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26 de marzo de 2020 | #1586

Editorial | Frente a la catástrofe que se avecina: impulsemos un programa de salida

La declaración de la OIT dando cuenta de que en el marco de la crisis mundial, potenciada por el coronavirus, podrían perderse 25 millones de empleos a nivel mundial, con toda su gravedad, se está quedando corta, vista la evolución de las circunstancias. Según el Bank of América, los despidos sólo en Estados Unidos sumarían 3,5 millones en el segundo trimestre, cuando se espera que la economía “colapse” con un 12% de retracción. En China, el retroceso industrial interanual en los dos primeros meses del año llega al 13,5% y la caída del consumo asciende al 20% (El Cronista, 25/3). La recesión mundial que ya se venía desarrollando se transforma en una depresión que se compara con la de la crisis del ’29. Los desplomes bursátiles generalizados muestran la amplitud de esta caída, además del carácter ficticio de la valorización previa. 

La falta de coordinación para atender la crisis es, en realidad, la continuidad, en el marco de la pandemia, de la guerra comercial precedente. El comercio mundial se derrumba a pasos acelerados. El colapso de ramas enteras de la economía, como la aeronáutica o la muy golpeada automotriz, dará lugar a brutales choques internacionales para reorganizar la actividad a costa de los competidores. La crisis petrolera, cuyo centro es el choque de fondo entre Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, es un factor de agravamiento de la crisis.

Los rescates estatales que se discuten a esta altura de la crisis son, fundamentalmente, salvatajes al capital. La inyección de liquidez en la banca, los paquetes de estímulos multimillonarios para las empresas e inclusive las nacionalizaciones, como la de Alitalia, no sólo no garantizan frenar la recesión sino que amenazan con llevar a los Estados mismos a la bancarrota. La proporción de estos fondos que se destina a asegurar los ingresos de los trabajadores es ínfima.

La situación sanitaria no evoluciona mejor. El progreso del virus en Estados Unidos está dejando en evidencia el colapso del sistema sanitario yanqui, con millones de personas sin asistencia sanitaria. En Europa, la catástrofe italiana no cesa, mientras se suman al primer pelotón de países afectados España y Alemania. Lo mismo se prefigura en Inglaterra, donde el famoso National Health Service (servicio nacional de salud) ha sufrido recortes a repetición en la última década. Los sistemas de salud víctimas del ajuste y la privatización en los años precedentes no dan abasto para atender la magnitud de la epidemia que, de acuerdo con las estimaciones más pesimistas, podría llegar en sucesivas oleadas a afectar al 80% de la población mundial y a causar muertes en el orden de los 60 millones (Financial Times, editorial de Martin Wolf, 24/3). 

Argentina en la tormenta

Argentina no escapa a estas tendencias de fondo, con el agravante de que ingresa en la crisis luego de dos años de despidos y rebajas salariales contra los trabajadores y de largos años de estancamiento o recesión económica. En ese marco, las medidas del gobierno de Fernández para contener la crisis económica y sanitaria son una aspirina para curar una enfermedad terminal. Los 7 millones de trabajadores en negro, desocupados y cuentapropistas que están sufriendo ya los efectos de la crisis, deberán esperar hasta abril para cobrar la suma de 10.000 pesos, que no cubre las necesidades de alimentación de una familia. Los despidos no sólo no se prohíben sino que están empezando a producirse, comenzando por los trabajadores en negro. La crisis industrial, que ya venía golpeando y llegando a los sectores con más espalda de la industria (Vicentin), ahora amenaza con fuerza a grandes empresas. La quiebra petrolera amenaza con golpear a YPF y arrastrar a la bancarrota a las provincias del sur del país. Este cuadro se desarrolla ante el silencio cómplice de las burocracias sindicales.

Pero, a pesar de estas condiciones gravísimas, el grueso de los recursos nacionales sigue yendo al pago de la deuda externa, como lo muestran los 130 mil millones de pesos volcados a los pagos de deuda entre enero y febrero, otros 150.000 millones se completarán al finalizar marzo.

Mientras Guzmán se prepara para presentar su propuesta de renegociación de la deuda en dólares, en un marco de derrumbe del valor de los bonos, evita el default de la deuda en pesos con una emisión descomunal, aunque parte de la deuda se renueve o reperfile. El gobierno discute el problema de la emisión monetaria, pero la emisión fue fundamentalmente para garantizar esos pagos. Los vencimientos en abril alcanzan a 156.000 millones de pesos y 506 millones de dólares. Lo cierto es que los niveles de emisión monetaria, de continuar el pago de la deuda, nos pondrán al borde de una hiperinflación.

Lo que el gobierno no paga y logra refinanciar mediante canjes tiene condiciones leoninas, porque como se reconocen los bonos a “valor técnico”, se capitalizan intereses futuros y la cuenta de la deuda a corto plazo no para de aumentar. La caída de la recaudación y el marco de una bancarrota general van creando las condiciones de un default. 

Es en este cuadro social y económico crítico que se discute la participación del Ejército en los operativos de contención social frente a la pandemia. No es casual: ocurre que, dado el cuadro social, las fuerzas represivas se preparan para un escenario de movilizaciones contra el hambre en los próximos meses (ver nota “¿Para qué entran las Fuerzas Armadas en escena?”, de Néstor Pitrola). La militarización de la cuarentena se desarrolla teniendo esta perspectiva a la vista. 

Impulsemos un programa alternativo

Hay que tener en cuenta que un default no es el no pago de la deuda que impulsa la izquierda. Un default impuesto por las circunstancias golpeará la cadena de pagos, acentuará la fuga de capitales y la devaluación del peso, agrandando la brecha, cuando el contado con liquidación llega a los 91 pesos al 25 de marzo (una brecha del 50%). El no pago de la deuda que promovemos debe ir acompañado de medidas complementarias, como la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para volcar los recursos a desarrollar un plan económico y productivo en función de las necesidades de las masas. Con la nacionalización de los hidrocarburos y de la energía en general sin indemnización alguna, para poner esos recursos al servicio del país y no de los monopolios que operan en la actividad.

La situación argentina y mundial pone blanco sobre negro una disyuntiva de fondo: rescatar al capital o a los trabajadores. La “unidad nacional” que promueve el gobierno de Fernández omite que los recursos fundamentales del país se vuelcan al pago de la deuda en favor de grupos económicos de los especuladores financieros. El subsidio a los desocupados que estamos promoviendo, de 30.000 pesos asignado a 7 millones de compañeros, llegaría apenas a igualar el costo de los vencimientos de deuda en abril. 

Nadie ha tocado a las empresas de salud privada, cuando la cantidad de camas de terapia y respiradores del sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires quintuplica a las del Estado. Es necesaria la centralización del sistema de salud público y privado para garantizar el plan de contingencia frente a la pandemia. La situación plantea impulsar una reconversión industrial para garantizar la producción masiva de los elementos necesarios para el sistema de salud: respiradores, camisolines, batas, alcohol en gel, barbijos y mascarillas. El reparto masivo de los elementos de limpieza y alimentos en los barrios populares es otra medida fundamental. 

Las organizaciones sociales y populares están llamadas a cumplir una tarea central en la crisis. La formación de comités populares de control de la asistencia alimentaria, para desarrollar los reclamos del sistema de salud, o incluso de control de todos los aspectos relacionados con la cuarentena, es fundamental. Desde el comienzo de la crisis, la participación de los trabajadores viene siendo muy importante, porque han impuesto el cese de actividades mediante reclamos y paros parciales en todas las ramas no esenciales de la economía, contra la tendencia patronal (y de la burocracia sindical) a priorizar las ganancias. Esta tarea sigue teniendo vigencia frente al reclamo patronal de reanudar la producción el 31 de marzo. Con la cuarentena en marcha, la intervención popular debe tomar en sus manos las tareas que surgen de la crisis e impulsar un programa de reclamos para garantizar las condiciones sanitarias y sociales básicas para asegurar la subsistencia de millones de trabajadores y trabajadoras.

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