Políticas

30/7/2009|1093

Abra Pampa y Mina Aguilar

Pasivos ambientales y sociales

“El problema del plomo en Abra Pampa existe” (Jujuy al Día, 30/7/07). Es lo que había declarado el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Carlos Ripolli. “Desde fines de los ‘80 se realizó el primer estudio (que) detectó la presencia de plomo en la sangre de los habitantes de Abra Pampa por la acumulación de residuos de mineral de plomo de la fundidora Metal Huasi… que fue a la quiebra, desaparecieron los dueños… Un estudio realizado por la universidad encontró que el 28% de la población tiene ese valor (el máximo permitido por la OMS) o más” (ídem).

Acá tenemos de manera incuestionable el efecto depredador de la explotación minera capitalista. La fundidora cerró, quebró, nadie se hizo cargo. La remediación que significa asegurar un destino inocuo a todos los desechos que quedan después de una explotación minera o petrolera, quedó en el aire. Las consecuencias las sufre el pueblo de Abra Pampa, la capital de la puna jujeña. Veinte años después y tras muchas denuncias y reclamos “los fondos para la remediación de Abra Pampa (provienen) de un programa del BID por 75 millones de pesos (de los cuales 8 millones son para Abra Pampa)” (Jujuy al Día, 7/9/07). Y recién a comienzos de este año “se anunció que las 15.000 toneladas de escorias acumuladas por la ex empresa Metal Huasi fieron extraidas de Abra Pampa para su depósito definitivo en una cava en Mina Aguilar” (Jujuy al Día, 31/1).

Cuando en el último trimestre del año pasado, la crisis capitalista llevó a la baja a los exuberantes precios que habían alcanzado los metales, Minera Aguilar sacó un comunicado informando “que los contratos que venzan en los próximos meses no serán renovados y pone en ejecución a partir del 24 de noviembre un plan de retiros voluntarios… y se aplicará una modificación en el régimen de trabajo… de modo que se posibilite el trabajo contínuo… pasará a un régimen 14 x 7, 14 días de trabajo por siete de descanso” (Pregón, 28/11/08).
En realidad, según denuncias posteriores “se estima en 600 la cantidad de trabajadores afectados por el achicamiento. Otro grupo de empleados está siendo invitado a acogerse al retiro voluntario… de haber llegado a una planta de 2.500 obreros en 2005 la compañía volvería al nivel de ocupación que tuvo en la década del ‘90, que era de 600 agentes” (Libertario, 2/12/08). Para las mineras, la crisis la tienen que pagar los trabajadores.

Hagámosle pagar la crisis a los capitalistas.