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2 de abril de 2020

Olavarría: municipio “en crisis” y ataque a lxs trabajadores

El 20 de marzo el intendente Ezequiel Galli (PRO) declaraba por medio de un decreto la “emergencia económica,  administrativa y financiera” en Olavarría. El mismo restringe las horas extra municipales (salvo servicios esenciales), obliga a jubilarse a quienes cumplan los requisitos, paraliza hasta diciembre todas las obras públicas, reduce la planta política del departamento Ejecutivo y la planta temporaria, de destajistas o trabajadores por contrato. Este decreto hace referencia a más de 500 trabajadores que están precarizados por el Estado municipal (aproximadamente un 20% de la planta total) y que podrían quedar sin trabajo.

Las razones que da el intendente son la caída en la recaudación y la inflación interanual que supera el 50%, sumado a la recesión económica que, según Galli, surgió con la cuarentena por la pandemia de Covid-19. Las primeras víctimas antes de que se declarara la emergencia fueron les trabajadores de la cultura. Ahora con el decreto en vigencia, el municipio acaba de demorar el pago de los sueldos, con la promesa que serán depositados el sábado 4.

Estas acciones hablan de un ataque premeditado donde la posibilidad de despidos encubiertos y las jubilaciones obligadas están a la orden del día.

El burócrata José Stuppia, secretario general del Sindicato de Municipales, salió a poner paños fríos a la situación, les pidió paciencia y calma a les trabajadores y justificó que no se pudo depositar “porque los bancos están cerrados”.

Echó la culpa a la Nación y la Provincia que no mandan los recursos necesarios y remató con que el municipio tiene hasta el 10 del mes para depositar los sueldos, que normalmente se cobran entre el último y el primer día hábil del mes. Esto deja en evidencia que el sindicato no va a mover un pelo contra los despidos en el municipio ya que está en total sintonía con el gobierno. Va a depender de la organización independiente y la lucha que puedan dar les trabajadores municipales el garantizar que no haya ningún despido y el pago integral de sus sueldos en tiempo y forma. 

¿Es culpa de la pandemia?

Esta declaración de emergencia deja en evidencia que mientras en campaña Galli esperaba “un viento de cola a favor” ya estábamos con una crisis en puertas. La caída de la recaudación minera no es producto del parate económico de estos 17 días, sino que hace meses que viene cayendo así como la obra pública estuvo paralizada desde los últimos tiempos del macrismo. Galli, reelecto el año pasado, no puede echarle la culpa a la herencia recibida: su propio secretario de administración, Juan Mujica, en plena campaña hacía alarde de la “independencia financiera” del municipio.

Se desnuda que esta situación no la trajo el coronavirus, que en todo caso actuó como un agravante, sino que es el resultado de las políticas económicas llevadas adelante por los gobiernos. El Frente de Todos sigue sosteniendo el pago de las deudas usurarias nacionales y provinciales en vez de destinar ese dinero al sistema de salud y a garantizar la asistencia económica y alimentaria a todes les que lo necesitan. Prueba de ello es que el peronismo local ha hecho mutis por el foro por los despidos, largando simplemente una colecta solidaria para resolver las necesidades en las barriadas que cada vez se hacen más acuciantes, en lugar de poner los recursos del Estado provincial y nacional que manejan.

No podemos dejar de mencionar que en el mes de marzo, el municipio realizó una recaudación extraordinaria en relación a las tasas municipales, las cuales aumentaron un 50% equiparándose a la inflación y con retroactivo a enero. A esto se suma el anuncio de que la Provincia destinará más de $3 millones al municipio para combatir la pandemia y que duplicará el monto del SAE (Servicio Alimentario Escolar) en abril. Estos recursos son necesarios pero insuficientes ante la emergencia sanitaria y la situación económica.

A este “reforzamiento” presupuestario se suma la solidaridad de distintos sectores sociales como clubes, comedores barriales y olavarrienses en general que contrasta con un gobierno que deja en la calle a sus trabajadores. Los sectores patronales se han sumado con sus propias colectas en un intento de mostrar sensibilidad social que, sin embargo, representa un mínimo aporte en relacion a sus cuantiosas ganancias. Las donaciones de la Unión Industrial (que ya recaudó más de $5 millones) y de la Sociedad Rural deben estar bajo control de una comisión popular que garantice que esos fondos lleguen efectivamente al hospital municipal y a atender la emergencia. No sería la primera vez en la historia argentina que lo recaudado no llega a quienes debería, como sucedió con las colectas durante la Guerra de Malvinas. 

Con este panorama breve queda en claro que las razones de la emergencia son más profundas y que, a su vez, es la excusa elegida para ajustar. También está claro que esta emergencia la están pagando les trabajadores a partir de la pérdida de puestos de trabajo, como sucedió en Cultura, o con la incertidumbre sobre el cobro salarial.

Desde el PO reclamamos la apertura de los libros contables del municipio bajo supervisión de una comisión integrada por el Concejo Deliberante, representantes de las sociedades de fomento, sindicatos y organizaciones populares.

Que la crisis la paguen los patrones: impuestos progresivos a grandes rentas y fortunas en nuestro municipio para sostener mediante esta tasa los fondos millonarios que han demostrado que son capaces de dar. Aumento inmediato del impuesto a la piedra a las empresas cementeras para sostener la recaudación a costa de la rentabilidad que han extraído en décadas de explotación. El DNU de prohibición de despidos y suspensiones tiene que ser retroactivo al mes de marzo: reincorporación de les trabajadores despedidos de L’Amali, la municipalidad y en todo el municipio. Pago de los salarios, en tiempo y forma, a todes les trabajadores.
 

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