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18 de febrero de 2020

Ley de Emergencia en Santa Fe: se cocina un megapacto contra los trabajadores

El gobernador Omar Perotti envió al Senado de Santa Fe un nuevo proyecto de ley de emergencia. Esta vez, es bajo el rótulo de declarar en Estado de Necesidad Pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financieras y de seguridad, a la provincia de Santa Fe. La misma tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2021. El proyecto de ley pasó a las distintas comisiones e irán por su aprobación para el próximo 27 de febrero.

La aprobación de la ley necesita el concurso de las distintas alas del PJ para la aprobación en el Senado, y de la aprobación en la Cámara de Diputados por parte del Frente Progresista (PS y UCR) que cuentan con mayoría.

Perotti intentará lo que no pudo lograr con la anterior ley de emergencia, truncada por el socialismo que controla la mayoría de la Cámara de Diputados. En esta ocasión, el envío del proyecto fue precedido por una gira del PJ y Perotti por todos los bloques políticos de las cámaras legislativas. Todos ellos se predispusieron a la aprobación y solo pusieron algunos reparos o modificaciones. Se está consumando un pacto de la totalidad del régimen político de Santa Fe, para avanzar en una ley de ajuste y contra los intereses de la inmensa mayoría trabajadora de la provincia.

Crisis, endeudamiento y ajuste

La ley en cuestión mantiene el corazón de la ley de emergencia rechazada en enero. Un enorme endeudamiento de la provincia, habilitando al gobernador a emitir deuda por 27 mil millones de pesos, una parte de la cual irá a parar a cancelar gastos corrientes, como es deuda flotante con proveedores y contrataciones, y la otra parte a financiar el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, o sea la caja del Estado. A esto, debemos sumarle que habilitará al Tesoro Provincial a “recoger” el dinero sobrante de las distintas áreas, lo cual anuncia un ajuste hacia todas las direcciones. La ley permitirá también que Perotti negocie las distintas condiciones de las contrataciones del Estado, y tener la atribución de “resolverlas”. En criollo, quiere decir liquidar contrataciones en obras públicas y empresas que proveen servicios al Estado. Una amenaza directa para miles de trabajadores de la construcción.

La provincia está en rojo en sus cuentas, con un déficit declarado por el mismo gobierno en el proyecto de ley y en el presupuesto 2020 de más de 8 mil millones de pesos, un agujero de la caja de jubilaciones de 13 mil millones de pesos, una deuda de 5 mil millones de pesos de las empresas de energía y de agua con participación estatal (EPE y Assa) y una deuda flotante de 27 mil millones de pesos a diversos proveedores, contratistas y empresas que licitaron obra pública. A esto debemos sumarle el endeudamiento en moneda extranjera del 90% de la deuda pública de la provincia. El argumento de que Santa Fe es una de las provincias menos endeudadas es un castillo de arena, puesto que, si bien es de los territorios que menos deuda pública emitió, como se ve por los números declarados por el mismo gobierno el derrumbe económico puertas para adentro es mayúsculo. Hoy la crisis económica raja las paredes. Los hospitales carecen de insumos básicos, decenas de municipios no pagan sus salarios a término a sus trabajadores, y en varios casos les adeudan meses de sueldos. La obra pública, según declara la propia CAC (cámara argentina de la construcción), está prácticamente parada en toda la provincia.

Perotti, junto al conjunto de los partidos del régimen, pretenden surfear esta crisis a partir de un gran endeudamiento del Estado que recaerá sobre nuestras espaldas y un inmediato y brutal ajuste a la clase obrera de Santa Fe. Por ello van por la eliminación de la cláusula gatillo para la docencia y los estatales, que redundará en la misma medida para los municipales.

El endeudamiento de la provincia que intentarán no será una salida a la crisis latente en la provincia. Solo en el mejor de los casos, pateará la pelota para adelante (y no tan adelante ya que se prevé que sea un endeudamiento a corto plazo) y prepara las condiciones para un desenlace aún peor. Al mismo tiempo, el destino de la provincia está atado a la crisis nacional y el peligro de default que sobrevuela al gobierno de Alberto Fernández.

Los envoltorios de la ley reaccionaria

Uno de los envoltorios de esta mega ley de ajuste y endeudamiento es declarar a Santa Fe en estado de emergencia alimentaria. Cerca del 40% de la población de Santa Fe es pobre, continúan cerrando fábricas y aumenta el número de desocupados. La respuesta, casi un insulto del gobierno, que se anuncia en el proyecto de ley es llevar la tarjeta de ciudadanía provincial para la compra de alimentos que hoy está en $300, a unos miserables $1.000. Y como si fuera poco, quienes sean beneficiarios de la nueva tarjeta alimentaria lanzada por Alberto Fernández no podrán acceder más a esta tarjeta de ciudadanía provincial.

La ley establece también el congelamiento de las tarifas de luz y agua hasta alcanzar los 180 días. A renglón seguido, indica que esto será cubierto con subsidios del Tesoro Provincial a estas empresas. Es decir, lo que no se incrementa vía tarifa lo pagamos los trabajadores de las arcas provinciales. En otro de sus apartados, plantea el Boleto Educativo Gratuito. Aunque señala, capciosamente, “avanzar progresivamente” en esa dirección.

El otro de los envoltorios que contiene la ley es declarar la Emergencia en Seguridad. Los asesinatos cotidianos en las barriadas producto de los choques entre las bandas narco, los crímenes de trabajadores que quedan enredados en el fuego cruzado, es utilizado por el gobierno para avanzar en esta emergencia. Sin embargo, además de ampliarle el presupuesto para mayor equipamiento, la ley establece la convocatoria para sumar efectivos que se encuentren inactivos, a excepción de “quienes hayan sido declarados culpables por delitos de lesa humanidad, o tengan causas penales”. La policía y el aparato estatal, junto a los grandes grupos económicos, están en la base de la pirámide del delito organizado, del narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero. La emergencia en seguridad de Perotti no desmantela nada de esta estructura económica criminal, sino que le da más dinero a la misma policía, y suma nuevos efectivos inactivos, que en general son quienes se encuentran en esa situación por sus excesos. Bastó estos anuncios en seguridad, para que Carlos Del Frade y el diputado de Ciudad Futura salieran a defender la emergencia en seguridad diciendo que la apoyarán. Toda una línea de conducta. Del Frade votó la aprobación del Consenso Fiscal, (el Pacto Fiscal bajo el gobierno de Alberto Fernández) y luego votó a favor de la ley de emergencia frustrada en enero.

Llamamos a rechazar esta mega ley que le deja las manos libres a Perotti para avanzar en un ajustazo sobre la población trabajadora. Denunciamos que se está tejiendo un pacto entre todos los bloques políticos. Es necesario salir a defender el salario y las jubilaciones. 

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