El gobierno anunció una modificación del Código Penal contra las manifestaciones populares.

Su objetivo es claro: atacar el derecho a luchar, cuando la carestía galopante, los despidos y el derrumbe económico colocan la urgente necesidad de una gran respuesta de lucha por parte de los trabajadores.

“Entorpecer la circulación” -algo que ocurre con cualquier protesta- pasará a ser delito.

La medida ha sido acompañada por una mayor persecución a los inmigrantes. Quieren penalizar y expulsar del país a los que participaron

de la marcha del pasado 24. La extorsión es clara: el trabajador extranjero puede ser superexplotado y precarizado, pero no tiene derecho

a organizarse ni movilizarse por sus reclamos.

Esta escalada reaccionaria ha sido plenamente acompañada por los Pichetto y Scioli.

No debe sorprender: el Pejota acompaña con su voto el Presupuesto de ajuste 2019, mientras sus burócratas sindicales archivan hasta las amenazas de un paro nacional.

Además de los pactos parlamentarios y las capitulaciones sindicales, la gobernabilidad de Macri y sus socios “opositores” incluirá el reforzamiento represivo. 

Rechacemos el código de Bullrich-Pichetto.

Libertad y derechos plenos a los inmigrantes.

Fuera los represores y sus cómplices políticos.