Han pasado ocho meses de los asesinatos de Leyla Nazar y de Patricia Villalba, de la destrucción de pruebas, del encubrimiento político de los asesinos y de la manipulación judicial de las investigaciones. En esto se encuentra involucrado todo el aparato de Estado de Santiago del Estero (el PJ y el juarismo, desde el Poder Ejecutivo hasta el Poder Judicial, pasando por la Policía y por el Parlamento). Están comprometidos el diputado Carlos Anauate (jefe de la Juventud Peronista y hasta entonces mano derecha de Juárez y su esposa), Gilberto Perduca (“Defensor del Pueblo” de la capital provincial), Antonio Musa Azar (hijo del comisario Musa Azar, ex represor de la dictadura, ex titular de la Secretaría de Informaciones de la provincia y el verdadero “capo” de la mafia policial de Juárez desde hace 40 años), Juan Felipe Santiago Moreno (hijo del ex vicegobernador Darío Moreno), concejales de diversos distritos “y otros personajes vinculados al poder económico, tomando drogas y alcohol” (Clarín, 30/9).

Han sido ocho meses de complicidad del Poder Ejecutivo y del Parlamento nacionales. La vacilación para intervenir la provincia “responde al terror de aumentar el ‘clima de inestabilidad social’” (Clarín, 30/9). Se refiere al colapso del sistema de salud, los problemas de la educación, la amenaza latente del autoacuartelamiento de la cuestionada policía provincial, el agrupamiento de campesinos en el Mocase – que se están organizando en toda la provincia para luchar contra el abuso de grupos parapoliciales – , las marchas por el doble crimen y la protesta de los empleados del peaje que denunciaron que la provincia los tiene en negro” (ídem).

Los médicos han salido a las calles; los docentes vienen realizando piquetes, huelgas; diversos agrupamientos provinciales están organizando el enfrentamiento al juarismo.

“El doble crimen de la Dársena parece haber actuado como disparador de la crisis” (ídem), y el fantasma del “Santiagueñazo” ha vuelto a instalarse en la provincia.

Operativo rescate

Mientras Kirchner guarda la carta de la intervención como último recurso, la “Justicia” santiagueña ha despertado de su “larga siesta”. La nueva (y cuarta) jueza del caso, María del Carmen Bravo (afincada en el putrefacto Poder Judicial santiagueño desde 1977), mandó a detener a nueve implicados. Esto, para “algunos funcionarios son giros de autodepuración importantes” (Página/12, 1/10). Es decir que se busca la autorreforma del juarismo. La defensa del régimen del PJ en la provincia es una cuestión estratégica, pues es el principal resguardo de las condiciones de explotación infrahumanas que sufren los trabajadores santiagueños.

El aparato punteril construido durante décadas, más la ley de lemas, le permiten al PJ controlar el 70 por ciento de las bancas aunque haya obtenido sólo el 38 por ciento de los votos emitidos (y por lo tanto, mucho menos en relación al padrón electoral de conjunto). Los jueces son elegidos a dedo y en forma secreta, y son manipulados a partir del control del Parlamento por la patota juarista. Musa Azar, según denuncia un informe del propio kirchnerismo, montó desde hace años su “policía política” personal, “un verdadero aparato de inteligencia interna” para el seguimiento de la población y el “recurso principal de la metodología del apriete a los opositores” (Página/12, 19/9), o los “descarriados”. La cana actúa impunemente, también según el informe oficial, por medio de “la tortura, gatillo fácil, apriete, armado de causas” (ídem). Todo esto asegura la sucesión política y el manejo de los negocios de la “patria contratista”.

La otra gran fuente de recursos de Santiago, la producción rural, está en manos de un puñado de terratenientes y de grandes inversores capitalistas que, desde hace años, han armado sus propios ejércitos privados, integrados por mercenarios y policías, y apañados por el Estado. La existencia de estos “grupos paramilitares organizados y controlados por terratenientes, hacendados y ganaderos – bajo el amparo policial y político- (se) han armado para combatir con métodos de tortura, desapariciones, muerte o amedrentamiento a campesinos de distintas regiones de la provincia” (Página/12, 2/9). Esto, en especial, desde que la producción de soja transgénica ha convertido a la provincia en una “nueva pampa húmeda”. La guerra para desplazar a los campesinos indígenas de sus propiedades es a sangre y fuego, porque el uso salvaje de la tierra terminará por agotarlas, en un plazo no mayor a cinco años. Por eso, “los empresarios tienen sólo el tiempo presente para extraer todos los recursos posibles de esta nueva pampa fértil, con inversiones que son mucho más rentables desde el comienzo de la devaluación” (ídem).

Fuera Juárez. Asamblea Constituyente

Ni el corrupto Poder Judicial santiagueño ni la intervención federal de Kirchner darán respuesta a los reclamos de la clase obrera y de la población santiagueña. La descomposición del régimen juarista exige una intervención popular. Es la única forma de resolver la tarea inconclusa del “Santiagueñazo”.

Por una Asamblea Popular de toda la provincia, que expulse al gobierno juarista del poder e instaure una Asamblea Popular Constituyente provincial que reconstituya a Santiago del Estero sobre nuevas bases económicas, políticas y sociales