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12 de mayo de 2020

Huelga de un mes en el transporte de Córdoba: hay que estatizar urgente el servicio

La provincia de Córdoba continúa sin trasporte público.

En la ciudad capital no circulan los colectivos desde el viernes pasado, en tanto que el servicio interurbano está parado desde el 13 de abril. Las empresas de la capital adeudan el salario del corriente mes; mientras que en el interior solo se abonó una parte del sueldo de marzo. Tanto el gobierno de Juan Schiaretti como los intendentes dejan que las patronales incumplan abiertamente disposiciones legales provinciales y municipales.

Pasan los días y se hace cada vez más claro que las patronales del trasporte están usando la pandemia como excusa para atacar los derechos de trabajadores y obtener más subsidios y beneficios impositivos. Las reuniones sucedidas entre el gobierno, los empresarios y las conducciones sindicales terminan de la misma manera: a la espera de un subsidio a nivel nacional, que no tiene fecha. La Municipalidad de Córdoba hizo saber que esta vez no volverá a adelantar subsidios.

En el Marco Regulatorio del Transporte Urbano de pasajeros, el gobierno municipal de Córdoba, en tanto poder concedente, tiene todas las facultades para quitar la concesión del sistema. Esto, ante los reiterados incumplimientos de las patronales –precedentes a la pandemia- como la falta de frecuencias y de limpieza.

Las guardias mínimas, que fueron concebidas y son utilizadas contra las protesta de las y los trabajadores del transporte, no se hacen sin embargo cumplir a las patronales. El marco regulatorio establece que se debe garantizar al menos el 30 % del sistema, pero en el actual contexto de pandemia, ese porcentaje es un escollo para las empresas, que ejercen toda la presión posible antes de la vuelta total de las fábricas. Ahora Schiaretti manifestó que en 10 días todas las empresas estarán trabajando, permitiéndoles especular con ese margen.

En el servicio interurbano, al igual que en la capital, prestan el servicio grandes empresas que, pese a haber acumulado jugosos beneficios, no los destinan a mejorar el sistema de trasporte. Por el contrario, se registra un abierto deterioro, que tiene a trabajadores del trasporte y al pueblo que usan el servicio como víctimas. Ahora el poder político les garantiza la impunidad para realizar un “lockout”, como se calificó desde el sindicato de trabajadores del transporte del interior, Aoita. Justamente, el conjunto de trabajadores de los interurbanos viene reclamando desde hace meses. Sucede que las patronales se quedaron con la plata de los subsidios de boletos que no brindaron. La huelga de Aoita debe triunfar, y para ello es necesario garantizar el salario y las frecuencias que los intendentes y las patronales vienen negando

Los intereses de las y los trabajadores del trasporte también chocan con el gobierno provincial y la justicia. Esta alianza, gobierno-patronal, queda aún más evidentes cuando la policía de la provincia de Córdoba interviene para impedir que Aoita realice una olla popular en la terminal de ómnibus como modo de protesta. Se les niega el derecho a la protesta a trabajadores que recibieron, como mucho, hasta 20 mil pesos de su salario del mes de marzo. Brutal. Otra muestra de que Schiaretti quiere imponer una cuarentena con hambre.

Al beneficio de un boleto carísimo, que no guarda relación con los salarios, los empresarios pretenden sumarle un nuevo incremento en los subsidios. El pueblo cordobés debe tomar conciencia de que ello no es una salida, toda vez que los fondos para los subsidios saldrán de las arcas públicas, que son sostenidas fundamentalmente por la clase obrera.

Es necesaria la estatización del servicio de pasajeros, bajo control de trabajadores y usuarios, para garantizar que se cumpla con el interés popular; así como la puesta en pie de un comité de higiene y salubridad. Solo los trabajadores pueden cuidar y garantizar el servicio de transporte para el pueblo trabajador.

En ese sentido, desde la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura, el Partido Obrero presentó un proyecto de estatización del servicio, para terminar con las extorsiones de las patronales y garantizar el derecho al transporte.

 

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