El punto central del programa leído por Saúl Ubaldini, al cerrar el plenario de delegaciones regionales, es el reclamo de desdoblar el Ministerio de Economía y “crear un Ministerio de la Producción… y uno de Integración Social”. Que ésta es la orientación central que la CGT le ha dado al paro del 8, se comprueba en la solicitada aparecida en los diarios del domingo, donde presentan la catástrofe económica y social como obra de “sus ministros” y arremeten contra la fracción “fanático-integrista” que estaría capitaneada por Roque Fernández. 

No cabe la menor duda de que Roque Fernández y sus seguidores están preparando un paquete antiobrero ‘fanático-integrista’, como “la reducción del 50% de las indemnizaciones por despido”, tal como lo denuncia la propia CGT. Más todavía, el propósito es anular la indemnización para los nuevos trabajadores y reemplazarla por un aporte del trabajador del 2,5% de los salarios, que engrosaría un fondo administrado por las AFJP. En síntesis, que los trabajadores financien sus propios despidos.

Pero el planteo de formar un Ministerio de la Producción y otro de Integración proviene del riñón de Duhalde y de un sector de la gran patronal de la Unión Industrial. Más todavía, varios diarios señalaron que el nombramiento de Alieto Guadagni como secretario de Industria, y la confirmación de Felipe Solá en la Secretaría de Agricultura, ambos, hombres de Duhalde, serían pasos en ese sentido. 

Lo primero que dijo Felipe Solá fue que no había que aplicarles retenciones impositivas a la oligarquía o a los exportadores, a pesar de los altísimos precios de los granos y las ganancias extraordinarias. Por su parte, la primera acción de Guadagni como secretario de Industria fue correrse ante la sede de la Unión Industrial, donde “se mostró de acuerdo con el primer planteo que los industriales pusieron sobre la mesa: no paralizar la reactivación con medidas destinadas a cerrar la brecha fiscal, como restablecer los aportes patronales o eliminar incentivos a la exportación” (El Cronista, 2/8). 

Más todavía. Según Clarín (5/8), Guadagni se opone a la exigencia del FMI de aumentar los aportes patronales y sería partidario de “bajarlos” aún más, “y compensar el desajuste con un alza mayor en los combustibles”. La gran patronal tendría la ventaja de una mayor reducción de costos y aumento de las ganancias, y los trabajadores cargarían con el costo de mayores tarifas del transporte. 

La llamada fracción duhaldista del gabinete y la que está enquistada en la Unión Industrial, es privatizadora y profundamente antiobrera. Por eso convive con la “fanático-integrista”, y las une un planteo común: “encarar los ajustes estructurales que aseguren equilibrio fiscal sostenible en el largo plazo”, como señala el documento de la Unión Industrial entregado a Guadagni. ¿Qué son los ajustes estructurales que reclama la gran patronal? Justamente, bajar las jubilaciones y el salario familiar, eliminar la indemnización, impulsar más a fondo la ‘flexibilidad laboral’, desregular y privatizar las obras sociales y el PAMI.

Es muy llamativo que, en la solicitada, la CGT plantee restablecer “parcialmente” las contribuciones patronales y que se desestatice el régimen de asignaciones familiares, “para que sea administrado ‘privadamente’ por sus contribuyentes y beneficiarios”, cuando el problema es simple: la derogación de los decretos inconstitucionales de Menem. Más significativo es el proyecto del diputado “gremial” José Luis Castillo, para que se mantenga el salario familiar sólo por hijo y la ayuda escolar anual, y se los elimine completamente para los que ganan más de 1.500 pesos mensuales, lo que no es otra cosa que una legalización de los decretos antisalariales.

El corte del salario familiar es el resultado directo de la rebaja de los aportes, que primero se bajaron del 12 al 9 por ciento, luego al 7,5 por ciento, y finalmente, desde enero, al 4 por ciento promedio. Antes de eliminarlo para el 80 % de los trabajadores, estuvo rigurosamente congelado durante casi una década, lo que explica que estuviera en 15 pesos por esposa y 20 pesos por hijo, con escolaridades de 3 y 4,50 pesos. El aporte patronal debe subir todo lo que sea necesario para asegurar el pago de las asignaciones familiares actualizadas y equivalentes al 10 % del sueldo.



No llama la atención que en el programa leído por Ubaldini, o en la solicitada, la CGT no diga una palabra de la desregulación de las obras sociales y de la reconversión acordada con el Banco Mundial. Simplemente, porque la burocracia está metida a fondo en achicar las prestaciones médicas (acuerdo total con el PMO – Programa Médico Obligatorio), arancelizarlas y usar el préstamo del Banco Mundial, como lo revela la solicitud presentada por 40 sindicatos.



Todo esto revela que la burocracia cegetista carece de programa para afrontar la catástrofe menemista, sigue enrolada en la “concertación del ajuste” y concibe el paro como una válvula de escape. Para nada plantea utilizar la caída de Cavallo y la debilidad del gobierno y las patronales, para una ofensiva a fondo de los trabajadores. 



Los activistas y delegados del movimiento obrero deben tener presentes todas estas cuestiones, mientras organizan y preparan un paro masivo el 8. No dejarse engañar con las frases hechas de Ubaldini o Gerardo Martínez, y luchar a fondo porque los trabajadores paren con un programa de reivindicaciones.