Sapag y Sobisch, un abrazo a la impunidad

En diciembre, el juez de instrucción Cristian Piana resolvió que no correspondía llamar a declarar como imputado al ex gobernador Jorge Sobisch en la Causa Fuentealba II, que debería investigar a los responsables políticos de la represión del 4 de abril del 2007 en Arroyito, donde fue asesinado el compañero Carlos Fuentealba.

Se negó además a tomar medidas en la etapa de instrucción para investigar el uso de los teléfonos celulares con los que se monitoreó el operativo.

Coincidentemente, el fiscal Alfredo Velazco Copello decidió levantar el procesamiento de 13 de los 14 imputados que actuaron bajo las órdenes del ex gobernador. Entre ellos el ex subsecretario de Seguridad Raúl Pascuarelli, el ex jefe de Policía Carlos Salazar, el ex comisario Moisés Soto, el ex comisario Mario Rinzafri y el policía Aquiles González, quien colaboró en el ocultamiento de la identidad del cabo Poblete. La decisión se asienta en que “actuaron en el marco de la ley”. 

La excepción fue con el suboficial Benito Matus, el policía de civil registrado por las cámaras cuando disparaba contra los manifestantes en la estación de servicio, para quien la carátula es “abuso de armas y lesiones leves”.

El fiscal tampoco consideró los elementos de prueba de la Causa Fuentealba I.

La querella presentó una queja ante la Cámara de Apelaciones. El 18 de marzo, por fallo unánime, esa Cámara dejó en suspenso el dictamen del fiscal Alfredo Velasco Copello y deberá resolver si corresponde citar a declaración indagatoria al ex gobernador Sobisch. Como los abogados de la querella le atribuyen al ex gobernador la “autoría mediata” del crimen, que no es excarcelable, si la Cámara habilita la indagatoria, Sobisch debería ser detenido.

En las próximas semanas los camaristas resolverán si el juez Cristian Piana debe seguir al frente de la causa o apartarse, otro de los pedidos de la querella.

Un pacto de impunidad

A pocas horas de conocerse el acuerdo sellado entre Jorge Sobisch y Jorge Sapag para presentar ‘listas de unidad’ del MPN en las próximas elecciones, el fiscal Copello resolvió el sobreseimiento de los 13 imputados.

Paralelamente, se desató una ola de amenazas y agresiones a los testigos de la Causa I; se produjeron acciones de los punteros contra la huelga docente y se lanzó una campaña acusando al Partido Obrero de encabezar, planificar y ejecutar una agresión contra Sobisch.

Las declaraciones de los testigos en la Causa Fuentealba dan cuenta de un operativo planificado. A partir de esto, está claro que liberar a Sobisch de su responsabilidad política no es una acción aislada.

Vuelven a la escena del crimen

Sobisch se puso a la cabeza de una represión premeditada en defensa de este régimen político. Por ello, todo el arco “opositor” que había alentado la represión previamente, decidió luego preservarlo. Lo hizo Kirchner ofreciéndole la Gendarmería, lo hizo el ex intendente Horacio Quiroga, responsabilizando a los docentes por su “intransigencia”; lo hizo Sapag, planteando que debía finalizar su mandato en nombre de la democracia y las instituciones. Sobisch nunca estuvo solo.

El actual gobernador tardó una semana desde su asunción para ascender a Mario Rinzafri, participante de la represión, a comisario general. De inmediato, lo nombró director de Administración y lo incorporó a la plana mayor de la policía. Tardó menos de un año en volver a reprimir por 24 horas consecutivas en el barrio Confluencia, donde descargó una arsenal de gases, balas de goma y plomo para apoyar al intendente, Martín Farizano (Concertación-UNE) contra las tomas. Respaldó a la policía en el acto de egreso, destacando al “efectivo herido por manos asesinas” el día de la represión; autorizó el aumento del 60% en los adicionales y garantizó el equipamiento a la fuerza policial para “estar a la altura de las circunstancias”.

A dos años, frente a una nueva huelga docente que pone en vilo al gobierno nuevamente, oficialistas y opositores cierran filas. Los diputados de la Concertación y el MPN votaron dos proyectos en los que exhortan al gremio docente a canalizar su reclamos “sin cercenar los derechos de los ciudadanos” y para que el Poder Ejecutivo instrumente los mecanismos para recuperar los contenidos y los días de clase perdidos “con un corte de ruta se busca el caos, hay que exhortar a los docentes a que canalicen sus reclamos, legítimo, en el marco del orden”, dijo Marcelo Inaudi de la Concertación (Río Negro, 27/3).

Asimismo, en el Concejo Deliberante capitalino se aprobó un proyecto de declaración para “rechazar y repudiar agresiones del gremio Aten contra el ex gobernador Sobisch y el fiscal Alfredo Velasco Copello” y “el permanente uso de métodos coercitivos” porque intenta “claramente menoscabar el espíritu de independencia judicial, en cada caso en el que la justicia no decida aspectos favorables a su posición”. En ambos casos, Libres del Sur y el UNE prefieren hacer mutis por el foro.

Pongamos a Sobisch en su lugar

Es posible sentar a Sobisch en el banquillo de los acusados y que vaya preso.

Sería una gran victoria sobre un régimen en bancarrota que lo sostiene y que mantiene a los Poblete como brazo ejecutor de una política represiva.

Sobisch tras las rejas es luchar por el salario que Sapag mantiene congelado contra el pago religioso de la millonaria deuda que dejó su antecesor.

Sobisch tras las rejas es la defensa y la reivindicación del derecho a organizarnos y luchar para que la crisis la paguen los capitalistas.

Patricia Jure