Las huelgas salariales han puesto en jaque al gobierno Kirchner. “La ola de conflictos motivó un encuentro entre el Presidente y el ministro Tomada” (La Nación, 22/4), el segundo en dos días.

 

Aníbal Fernández, por su parte, arremetió contra la huelga del Garrahan, la declaró “política” y “mediática”. Dijo que los conflictos son “cíclicos”, porque en diciembre “parecía que se caía el gobierno por las huelgas de sólo tres sectores: telefónicos, subterráneos y recolectores de basura” (La Nación, ídem). Tanto va el cántaro a la fuente…

 

A su vez, el gobierno evaluó “acertada la estrategia de negociar con ATE y no con la Comisión Interna del Garrahan” (Clarín, 22/4), una 'botoneada' a dos puntas. El propio diario Clarín se entusiasma con “la soledad en que quedaron los huelguistas que habían reclamado a ATE un paro nacional” (ídem, pág. 56).

 

La primera falacia de estos balances oficiales es que desconocen una formidable tendencia a la huelga por el aumento salarial, en primer lugar de los propios trabajadores de ATE y la salud, donde los paros se extendieron al Ramos Mejía, más tarde a asambleas del Alvarez y el Gutiérrez, y a un sinnúmero de hospitales de la provincia: Gandulfo, Vicente López, Oñatibia, corte de ruta del Posadas, al igual que a otras provincias como Neuquén y Chaco; además de los paros de los médicos de la Cicop y de innumerables sectores estatales provinciales como ATE Misiones o Neuquén.

 

Ademys fue al paro y otra vez arrastró a buena parte de la docencia de la Capital, traicionada sistemáticamente por la ceterista UTE.

 

Sería falso, sin embargo, circunscribir la ola salarial al Estado. El frigorífico Gargiulo fue a la huelga junto a otros de la zona sur; Interpack I, en gráficos, inició un plan de lucha salarial; fueron al paro los ferroviarios del Tren de la Costa; sigue el conflicto de recolectores de basura en Quilmes; los bancarios del Provincia y el Nación entraron en una conciliación que aceptaron sólo por cinco días tras el paro por el 30% de aumento; entre otros conflictos.

 

En realidad, el gobierno ha tenido que apelar a “medidas extremas”. Es extremo el papel de burócrata frenador de Micheli, que intervino en la asamblea personalmente para decir que si no se levantaba la huelga del Garrahan en función de la paritaria, ATE se retiraba y abandonaba el conflicto a su suerte. Al igual que el repudiado papel de “mediador” de Yasky en Salta, el secretario de ATE ubicó a la dirección de la CTA en los peores métodos de la burocracia sindical. A Basteiro no le fue mejor con su convenio con LAN a espaldas de los trabajadores de Lafsa.

 

Quemar de esta manera a todas las alas de la burocracia sindical es extremo. Extremo y complementario de la represión a Lafsa, a los docentes salteños, a los estatales misioneros o a los camioneros de Coto. Son las dos caras del corazón de la política económica del gobierno: mantener la brutal caída del salario real, el despotismo patronal y las privatizaciones, y una enorme desocupación. Sobre esta realidad se unieron, el 19 de abril, las luchas de Parmalat, el Garrahan, Lafsa y los piqueteros, y el histórico paro de solidaridad clasista del subte.

 

El nuevo pope de la UIA, Carlos Méndez, cerró filas con Lavagna advirtiendo que “un incremento general de sueldos podría disparar la inflación”, “creemos que la industria ya paga hoy salarios muy dignos”, “no hemos cambiado de posición desde que nos reunimos con la CGT, tenemos que mantener el diálogo sin crear falsas expectativas”, “damos apoyo irrestricto a la política económica oficial de esquema exportador y tipo de cambio justo” (Clarín, 24/4).

 

Queda en claro qué están haciendo Moyano y el conjunto de la burocracia sindical en las 200 negociaciones colectivas en curso, las cuales “constituyen para el gobierno un cuadro más alentador que los cuatro conflictos que aparecen por TV” (La Nación, 22/4). La contribución de la burocracia de Moyano ha sido bajar el reclamo de salario mínimo de 760 a 610 pesos y aceptar que no se convoque el Consejo del Salario. La mayor entregada se encuentra en las propias paritarias, que no son representativas, donde se vuelven a canjear convenios flexibles por migajas salariales; consisten, en general, en la incorporación al básico de los aumentos oficiales.

 

La “consulta” del Suteba a los afiliados se “comió” un enorme 37% por el “No”, a lo que hay que sumar la abstención (la mayor parte de la oposición llamó a no votar). Los doscientos mil docentes de la provincia son un polvorín de bronca.

 

El salario promedio está un 29% por debajo de 1999. Pero el costo de producción cayó un 38%, según el Banco Central. Entonces, lo que está en juego no es la recuperación del 6% que aumentó la canasta básica el primer trimestre de este año, agravada por el sideral aumento de alquileres. Hay que recuperar 20 años de retroceso salarial.

 

Es cierto que las grandes luchas son minoría. Pero la huelga docente de Salta marcó otro escalón, con asambleas de miles de docentes autoconvocados, en cada departamento, quebrando las “mediaciones”.

 

Las huelgas son menos “políticas” que los rompehuelgas, como lo demuestra la actitud del Suteba de sostener a Solá contra los maestros, o de Moyano de apoyar a Kirchner, o de Micheli contra el Garrahan.

 

Los medios no fogonean estas huelgas piqueteras, como dice el gobierno; las presentan como una advertencia.

 

Toda la acción del Partido Obrero apunta a llevar a la victoria las luchas en curso y a desarrollar y organizar esta tendencia fábrica por fábrica, gremio por gremio, y desde el punto de vista de una agitación política general.