Políticas

1/2/2018

Abajo el saqueo de AySA y Macri

La empresa se pone en la fila de los defolteadores del país

La empresa semi-estatal, concesionaria de los servicios de agua y cloacas de la región del área metropolitana de Buenos Aires, salió a colocar su primer bono internacional por USS500 millones a una tasa de interés a 5 años de 6,625%. Un jugoso premio para los especuladores cuyo rendimiento en dólares está por encima a lo que ofrece el mercado especulativo.


La colocación del bono estuvo a cargo de Citigroup, Deutsche Bank y HSBC. AySA repagará los intereses con un terrible tarifazo del 5% mayor a la “inflación real”, todo un ejemplo de la transferencia de capital de los trabajadores hacia los especuladores financieros. Los bonos serán utilizados como parte de la construcción de 320 obras durante el 2018, a lo que se le suma el endeudamiento directo por otros USS600 millones mediante créditos de organismos internacionales.


La colocación de estos bonos no es algo aislado en la política del macrismo y sus aliados, dado que en el Presupuesto nacional aprobado figura un aval para que AySA emita deuda comercial por u$s1.900 millones, junto con Aerolíneas Argentinas, Arsat e Invap.


Bonjour, Macri


La emisión del bono se da en el marco de la gira de Macri por Francia y del acuerdo del gobierno con la empresa Suez, ex concesionaria de AySA, por el pago de USS280 millones en concepto de una indemnización fijada por el CIADI por la rescisión del contrato en el año 2005. Suez operó desde el año 1996 y hasta el 2001 tuvo ganancias por 20% de su capital. Como contrapartida, dejó un enorme déficit de infraestructura sanitaria. Luego del 2001 y devaluación mediante, la empresa reclamó la dolarización de las tarifas, pero ante la negativa del gobierno a realizarla abandonó la concesión en el 2005.


Sobrecostos


Gran parte de las obras para el 2018 se contratan con el Régimen PPP (Participación Público Privado) en el que las constructoras se quedan con la operación de la infraestructura durante un determinado período. En este tipo de asociaciones, las constructoras toman deuda con organismos internacionales a tasas mayores que la que toman los estados: el supuesto ahorro que realizaría el gobierno en el presupuesto del 2018 se convierte en una hipoteca impagable una vez finalizadas las obras.


A finales del 2017 el ministro de Finanzas, Luis Caputo, había asegurado que el Gobierno cuenta con 59 proyectos de inversión público-privada en infraestructura por USD 26 mil millones, que se van a desarrollar en los próximos tres años y medio. ¿Pero cuál es la experiencia en el mundo respecto de esta metodología de contratación? La Oficina Nacional de Auditoría de Control Presupuestario del Parlamento británico, emitió la semana pasada un documento lapidario sobre el sistema PPP y advirtió que el Reino Unido deberá afrontar pérdidas por más de 200 billones de libras, equivalentes a 20 meses de mantenimiento del servicio de Salud Pública de todo el reino y en España el Gobierno de Rajoy asumirá pérdidas por USS2.500 millones. Y el documento sigue “La conclusión es contundente: con esta modalidad el Estado británico deberá asumir sobrecostos, dependiendo del proyecto de hasta el 40% por encima del costo de hacerse mediante financiamiento, por empezar, el costo financiero de los privados supera entre 2% y 4% el costo para el Gobierno mediante deuda pública” (La Política Online, 19/1).


Una salida


Estos dos años, el gobierno de Macri y sus aliados elevaron la deuda en USS100 mil millones sumado los compromisos por los pagos de estos bonos y a organismos internacionales. La excusa del endeudamiento para el crecimiento del país solo disparó fuga de capitales y la transferencia de capitales hacia la timba financiera.


Es necesario plantear para AySA, y todas las empresas, la apertura de sus libros contables para saber los costos de operación, mantenimiento y construcción de obras. La obra pública debe proyectarse y ejecutarse en función de las necesidades de los trabajadores y bajo su control. El desconocimiento de la deuda usuraria y la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores, con el objetivo de parar la fuga de capitales, es un planteo que debe acompañar a la consigna de la huelga general. Estas son las tareas de la clase obrera y el programa del Partido Obrero.