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30 de marzo de 2020

¿Es verdad que el gobierno prioriza la vida por sobre las ganancias?

Los diarios destacan que el gobierno nacional ya comprometió 100 mil millones de pesos para los sectores más vulnerables, jubilados, Asignación Universal por Hijo y trabajadores informales, refuerzos del Ministerio de Desarrollo Social y adelantos de ATN para las provincias, una parte de supuestos 700 mil millones para colaborar con el resto de la economía ante la profundización del giro recesivo por el coronavirus.

Si todo este paquete, completamente insuficiente, se cumpliera (una parte sustancial es para subsidiar a empresas) equivale aproximadamente a 8.200 millones de dólares solidarios, equivalente a la fortuna personal declarada de Paolo Rocca, el magnate de Techint, que acaba de despedir nada menos que a 1400 trabajadores de sus emprendimientos en la industria de la construcción.
Sólo los primeros 35 de los 50 más ricos de la Argentina, con nombres como Ángel Bulgheroni (Pan American Energy Group), Gregorio Pérez Companc (Molinos Río de La Plata), Alberto Roemmers (Mega Pharma), Marcos Galperín ( Mercado Libre), familia Werthein ( bancos, telecomunicaciones, etc.) , Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000), Javier Santiago Madanes Quintanilla ( Fate-Aluar), los Noble y Héctor Horacio Magnetto (Clarín), oligarcas como Federico Braun ( La Anónima), la Familia Vicentín ( Aceitera) o el pejotista Alberto Reinaldo Pierri (Telecentro) y Francisco De Narváez, suman más de 20.000 millones de dólares de fortunas personales.

Las cien principales empresas –nacionales y extranjeras- de Argentina concentran más de un tercio del producto bruto interno –más de 200 mil millones de dólares- (Forbes Argentina)

Estos explotadores –vía despidos masivos, suspensiones, exenciones a las actividades esenciales y aprietes- presionan para que se reabra la producción y/o se los subsidie para evitar pérdida alguna.

Además, tanto el gobierno nacional cuanto los gobernadores siguen despilfarrando cientos de miles de millones de pesos en el pago de las deudas externas usurarias.

La burocracia sindical, ladera de las grandes patronales

En este contexto, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, declaró que “la CGT busca junto al Gobierno el equilibrio necesario entre la salud y la generación de trabajo y riqueza, ante lo cual propone que se reactiven actividades económicas esenciales que no tienen que ver con áreas metropolitanas" (Infogremiales, 29/3). Los que deben defender la salud obrera están en la primera fila entregando a los trabajadores como carne de cañón de la pandemia, en defensa de las utilidades coorporativas.

Solo el control popular frenará las muertes obreras

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, un hombre que se menta de progresista, puso el sello de la política gubernamental cuando explicó que, en los barrios humildes, allí donde el gobierno pone el empeño mayor, la precariedad colosal de las viviendas y el hacinamiento hace imposible que la gente “se quede en casa”. Con un desparpajo que genera odio, presentó como un símbolo de sensibilidad gubernamental que entonces en estos asentamientos del conurbano se podrá “cuarentear” en las calles del barrio. Traducido, los más vulnerables podrán contagiarse libremente.

La clase obrera debe ponerse de pie, aun en las difíciles circunstancias actuales, para tomar el control de la crisis sanitaria, económica y social en sus manos.

Organización independiente de punteros y burócratas sindicales en los barrios y en las fábricas, para preparar el plan de acción que los trabajadores requerimos para la crisis económica y del coronavirus la paguen los capitalistas.

Que los recursos necesarios lleguen en forma directa a la población, y no a través del subsidio a los grupos capitalistas.

Por impuesto a grandes fortunas, no pago deuda externa, para concentrar todos los recursos del país, que sobran, al servicio del pueblo argentino. Reconversión productiva para fabricar respiradores, reactivos, kits sanitarios, ropa para la salud. Cobertura sanitaria unificada para la salud a la población trabajadora. Salario universal no menor a los $30.000 para todos los desocupados. Prohibición de despidos y suspensiones. Paralización de toda actividad capitalista no esencial para este momento histórico. Cárcel para los empresarios que violen las restricciones sanitarias obligando a sus trabajadores a ir a producir a sus empresas.

 

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