El gobierno de Corrientes largó la iniciativa de una reforma constitucional. La excusa es adaptar el calendario electoral de la provincia al de la Nación, lo cual implica votar gobernador en el año 2019, junto a la elección presidencial. El mandato de Colombi cierra en 2017. Para salvar los dos años intermedios se apelaría a una cláusula transitoria que establecería un mandato temporario de dos años entre 2017 y 2019.

 

La intención detrás de esto es perpetuar a Colombi en el poder, estableciendo un interludio corto a manos de un sucesor, y que pueda volver a los dos años salvando el requisito que prohíbe mas de dos mandatos consecutivos. El ciclo de los Colombi (Ricardo, luego Arturo y dos mandatos de Ricardo hasta el actual) lleva ya 16 años. La reforma deberá contar con apoyo legislativo de los dos tercios de las dos Cámaras, lo que quiere decir que un sector de la oposición tendría que apoyarla. Colombi le apunta los cañones al sector del puntal del Frente para la Victoria en la provincia, que responde a Fabián Ríos, intendente de la capital. La zanahoria sería el aumento en la coparticipación municipal, que tiene  estatus constitucional. Ríos anunció su disposición a discutir la reforma. 

 

El oficialismo radical y el PJ comparten la misma base social en la provincia: la vieja oligarquía correntina. Ambos se reparten los girones de los partidos históricos de la provincia, el viejo autonomismo y el Partido Liberal. El PJ, en las últimas elecciones, llegó al extremo de sumar a la alianza Frente para la Victoria al PaNu, de Romero Feris, que está enjuiciado y siempre al borde de ir a prisión por numerosas causas de corrupción.

 

Colombi representa para la burguesía correntina el garante del orden político surgido de la recomposición del estado posterior a la gran crisis de 1999-2001, caracterizada por la intervención federal contra Romero Feris en un marco de grandes movilizaciones populares. Luego, mientras el PJ hacía un papel de oposición a medida en la provincia, el ahora macrista Colombi osciló entre el kirchnerismo y el alineamiento radical, sin dejar nunca de tender puentes con el gobierno nacional en la etapa K. De esos pactos surgieron grandes negociados empresariales: a la sombra de los subsidios de De Vido, el monopolio del transporte Ersa, de la familia Romero, se expandió en todo el país. La burocracia sindical kirchnerista es un puntal en esta estabilidad provincial: desde el Suteco, el yaskismo aseguró sistemáticamente la paz social que arrojó un básico docente que está entre los más bajos del país.

 

El intento de auto perpetuación en el poder representa la continuidad del régimen que asegura la concentración obscena de la propiedad de la tierra, el nulo desarrollo industrial, la precarización laboral y los bajos salarios, la represión y mano dura policial en las comisarías, la entrega de los recursos naturales (Yacyretá, Esteros del Iberá) y los negociados para un puñado de intereses capitalistas. Ahora, todos factores agravados por el ajuste macrista con su secuela de tarifazos, aumentos de precios, despidos y deterioro salarial.

 

El Partido Obrero se opone a la reforma constitucional y llama a los trabajadores y a la juventud a deliberar y organizarnos para formar una alternativa política de los trabajadores.