El dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados acordado entre el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el gobierno habilita, camuflándola, la venta de las acciones en poder de la Anses.

 

El proyecto plantea que las acciones en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses nunca podrán bajar del 7% de toda la cartera, siendo que ahora son el 13% de los activos, según el informe a diciembre 2015. Es decir que la ley a punto de aprobarse habilita, de entrada, la venta de casi la mitad de las acciones en poder del Fondo. Pero este límite, que habría sido el punto básico de acuerdo entre el gobierno y sus “opositores” es un fraude. El mínimo del 7% podrán ser acciones, como hasta ahora, u Obligaciones Negociables (ON) convertibles, que otorgan la calidad de acreedor de una empresa pero no la de accionista. Además, ese 7% puede ser dejado de lado si se trata de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a todas los accionistas de la empresa u otra sociedad en caso de procesos de reorganización que la vinculen con aquella.

 

Habría ya Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) en curso de acciones de cinco empresas, entre ellas Telecom, por 11.000 millones. “Si se aprobara el dictamen de mayoría, el FGS podría desprenderse de todas esas tenencias accionarias, que totalizan 16.235 millones de pesos, sin autorización del Congreso y sin que rija el límite inferior del 7% para las tenencias de acciones y ON convertibles” (Página/12, 12/6). El valor del total de acciones en poder de la Anses se estima en 100.000 millones de pesos (El Cronista, 31/5). Es decir, el remate ya comenzó.

 

El acuerdo en el Congreso tiene el respaldo prácticamente unánime de la burguesía pero, esencialmente, forma parte de la agenda del capital financiero. “Si Argentina quiere tener status de país emergente para los activos de renta variable es necesario que el 20% de las acciones paralizadas del índice Merval en manos del gobierno pasen a inversores privados… no hay forma de que los fondos ponderen Argentina sin una venta de la Anses de sus posiciones” (ídem anterior).

 

Quién se queda con las acciones

 

El destino de las acciones puede abrir una crisis.

 

Paolo Rocca se cansó de explicar que pidió cuatro veces a Néstor y Cristina que le pusieran precio a las acciones de Siderar para hacerse de ellas y persiste en ese propósito. Otro enfoque es el que planteó en el Coloquio de Idea dos años atrás, el actual ministro de Producción, Francisco Cabrera. Allí adelantó el proyecto de “vender en bloque las acciones de empresas del FGV a fondos de pensión internacionales, que podrían elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías”.

 

En esta última línea está la sugerencia de un medio financiero: “lo más transparente es que se licite como una IPO (OPA) y la pueda comprar todo el mundo, así hay más free float (capital flotante), con fondos extranjeros que estarían interesados” (ídem, 4/4).

 

Aunque estos propósitos requieren de la aprobación urgente de la ley, la disputa en torno a quien se queda con las acciones puede ser feroz. Es que el activo en disputa es importante y puede ser estratégico. El Estado, a través del FGS, participa de 49 compañías y posee, en muchas de ellas, más del 20% de su capital social. Entre ellas Banco Macro, Gas Natural BAN, Siderar, Telecom, Pampa Energía y Molinos Río de la Plata.

 

Tanto Macri como Scioli, como Massa, acordaron con este rumbo y tenían en carpeta la reventa de las acciones como recurso para hacerse rápidamente de dólares en caso de llegar a la presidencia.

 

Fuera la nueva confiscación que supone la ley ómnibus. Que la Anses sea manejada por representantes de trabajadores y jubilados; que se repongan los aportes patronales, que los fondos sean invertidos en función de asegurar el pago del 82% móvil, un mínimo igual al costo de la canasta familiar y un plan de reindustrialización y obras públicas debatido por un congreso de trabajadores.