La extensión de la cuarentena ha puesto de manifiesto que el sostenimiento de la educación en este período corre por cuenta de la docencia y las comunidades educativas. La ausencia del Estado nacional y los Estados provinciales en establecer una plataforma gratuita y de fácil acceso para docentes y estudiantes, o de liberar el acceso a datos o Internet, no solo provoca una mayor desigualdad en el acceso del conocimiento, sino que además vulnera derechos laborales que van desde la sobrecarga laboral y horaria a la violación de la privacidad.

Las resoluciones del CFE (Consejo Federal de Educación) y las que cada provincia produce van en la orientación de reforzar la presión sobre la docencia e implementar en los hechos el teletrabajo en la docencia, pero sin ninguna de las garantías y condiciones de protección laboral ya establecidas en las leyes de Contrato de Trabajo N° 20.744, Ley N° 25.800, Convenio de la OIT N° 177, Resolución N° 595/2013 – Propet, Resolución N° 1552/2012 – SRT. Todo este cuerpo normativo plantea desde la protección de la ART, normas de seguridad e higiene, compensación por la utilización de bienes y servicios pertenecientes al trabajador, la provisión del empleador de la computadora y conectividad y la limitación de la jornada laboral que llevará a cabo el trabajador.

En este contexto, el acuerdo firmado por Ctera y el gobierno es letra muerta para los derechos docentes, porque la central sindical no está dispuesta a organizar y confrontar contra los abusos, aprietes y obligatoriedades que tratan de imponer a la docencia y que transgreden toda norma laboral y el Estatuto Docente. Menos denunciar el desentendimiento de los gobiernos en proveer los recursos materiales para favorecer el proceso de acompañamiento pedagógico como netbooks, tablets o celulares o la liberación de datos.

La intervención de Ctera y de varios gremios docentes provinciales tiene como objetivo arrogarse el consentimiento colectivo para imponer un teletrabajo flexibilizador sin recursos. Sumado a la modificación del artículo 109 de la Ley Nacional de Educación que habilita la educación a distancia y el ingreso del negocio de las plataformas educativas privadas, estamos en presencia de una brutal flexibilización laboral del trabajo docente y mercantilización de la educación pública.

Para enfrentar la política de integración al Estado de las burocracias sindicales docentes, que no reclaman siquiera aumentos salariales, y a los gobiernos precarizadores, los que venimos garantizado el derecho a la educación en cuarentena por la ausencia del Estado decimos:

Plataformas educativas gratuitas y de fácil acceso. Recursos materiales (medios de conectividad gratuita para docentes y estudiantes, computadoras, etc.) para docentes y estudiantes para llevar adelante el acompañamiento pedagógico. Salario de emergencia equivalente al cargo testigo para la docencia desocupada. ¡Aumento salarial YA!

Plenarios de Delegados para votar un Plan de Lucha por nuestros reclamos