea de pobreza.

La eliminación de la movilidad ha dejado en manos de la discrecionalidad del gobierno los aumentos a jubilados. En junio debería aplicarse la próxima actualización por decreto. En tanto, se estaría poniendo en pie una comisión en el Congreso con representantes del oficialismo y la oposición para estudiar una nueva fórmula de cálculo. Pero de allí sólo podría surgir una fórmula aún más perjudicial para los jubilados que la que regía hasta diciembre –que ni siquiera permitió alcanzar a la inflación-, si se tienen en cuenta las declaraciones del propio Fernández, quien cuestionó ese índice de actualización, no por insuficiente sino por “impagable”.

El aumento miserable aún, o en particular, para los que cobran la mínima y el tratamiento discriminatorio y confiscatorio del gobierno de Alberto Fernández seguramente irán mostando al conjunto de los jubilados y los trabajadores con el correr de los días, la orientación de la política oficial en este terreno y las consecuencias de priorizar el pago de la deuda como política de Estado.

En el terreno legal, podría preanunciar una catarata de juicios. Infobae informa (15/2) que el lunes mismo se presentará la primera demanda. En tanto, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, planteó que recurrirá a la Justicia para que lo declare inconstitucional.

Es necesario salir a las calles en defensa de la movilidad y las jubilaciones. Llevemos este debate a las organizaciones sindicales, a los centros de jubilados, a los lugares de trabajo.

 

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