El Ojo Obrero ha publicado en su página web un extenso trabajo acerca de la situación del cine argentino. Dado el interés del tema, presentamos a nuestros lectores un
extracto. La versión completa del texto puede encontrarse en www.ojoobrero.org

El gobierno nacional reemplazó a Jorge Alvarez por Liliana Mazure al frente del INCAA (Instituto Nacional de Cine) tras una serie de denuncias por corrupción. El manejo discrecional de los fondos salió a la luz tras un plan de lucha de una asociación de documentalistas (Doca).

La nueva conducción, aparentemente más “nacional y popular”, estaría dispuesta a realizar cambios en la política del Instituto. Veamos.

La crisis del cine nacional

Desde la sanción de la Ley de Cine, en 1994, hay un sostenido crecimiento de la cantidad de películas nacionales. Ese año se estrenaron 11; el promedio en los últimos cuatro años se acerca a las 60 producciones. En el período 1945/1955, considerado de auge de nuestro cine, el promedio anual fue de 43 estrenos.

Pero desde la promulgación de la Ley, también creció el control de la industria de Estados Unidos sobre la exhibición y la distribución. Las empresas extranjeras determinan la programación de los cines argentinos gracias a su dominio sobre la distribución, la difusión y la exhibición; más del 80% de la recaudación va a sus propias arcas.

El público del cine nacional se contrajo: en 1980 el porcentaje de espectadores de películas argentinas era de 16,2%; en 2004/2006 bajó al 12,1% y el año pasado estuvo en el 9,1%.

Estas proporciones no permiten la supervivencia de una producción nacional. Son mínimos los títulos que alcanzan a recuperar sus costos con la venta de entradas; generalmente, sólo lo logran las películas ligadas a los grandes medios de comunicación que actúan a través de grandes empresas. El resto existe sólo gracias a los subsidios y créditos del INCAA, a los bajos costos laborales post devaluación de 2002, a la auto-explotación autogestiva, y al trabajo casi gratuito en las “cooperativas” de la producción “independiente”.

¿A quién Sirven?

Un sector del cine, representado con vehemencia por Pablo Sirvén (de La Nación), plantea una ridícula regla de tres: reducir el número de películas argentinas para que tengan un mayor número de espectadores. ¡De tocar la distribución del mercado ni hablar!

Este planteo, según Sirvén, habría encontrado eco en la nueva conducción del Instituto: “…cayó muy bien en el medio cinematográfico local que Liliana Mazure (…) esté resuelta a parar con la máquina de lanzar 70 estrenos nacionales, que casi nadie ve (…). La idea es menos películas (…) con mayor presupuesto y ayudar a construir productoras más fuertes” (La Nación, 29/6).

En un largo y contradictorio documento, la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) expresa su acuerdo con Sirvén: “El INCAA debe establecer una cantidad máxima de películas o proyectos audiovisuales a ser producidos anualmente (…)”.

Recortar la cantidad de producciones de películas nacionales en el marco de una currícula de estudiantes de cine que no deja de crecer (en 2006 había 14.000 estudiantes) y una capacidad productiva que creció a la par, es ir contra la historia y el “desarrollo de la industria” de la que tanto hablan.

Se continuaría entregando en bandeja a Hollywood tanto el control del negocio como la penetración ideológica, en detrimento de la posibilidad de expresión y desarrollo de una identidad cinematográfica nacional.

Muchos trabajadores de la industria quedarán desocupados, y los que no, cobrarán salarios más bajos por el aumento de la competencia. Los estudiantes de cine terminan en su mayoría como mano de obra flexibilizada de la industria publicitaria o de la televisión.

La nacionalización de la distribución y la exhibición en el país, bajo control de los trabajadores y espectadores del cine, es el único instrumento capaz de revertir este estado de cosas. Esta medida generaría los fondos necesarios para liberar la multiplicación de la producción nacional, darle la difusión necesaria en los medios, volver a abrir salas en los barrios a precios subsidiados para el espectador y de esta manera darle al cine nacional el lugar que le corresponde, no sólo del mercado, sino y principalmente como “elemento informativo en tanto testimonio, y formativo en tanto transmisor de ideas”.

Los sectores del cine nacional que actualmente concentran la mayor producción se conforman con ser la patria contratista del INCAA.

Muy distinta es la perspectiva que plantean los documentalistas organizados en Doca, que han conseguido el subsidio al documental digital y el reconocimiento de la figura de realizador integral que coloca la piedra basal para barrer con el dominio de las productoras, y liberar así la producción verdaderamente independiente con fines culturales y por fuera de las lógicas mercantiles.