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21 de mayo de 2020 | #1594

Schiaretti les roba a cien mil jubilados

Además modificó el régimen previsional
Por Soledad Díaz García Legisladora del PO -Frente de Izquierda

El gobierno de Juan Schiaretti ha perpetrado el robo más grande de la historia contra más de 100 mil jubilados y pensionados cordobeses. La ley aprobada en la Legislatura este miércoles incluye todos los ataques que perpetraron los gobiernos provinciales anteriores: el del radical Ramón Bautista Mestre y el de José Manuel De la Sota, y también los que impulsó el propio Schiaretti junto a Cristina Kirchner durante 2008, en la búsqueda de la “armonización” con el régimen nacional, lo que implica una baja.

La aprobación de la ley tuvo el apoyo decidido de los legisladores que responden al presidente Alberto Fernández, lo que implica que el robo fue consensuado con el gobierno nacional. Tal cual ladrones que son, los legisladores de Schiaretti-Fernández se movieron en forma alevosa, aprovechando la marcha atrás en la flexibilización de la cuarentena, y no presentando el proyecto del robo hasta un par de horas antes de la sesión. Incluso en el medio de la sesión le siguieron haciendo modificaciones.

El núcleo de la reforma jubilatoria es la equiparación, para abajo, con el régimen de jubilaciones nacional, que impuso el menemismo y que mantuvieron y agravaron todos los gobiernos hasta la actualidad. Se recorta el haber jubilatorio y las pensiones por todos los costados. 

Entre las medidas importantes cabe mencionar que se impone un recorte directo en las jubilaciones por medio de la modificación del cálculo inicial. Hasta el momento se calculaba el 82% móvil del 89% del salario, lo que arrojaba un 73%. Ahora se calcula el 82% de una suma igual al bruto deducido el aporte personal jubilatorio; lo que significa, en muchos sectores, un recorte directo del 6%. Asimismo, se modifica la base salarial del cálculo inicial, pasando a un promedio de los últimos diez años, en sintonía con el cálculo de la Anses. De esa forma también se avanza en el desenganche del cargo en actividad, lo que imposibilita luego una actualización permanente de los haberes. También se achica la base del cálculo porque no tomarán como parte del salario viáticos, premios y otros ítems salariales. Esto afecta, sobre todo, a los futuros jubilados y también abre el camino para una reducción proporcional del salario “limpio” (sin premios ni otros adicionales). 

Además se posterga la aplicación a los jubilados de los aumentos que perciben los activos por dos meses, se recortan aún más las pensiones y también se podan las jubilaciones por “invalidez” al 45% y por “edad avanzada” al 60%. En el caso de estas últimas se eleva la edad mínima de 65 a 70 años para acceder al beneficio. Todo lo anterior se aplica a los regímenes especiales; es decir, se avanza como nunca sobre la docencia y otros sectores que habían logrado mantener ciertos derechos, no obstante, la reforma menemista de los ’90. 

El robo contó con la complicidad de la burocracia sindical. José Pihen, secretario general de la CGT y del SEP (estatales) y a la vez legislador de la bancada oficial, se limitó a votar a contra en el recinto, pero no movió un dedo en las calles. Hace tiempo, las conducciones del SEP y de UEPC (docentes) vienen colaborando con el desfinanciamiento de la Caja, haciendo pasar rebajas de los aportes personales como aumentos salariales, y admitiendo el trabajo precario y la reducción de los aportes patronales. 

En las calles, la única manifestación la desarrollaron los luchadores del Frente de Izquierda y de la Coordinadora Sindical Clasista. En el recinto defendimos enérgicamente el programa de las y los trabajadores denunciando al gobierno de Schiaretti y los legisladores como verdaderos “ladrones” al servicio del capital. 

Hay que organizar la coordinación de todos los sindicatos involucrados y lanzar un plan de lucha. 

La CGT debe convocar al paro general. Desde el Frente de Izquierda defendemos un programa de las y los trabajadores para resguardar la Caja de Jubilaciones: terminar con el trabajo precarizado y en negro, reponer aportes patronales, eliminar jubilaciones de privilegios de funcionarios, retomar el control de la Caja mediante un directorio electo y revocable, reponer el 82% móvil y dejar de pagar la deuda usuraria.
 

 

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