Abajo el ajustazo de Scioli

El rojo fiscal en la provincia de Buenos Aires ha terminado por explotar bajo la forma de un ajustazo en regla contra los trabajadores y el pueblo bonaerense. “Sobre la hora”, el gobierno anunció que “podrá respetar el cronograma de pagos” de los sueldos de agosto después de haber recibido un adelanto (préstamo financiero) del gobierno nacional. Se prepara así el clima para un desdoblamiento de los pagos de sueldos y el aguinaldo de diciembre. Por otra parte, Scioli y otros gobernadores le han pedido al gobierno nacional que suspenda la aplicación de ley de “responsabilidad fiscal” que “limita el endeudamiento provincial” y permitir la emisión de nueva deuda. Las estimaciones generales elevan los desequilibrios financieros bonaerenses de 16.000 a 40.000 millones para todo 2009.

El ministro de Economía, Arlía, ya anunció que no incluirá “una pauta salarial” en el proyecto de presupuesto 2010. Tampoco están previstos aumentos en el segundo cuatrimestre de 2009. Los trabajadores de Desarrollo Humano de La Plata han ido a la huelga contra el recorte de las horas extras. Esta huelga es parte de un movimiento en ascenso en distintas dependencias (también están en lucha los trabajadores de Ministerio de la Producción por blanqueo de las Urpes) y que, por lo general, ha concluido en la conquista de reivindicaciones parciales.

Otro tanto ocurre con el cese y el despido de contratados en los municipios, que han comenzado después de las elecciones del 28 de junio. Estos ataques desmienten el verso de las direcciones sindicales que justifican el congelamiento salarial como un “mal menor” para conservar el empleo y los salarios.

El ajuste de Scioli cuenta con la “comprensión” de todas las direcciones sindicales, desde UPCN y ATE hasta la cegetista Fegepba, donde revista Salud Pública. Después de haber justificado el miserable 8,9 por ciento de abril como un “primer paso” en la “recomposición” de los salarios, las burocracias estatales han aceptado ahora, voluntaria y declaradamente, congelar el reclamo salarial unificado en nombre de la “gravísima situación financiera de la provincia”.

Además, el paquete de la “reforma fiscal” es un recurso de crisis de un gobierno quebrado, que agudizará la crisis política en la provincia. Los “adelantos” sobre un gravamen a las operaciones comerciales en los puertos bonaerenses ya ha provocado el rechazo de la oposición patronal.

ATE y la CTA no han denunciado el ajustazo. El consejo directivo de ATE provincia ha pedido una mayor coparticipación provincial para Buenos Aires.

La realidad es que el aumento del inmobiliario urbano para hacer frente al default no está dirigido contra las “grandes fortunas” –como afirma Scioli– porque alcanza, en esta “fase” (la aplicación es progresiva), a una amplia franja de la clase media (propiedades de 50 y 60 mil dólares). Lo mismo ocurre con el gravamen que se aplicaría a la compra de autos usados. Distinto es el caso del impuesto inmobiliario rural (al que la propia agencia de recaudación provincia reconoce como bajísimo), sobre el que “no hay por ahora una definición de aumento”.

Daniel Rapanelli