El dato de la acumulación de la recaudación fiscal a agosto implica un aumento del 67,4% interanual, contra un 50% de inflación interanual estimada. El gobierno reafirma la senda de “ahorro” como garantía al acuerdo con el FMI. Esta recaudación se funda principalmente en los impuestos que pagan los trabajadores, lo que también confirma la doble confiscación que sufren las familias obreras, por vía de impuestos e inflación.

En lo que va del año la recaudación fiscal asciende a unos $6,795 billones. El salto favorable al fisco se asienta en mayores contribuciones de los trabajadores, tanto en impuestos por Combustibles (+84,3%), IVA (+75,9%), Impuestos Internos (+55,5%) e impuestos a los Créditos y Débitos (+66,0%). Y solo parcialmente en ingresos provenientes de las patronales, como el caso de las exportaciones (+131,9%), que gozaron de precios internacionales excepcionales y grandes ganancias, a diferencia de los primeros.

El gobierno aspira a llegar a fin de año con un déficit primario inferior a 4,5%, lo que podría ser una realidad pero solo a costa de la política de ajuste que viene aplicando sobre la población trabajadora.

El costo de esta política es la confiscación de los bolsillos y las precarias economías obreras para destinar esos recursos al pago de la deuda externa y garantizar las acreencias del FMI. Tal es así la cosa que quienes no cuentan con empleo y hasta el millón de beneficiarios del precario Potenciar Trabajo, engrosan las arcas del fisco con sus magros ingresos de indigencia, debido a los impuestos que pesan sobre los productos de consumo masivo, incluyendo los más elementales, como los alimentos, para los cuales el gobierno restituyó -en su momento- los impuestos al consumo. Se trata de una política de Estado, que agrava la confiscación para quienes menos tienen.

También pagan impuestos al salario los trabajadores alcanzados por la cuarta categoría de “ganancias”, que en gran medida vuelven a ser atrapados por esta quita a sus salarios debido a la inflación y las actualizaciones paritarias, luego de que el gobierno impulsara la acotada elevación del piso, pero nunca su derogación.

La política oficial ha sido la de combinar el alza de la recaudación, debido principalmente a la reactivación económica luego de la cuarentena y las restricciones a la actividad, con un alto componente impositivo contra los trabajadores y con un alza de los precios luego del desmantelamiento de las principales regulaciones y aumento de las tarifas.

A su vez, Alberto Fernández ha recortado gran parte de los fondos destinados a paliar las consecuencias de la merma de la actividad económica durante la pandemia -el IFE entre ellos-, la cual aún persiste y se ha agravado debido a que las patronales no han restablecido los mismos niveles de empleo, generando nuevos miles de desocupados.

Este saldo favorable en la recaudación también es utilizado para justificar el bloqueo a iniciativas de gravámenes a los grandes capitalistas y sus fortunas, e incluso una eventual reedición del limitado “aporte solidario”, ya que el gobierno estaría cumpliendo con su meta fiscal.

Lo que el oficialismo festeja como un éxito, tiene como contrapartida el hundimiento de la población trabajadora y el ajuste en los fondos destinados a satisfacer las principales reivindicaciones y demandas populares, como la obra pública, la vivienda, el trabajo, la infraestructura sanitaria y educativa, los salarios, etc. La contrapartida de estos recortes son los subsidios a las patronales energéticas, que se llevan miles de millones de pesos de las arcas del Estado.

La educación de este gobierno debería invertirse, con gravámenes progresivos para los capitalistas y un impuesto a las grandes fortunas para financiar un plan de obras públicas y viviendas que generen empleo para la población. Por la derogación del impuesto al salario y las jubilaciones, por la eximición de impuesto a quienes cobren hasta tres canastas familiares y que los capitalistas sean quienes financien el Estado.