29/05/2008 | 1039

A un año de la muerte de Ana María Acevedo

Se profundiza el ataque a las mujeres

El 17 de mayo de 2007 moría Ana María Acevedo, una joven santafesina de 20 años y tres hijos. El motivo fue la negativa de la dirección del Hospital Iturraspe de Santa Fe de practicarle un aborto terapéutico para poder tratarle un cáncer. A un año de su muerte, no hay un solo responsable preso. Por el contrario, la entonces ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Simoncini, fue ascendida por el gobierno de Cristina Kirchner a un cargo en el Ministerio de Salud de la Nación.

Para casos como el de Ana María Acevedo, la ley vigente data de 1921 y establece que se debe practicar un aborto a la madre que corra riesgo de salud. Esta norma se cumplió estrictamente durante más de 80 años.

Pero desde la reforma del "Pacto de Olivos" -que dio estatus constitucional, con la mano cómplice del centroizquierda, a los pactos internacionales que establecen la "defensa de la vida desde la concepción"- esto viene cambiando de forma acelerada y negativa para las mujeres.

Desde entonces, de manera sistemática, aumentaron los casos de no realización de abortos terapéuticos amparados legalmente. También aumentaron los casos de mujeres internadas y las muertes de mujeres pobres por abortos en la clandestinidad. Argentina ha batido records en toda América Latina de muertes de mujeres embarazadas (informe de la OMS).

Cristina Kirchner y su ministra Ocaña elevaron al cargo de subsecretaria de Prevención y Control de Riesgos el Ministerio de Salud de la Nación a Silvia Simoncini, responsable de colocar y defender al director del Hospital Iturraspe y su "comité de bioética", que negaron el aborto a Ana María. Simoncini es una clara enemiga del uso de preservativos.

Antes de irse de Santa Fe, Simoncini dejó que vencieran, sin distribuirlos, miles de anticonceptivos orales y de barrera, que debían ser entregados por el sistema público de salud dentro del marco de la Ley de Salud Reproductiva. Curiosamente, desde diciembre ocurre lo mismo a nivel nacional.

El caso de Ana María es la cara más cruda de una política de entrega de la educación y la salud a la curia.

Vanina Biasi

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