La respuesta del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a las grandes patronales que cuestionan el decreto de accidentes de trabajo es una verdadera autoacusación del kirchnerismo.

Según Tomada, “es cierto que crecieron los juicios, pero es más que nada porque, por donde se lo mire, el sistema es mezquino. Las víctimas cobraban poco y en rentas bajas. No podían hacer juicio. En las comisiones médicas no podían tener asesoramiento de abogado ni de médico.

Debían apelar solos y ante la Justicia federal. Si morían sus padres no podían cobrar nada.

Por eso, estamos convencidos que mejorando la indemnización, disminuirá la cantidad de juicios” (Clarín, 11/11).

El decreto no modifica ninguna de las “mezquindades” que señala Tomada porque a renglón seguido agrega que, a la hora de sacar el decreto y a pedido del sector empresario, “se hicieron concesiones” a los empleadores: “Las sumas adicionales de pago único se fijaron de acuerdo a la propuesta de la UIA, se agregó el seguro de responsabilidad civil, se ordena arbitrar medidas para bajar costos, se fomentan las mutuales, se quitó un artículo que autorizaba el aumento inmediato de las alícuotas”.

Pruebas. Las sumas fijas –que se mantenían congeladas desde 2000– aumentaron un 140% cuando la inflación fue del doble. La fórmula de cálculo de las indemnizaciones se mantuvo sin cambios, salvo la eliminación del tope; el piso indemnizatorio, que antes no existía, es ridículo porque el propio Tomada reconoce que “garantiza un mínimo a los sueldos inferiores a 1.800 pesos” (ídem, Clarín), lo que casi coincide con el piso del salario mínimo.