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24 de mayo de 2020

Alberto Fernández reconoció que los barrios carenciados son hervideros de coronavirus

¿Qué implica concretamente que los gobiernos van a concentrar sus esfuerzos ahí?

En la conferencia de prensa de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta del sábado 23, el presidente reconoció, a su manera, que los barrios plebeyos del área metropolitana de Buenos Aires, Resistencia y Córdoba están teniendo un crecimiento explosivo de casos de coronavirus. Lo hizo presentando como una virtud que ahora “sabemos dónde el virus está localizado” y no lo tenemos que buscar por otras partes, pudiendo concentrar esfuerzos ahí.

Detrás de la presentación campechana y optimista, se pretende esconder la responsabilidad compartida por el trío de la foto y por todo un régimen político, con un verdadero desastre que se desarrolla en esas barriadas. La escalada actual era evitable hace dos meses. Cualquiera podía saber, y desde Prensa Obrera lo advertimos, que sin un ingreso para sostener a las familias, sin acceso al agua potable y a elementos de higiene y sin soluciones urgentes para las familias en situaciones de hacinamiento, el ingreso del virus daría lugar a un desastre.

La “cuarentena comunitaria”, un desastre anunciado

Esta imposibilidad de cumplir con la cuarentena en el hogar fue respondida por los funcionarios con idea de impulsar la “cuarentena comunitaria”, anunciada en su momento en la quinta de Olivos con la plana mayor de la Pastoral Social como una política para los barrios pobres. Sergio Berni fue el vocero en los medios de esta política del gobierno bonaerense que dice “adaptar” la cuarentena a las condiciones de los barrios, cuando de verdad la liquida. Esto equivale a dejar que el contagio fluya, sin tomar medidas de fondo, suponiendo que se puede contener luego hacia adentro de estos barrios. Como lo han denunciado el Polo Obrero y otras organizaciones de lucha de desocupados, la constitución de verdaderos guetos.

No estamos entonces frente a la develación de un misterio de dónde se aloja el virus, sino del resultado lógico de la política aplicada estos meses. Cuando AySA y el gobierno de CABA dejaron semanas enteras a la Villa 31 y la 1-11-14 sin agua corriente los resultados podían preverse. Ramona Medina, una de las voceras de la 31 que falleció fruto de un contagio en una situación familiar y de vivienda muy dura, dejó constancia de lo que entendía perfectamente como una condena a muerte de parte de los funcionarios hacia los habitantes de la villa. Fernández sin embargo no se cansa de felicitar la gestión de Rodríguez Larreta.

La denominación de “barrios populares” que usa insistentemente el presidente es de por sí equívoca. Ha quedado instituida por un relevamiento nacional de villas y asentamientos realizado en 2018 por el gobierno de Macri en acuerdo con el triunvirato “San Cayetano” de organizaciones barriales cooptadas al Estado. La definición de un barrio “popular” según la ley que acordaron no tiene que ver con el carácter trabajador o plebeyo de sus habitantes, que también valdría para muchas otras localidades, sino por el incumplimiento de necesidades básicas en estos barrios, como la conexión a servicios básicos, la existencia de una vivienda en condiciones dignas para cada grupo familiar, condiciones de salubridad e higiene. El relevamiento hasta hoy ha clasificado 4.416 barrios en estas condiciones. En el conurbano están 981 de ellos, que son la próxima frontera donde amenaza con avanzar fuerte el Covid-19. Llamar a estos barrios “carenciados” o “precarios” pone el eje en la responsabilidad de un Estado y sus partidos que han dado lugar a esta situación. El incumplimiento de los derechos humanos esenciales no tiene nada de popular.

El endurecimiento de controles pretende, ahora sí, cerrar el paso al contagio que llegó de afuera (de quienes tienen recursos para viajar al exterior) para afincarse en los barrios bajos. Pero la apertura económica, que no ha tenido vuelta atrás alguna sino que sigue avanzando, se contradice con la “dureza” que exhiben en los discursos. Quienes van a cumplir tareas en las fábricas, comercios, empresas públicas y privadas van de sus barrios a sus lugares de trabajo con todos los papeles en mano para sortear los retenes policiales. El lobby patronal por la flexibilización de la cuarentena garantiza las ventanas para el contagio.

El presidente aseguró que ahora sí se tomarían medidas de protección. Dijo que “concentrarían todo el esfuerzo en estos barrios”. Sin embargo, por el carácter repetido de los anuncios, incumplidos serialmente, y por su vaguedad, no traerá tranquilidad alguna a quienes están enfrentando la situación.

Fernández dijo que aumentarán la cantidad de los tests, que también dijo que ya se hacen extensivamente en Caba y provincia de Buenos Aires. La realidad es que sistemáticamente se denuncia la falta de tests, tanto en los barrios afectados, como en lugares de trabajo con contagios, incluidos hospitales públicos. Los operativos con voluntarios que se están realizando en el conurbano tienen como instrumento central un cuestionario. No se hace el hisopado a nadie que no denuncie tener síntomas. Si no se cambia este testeo a quienes ya están enfermos y no se siguen los contactos de quienes dan positivo para disponer aislamientos, la contención del contagio es nula.

Con hambre no hay cuarentena

Luego, señalando que muchos en estos barrios dependen para comer de los comedores populares dijo que aumentarían los alimentos que reciben las organizaciones. También dijo que realizarían testeos a quienes atienden los comedores. El Polo Obrero y todo un frente de lucha vienen protagonizando protestas porque las entregas de alimentos se han interrumpido completamente hace 45 días, aunque se arrastraban incumplimientos de los envíos hace largos meses. El incumplimiento sistemático de los compromisos de parte de los funcionarios llevó a que se sucedieran jornadas de lucha donde las organizaciones hicieron escuchar la denuncia de que “con hambre no hay cuarentena”, de punta a punta del país en rutas y avenidas.

Luego del escándalo por sobreprecios, los funcionarios dicen no encontrar empresas dispuestas a venderle al Estado a los precios de mercado. La conclusión de esto, un caso clásico de cartelización y agiotismo, no dio lugar al uso de la ley de abastecimiento ni otra medida que destrabe sino a dejar sin alimentos a los comedores populares, hasta ahora sin solución alguna. El testeo de los que trabajan en los comedores es un reclamo que las organizaciones vienen haciendo, sin respuesta, incluso en muchos casos donde ya se conocen casos de contagio en el ámbito de esos comedores.

La atención del brote que ya hace estragos en las villas de capital y crece peligrosamente en los barrios del conurbano exige que se atienda urgentemente a los reclamos de las organizaciones piqueteras en lucha:

  • Subsidio de 30 mil pesos mensuales para todos los desocupados o precarizados
  • Provisión inmediata de alimentos para los comedores populares
  • Garantizar agua potable y kits de limpieza y protección en todos los barrios
  • Testeos masivos a toda la población de los barrios carenciados donde se acumulan casos positivos, empezando por quienes se desempeñan en los comedores populares
  • Soluciones habitacionales de emergencia para familias hacinadas y para aislar a quienes han estado expuestos a personas contagiadas

 

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