Este lunes el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (Cambiemos), salió a pedir explicaciones al gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre la problemática de la toma de terrenos, en sintonía con otros intendentes de esa misma formación política. El planteo del intendente es un llamado implícito a la represión, ocultando el profundo problema del déficit habitacional y precariedad de las viviendas que sufren los/las obreros/as en la provincia y el país.

Sobran motivos para repudiar los dichos del intendente que no ha movido un solo pelo en la cuestión habitacional olavarriense. Solo basta ver la situación de precariedad habitacional en los barrios más pobres de la ciudad (Belén, Eucalipto, Dorrego, Avellaneda, entre otros).

Liliana Schwindt (diputada nacional -actualmente- del Frente de Todos) salió al cruce de Galli, pero también se refirió a las tomas como ilícitos. “Para estos delitos está la justicia”, dijo (El Popular, 2/9).  Por su parte, la concejala Mercedes Landívar (también del Frente de Todos) afirmó que Galli “en 4 años no aportó una sola solución al gran problema habitacional del partido de Olavarría” (Infoeme, 31/8). Esto es cierto, pero no dice que desde 1987 la provincia de Buenos Aires se encuentra gobernada por el peronismo, y en la actualidad Axel Kicillof y Alberto Fernández distan de preocuparse por el déficit habitacional, a la par que bloquean paritarias y refuerzan al aparato represivo bonaerense con 4000 agentes y 12 mil millones de pesos en patrullas. Una política delineada por los intereses capitalistas, en detrimento de los derechos básicos de las masas trabajadoras.

Déficit habitacional y la respuesta represiva del Estado

El de la vivienda es un problema de larga data. Según un estudio del Departamento de Investigaciones de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (Fedi), en 2015 el déficit habitacional sobrepasaba los 3 millones y medio de viviendas, es decir que “más de dos millones de familias habitan viviendas deficitarias y otro 1.3 millones atraviesan situaciones de hacinamiento. Las condiciones deficitarias alcanzan así al 28% de los hogares (…)” (Infobae, 5/6/2015).

El informe de la Fedi agrega que, según sus estimaciones, el déficit aumenta a un ritmo anual de 36 mil viviendas: hoy en día el déficit habitacional ascendería a los 4 millones de viviendas, sumado a la especulación inmobiliaria que
encarecen los terrenos y se centra en la producción de urbanizaciones cerradas (en Olavarría ya existen dos) y propiedades horizontales costosas. Además de la falta de políticas integrales en torno al hábitat de los gobiernos
liberales o “nacionalistas”, esto se convierte en un claro y despiadado sistema de expulsión y de vulneración del derecho a la vivienda, lo cual explica las situaciones paupérrimas en las que viven miles de trabajadores (también
desempleados y precarizados) y el porqué de la toma de terrenos.

Pero la primera respuesta ante las tomas, el “Estado presente” que exige Galli, aparece en las amenazas punitivas del secretario de seguridad de la provincia, Sergio Berni. El mariscal de Kicillof y CFK en la provincia afirmó estos días que “irá preso” quien ocupe terrenos (Télam, 1/9).

Sergio Massa (presidente de la Cámara de Diputados por el Frente de Todos) fue más allá y, además de defender el desalojo de quienes ocupen terrenos, planteó que “es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que
realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE”. Una política que Miguel Lunghi (UCR-Pro), intendente de la ciudad vecina Tandil, viene aplicando con los
servicios sociales municipales contra las tomas de Villa Cordobita y Barrio Tunitas. Para que tome nota la diputada Schwindt: otra prueba de que a la hora de enfrentar a la población que lucha por la tierra y la vivienda no hay grietas entre kirchneristas y macristas.

Debemos organizarnos y derrotar esta ofensiva del Estado contra los reclamos que se derivan de verdaderas carencias y necesidades de hábitat, que el propio sistema capitalista produce y reproduce para los sectores más
desprotegidos. Hay que contraponer una alternativa obrera y popular a la política de mano dura que proponen los Galli, Massa y Berni. Vamos por un plan integral de viviendas obreras dignas, acordes a la necesidad de cada
familia, financiadas por un impuesto a los grandes fortunas de terratenientes, banqueros y de las empresas de energía tal como lo plantea el proyecto del FIT-U. Por el cumplimiento del derecho a la vivienda, el reconocimiento del derecho a la tierra de las comunidades originarias, que la crisis la paguen los capitalistas, no los y las trabajadores/as pauperizados/as por un sistema desigual.