Mariano Arcioni, gobernador de Chubut alineado con el peronismo federal de los Massa, Urtubey, Pichetto y Schiaretti, firmó un decreto para prohibir el ingreso a la provincia o incluso expulsar a extranjeros condenados, con antecedentes penales o con condenas no firmes. Casi en simultáneo, en la provincia de Jujuy, la Legislatura aprobaba una ley promovida por el gobernador Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) de cobro de la salud a los extranjeros. Tanto en las huestes pejotistas como macristas se atiza el rencor contra los migrantes como cobertura de una política reaccionaria.

El decreto N° 136/19, de cuatro breves artículos, hace punta al instalar una agenda ´bolsonarizada´ y segregacionista en la carrera electoral que los partidos patronales comienzan a correr en Chubut. Significa un reforzamiento del aparato represivo de un estado provincial que durante 2018 reprimió salvajemente una de las huelgas de estatales y docentes más largas y tenaces de la etapa.

El decreto sostiene: “En la realidad actual de Chubut se demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjero”, sin aportar ningún dato estadístico que respalde esta afirmación. En la conferencia de prensa donde presentaron el decreto xenófobo, el gobernador Arcioni y su ministro apuntaron a venezolanos, peruanos, paraguayos y bolivianos.

Con el 6,1% de su población, Chubut es la tercera provincia con mayor tasa de inmigración. El decreto reaccionario servirá para ejercer una mayor presión sobre las condiciones de por sí precarias que deben afrontar los trabajadores migrantes y reforzará el poder despótico de la policía, responsable de todo tipo de abusos y atropellos cotidianos contra ellos.

Las implicancias del decreto y la pluma de Bullrich

El núcleo del decreto es su primer artículo: “Disponer por intermedio del Ministerio de Gobierno la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero".

En conferencia de prensa, Arcioni y Massoni explicaron el modo en que instrumentarán esta iniciativa: se firmarán nuevos convenios con Migraciones, así como con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el Ministerio de Justicia, con el fin de tener un detalle acabado de los antecedentes de todas las personas extranjeras en la provincia; se realizarán controles “exhaustivos” en los accesos de la provincia, “identificando al 100% de ingreso”, fundamentalmente en el paraje Arroyo Verde; se realizarán modificaciones en código procedimental para el control e identificación de personas, además de instrumentaciones con Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal y los jueces “para tomar medidas de conjunto”; los convenios son de aplicación inmediata, pero Massoni ya informó que espera reunirse con Patricia Bullirch para nuevas disposiciones, siempre con un “respeto estricto a la Constitución Nacional y Provincial”.

La firma de nuevas disposiciones con Migraciones y otros organismos del gobierno nacional como la cartera de Bullrich, buscan modificar el marco normativo vigente para avanzar en esta tentativa fascista y xenófoba, cuyo telón de fondo es el reforzamiento del aparato represivo.

Si bien este decreto fascista tiene un claro sentido electoral, su alcance no se reduce a fuego de artificio: busca profundizar la escalada represiva en un contexto de ajuste y grandes choques sociales ante la realidad de una provincia fundida, y además cabe ligar, particularmente en Chubut, esta tentativa como respuesta al reclamo del pueblo mapuche y las implicancias de la causa de Santiago Maldonado, que intenta ser clausurada por la justicia.

Si de robo y delincuencia quiere hablar el estado provincial, hay que subrayar que en el 2018 la provincia se ganó dos primeros puestos a nivel nacional: fue la provincia que mayor ajuste de salario real aplicó contra estatales y docentes, con un 13,9%, y que es la provincia con mayor deuda pública per cápita, ya que en pesos, cada habitante debe $57.661, sobre un total de 1.000 millones de dólares.

El decreto xenófobo de Arcioni y Bullrich ataca a los migrantes y encubre a los verdaderos saqueadores.