Políticas

8/11/2001|728

A quienes benefician y a quienes perjudican las inundaciones

Defendamos al trabajador y al pequeño chacarero inundado

Más de 5 millones de hectáreas del noroeste bonaerense están bajo el agua. De esta zona proviene el 25% de las cosechas y el 30% de la producción ganadera nacional. Hay miles de evacuados y las condiciones de vida de los trabajadores del campo y de las ciudades de estas zonas inundadas de la pampa bonaerense están destruidas: sin escuelas, con pérdida de bienes, sin trabajo, sin la alimentación adecuada.


Uno a uno, todos los pueblos de toda la zona (Pehuajó, Henderson, Casares, 9 de Julio, Bolívar, Junín, Bragado) se van movilizando.


Las inundaciones que golpean el interior de la provincia son una “catástrofe natural” tan regular y predecible como el paso de las estaciones. Sin embargo, su efecto devastador es más brutal que nunca como consecuencia de los cambios climáticos provocados por el llamado “efecto invernadero” – un fenómeno global provocado por la emanación de gases carbónicos de la industria de los países imperialistas.


Por qué los gobiernos no han hecho nada


Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires no son algo nuevo. Sólo en los últimos seis años se han producido cuatro grandes inundaciones. Pero que ninguno de los gobiernos *radicales o peronistas en la actualidad; conservadores o militares en el pasado* ha invertido en obras para canalizar los desbordes pluviales y las inundaciones, a pesar de los estudios realizados desde hace casi un siglo en tal sentido.


La razón es sencilla: la gran oligarquía agropecuaria se opone a estas obras porque las inundaciones *que arruinan a los pequeños productores* aceleran el proceso de concentración de la propiedad y la producción agropecuaria. En los últimos 10 años, unos 60 mil productores agropecuarios han debido abandonar sus campos en la pampa húmeda. Después de cada inundación, miles son forzados a malvender sus propiedades; otros están obligados a tomar créditos que terminan ahogándolos.


Ahora, con el agua al cuello, los gobiernos nacional y provincial han anunciado un plan (mínimo) de obras públicas de canalización, pavimentación, etc. de la zona, que es la excusa para un nuevo saqueo. Ya De la Rúa y Cavallo anunciaron que a partir del 1° de enero aumentará en 5 centavos el precio de los combustibles para crear un “fondo de obra”’ para la región. Ruckauf, por su parte, también se apresuró a informar que a las facturas eléctricas se les sumara un impuesto de 1 peso con el mismo destino. “Hay que ser solidarios, che”, dicen los gobernantes que están hundiendo el país para garantizar el pago de la deuda a la banca imperialista.


Naturalmente, a Ruckauf, Cavallo o De la Rúa no se les ha ocurrido establecer un seguro para los desocupados (los que venían de antes y los que han quedado sin empleo como consecuencia de las inundaciones) ni una indemnización para los trabajadores y minifundistas que han perdido todo.


Frente a esta catástrofe se trata, en primer lugar, de defender los intereses de los trabajadores de los pueblos y los campos de la zona.


Segundo: salvar a los pueblos amenazados por las aguas. La ciudad de Carlos Casares, por ejemplo, está amenazada; el desborde de la laguna Maganini puede dejar al pueblo bajo las aguas. Para salvar a los pueblos, hay que afectar el derecho de propiedad de los grandes propietarios. El canal que evacuaba las aguas pluviales de la Maganini hacia otra laguna que está dentro de la estancia La Dorita, “ha sido bloqueado por su propietario, Hugo Biolcatti, de la Sociedad Rural Argentina” (Página/12, 19/10), que ha interpuesto un recurso judicial en defensa de su derecho de propiedad. La vida y la salud del pueblo están por encima del derecho de propiedad de un estanciero y de todos los estancieros juntos.


Hay que movilizar todos los recursos del Estado y de la sociedad (camiones, maquinaria vial, de construcción, cemento, etc.) para realizar todas las obras necesarias para superar la crisis. Es necesario que en cada ciudad y distrito se convoque a Asambleas Populares Constituyentes donde se voten las medidas a adoptar frente a la crisis. No hay nada por encima del interés del pueblo y de sus trabajadores.


Tercero: contra los monopolios, nos oponemos a la privatización en marcha de los bancos Nación y Provincia. Detrás de esto está el remate de las tierras endeudadas a precio vil, que pasarán a manos de la banca imperialista y sus testaferros. Contra la corrupción, propugnamos que dichos bancos deben estar sometidos al control obrero y realizar una amplia investigación para recuperar los fondos “entregados” a los amigos del régimen (1.200 millones de pérdidas estatizados de las familias Yoma, Pérez Companc, Gualtieri, etc.). Estatización de toda la banca bajo control obrero. Condonación de las deudas usurarias a los pequeños productores. Plan de industrialización agraria.


Cuarto: rechazo de todo nuevo impuesto al pueblo. Que las obras necesarias sean realiza das sobre la base del no pago de la deuda externa e impuestos extraordinarios al gran capital y a la gran propiedad agraria.


En cada pueblo y distrito, formar coordinadoras de trabajadores, desocupados e inundados para defender sus derechos contra la explotación capitalista de la catástrofe.