La Legislatura porteña aprobó la ley de “inclusión educativa”. El proyecto, presentado por el bloque de la Coalición Cívica y el PRO, crea un “Observatorio de Políticas Públicas” integrado por representantes del gobierno y la Legislatura, junto a ONGs, la Iglesia y las patronales de la Ciudad. El organismo se encargará de “verificar la adaptación del sistema educativo al aparato productivo y al mercado laboral vigente”.

El objetivo es desarrollar reformas curriculares “adaptadas” a la situación socioeconómica de los alumnos. Estas reformas (y la evaluación) estarán acompañadas de un financiamiento específico de hasta un 50% extra por escuela, condicionada a una evaluación que tome en cuenta el nivel de egresados, remitentes y recursantes. El proyecto liquida el presupuesto educativo integrado, ya que impone el principio de un financiamiento sujeto “a desempeño”. En vez de dotarlas de los recursos para asegurar la retención de los alumnos en los barrios empobrecidos, el nuevo sistema impondrá una nivelación hacia abajo, degradando los contenidos y adaptándolos a las necesidades puntuales del mercado laboral.

Los recursos extras serán canalizados bajo la forma de “programas especiales”, que habilitan a la contratación de docentes por fuera del estatuto, sin estabilidad, licencias ni vacaciones pagas. El precursor de este sistema fue Aníbal Ibarra, a través del programa de Zona de Acción Prioritaria (ZAP), que comulga con las directivas del Banco Mundial y las leyes Federal (Menem) y Nacional (Kirchner) de Educación. Ahora, Macri extiende sus alcances.

Hasta el momento, la UTE no se pronunció sobre la ley. El proyecto se ajusta a los postulados que defiende la Ctera (Sileoni también tiene su observatorio). Pero en este caso, no serán ellos los que manejen los fondos de la caja paralela del ministerio, sino el macrismo, con su aparato de supervisores y directivos.

La ley es un ataque a las posibilidades de formación integral de los estudiantes y los trabajadores de la educación de la ciudad. Quieren coronar un proceso de degradación de la secundaria que viene de años. Llamamos a la docencia porteña a organizarse contra la ley y por la construcción de un sistema escolar estatal único distrital y nacional, que forme integralmente a los jóvenes, desarrollando todas sus potencialidades intelectuales y físicas, garantizando su autoestima y autonomía, con escuelas adecuadas, material didáctico y tecnológico a su disposición, viandas para un correcto nivel nutricional y gabinetes psicopedagógicos por escuela. Para ello, hay que aumentar el presupuesto destinado a la educación pública y terminar con el subsidio a las privadas, garantizando a los docentes un salario básico igual a la canasta familiar para un cargo. Así nivelaremos “hacia arriba”, recuperando tiempo, salud psicofísica y posibilidades reales de capacitación permanente.