No sólo la policía vigila con camionetas de última tecnología a los obreros de AGR-Clarín, sino que también usan el techo del CGP (dependiente del Gobierno de la Ciudad) para instalar todo un operativo de espionaje, a la vez que la empresa intimida a las familias de los operarios. Hay ciertos conflictos que convocan a todo el aparato del Estado para oficiar contra los trabajadores: los obreros de AGR-Clarín deben enfrentar no sólo la intransigencia patronal, sino al uso de elementos ilegales de espionaje usados para la intimidación y la presión para aceptar el cierre fraudulento de la planta gráfica. 

 

Así lo denunciaron los obreros que ocupan la fábrica desde hace más de un mes y que sufrieron la represión policial apenas producida la toma. Luego del violento ataque contra el acampe solidario de las familias de los obreros que permanecían dentro de la fábrica (los delegados y obreros se habían movilizado a una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la sede de la avenida Callao, en el centro porteño) la policía se apostó a una prudencial, pero notoria, distancia, e instaló todo un enjambre de inteligencia clandestina, que se mantiene hasta hoy. En los alrededores de la planta no sólo hay patrulleros, carros hidrantes y policías apostados, sino también unas camionetas que se dedican ostensiblemente a la vigilancia clandestina. No sólo eso: representantes de la empresa llaman a las casas y a los teléfonos de los familiares de los obreros con el fin de intimidar.

 

"La empresa está trabajado directamente con la inteligencia de la cana -dice Pablo Viñas, secretario general de la comisión interna de AGR-Clarín. "Hay gente de la empresa que está llamando a las casas de los compañeros cuando ellos nunca habían dado esos teléfonos a nadie. Un compañero tuvo que cambiar el celular de la mujer y la madre porque las llamaban cada veinte minutos, todo el día".

 

-¿Intimidan a los familiares de manera planificada?

 

-Claro. De la empresa llamaron a la hermana de un compañero, que no tiene nada que ver. Llaman desde un estudio jurídico contratado por AGR y también empleados de Recursos Humanos de la empresa y piden hablar con la familia, no con el empleado despedido. Les dicen que si no aceptan los despidos después no van a cobrar nada. Y también citan a los obreros a una mediación civil y dicen que van a embargar las indemnizaciones para cubrir los costos. Están las combis con antenas de espionaje apostadas, cuya responsabilidad es exclusivamente de la ministra Patricia Bullrich, ya que no hay ninguna orden de fiscal. Además de las camionetas instalaron aparatos de distinto tipo ubicados en la terraza del CGP. Están usando un centro vecinal donde se pagan las facturas de ABL para instalar su operativo de espionaje, con la anuencia de las autoridades del CGP. Por eso hemos presentado una denuncia penal.

 

"Nuestra denuncia cayó en el juzgado de Ariel Lijo y el expediente lo lleva adelante el fiscal Juan Pedro Zoni", informa la abogada ClaudiaFerrero, de APEL, a Prensa Obrera. "El fiscal Zoni consideró que había un delito que debía investigarse pero el juez Lijo se toma todo el tiempo del mundo pidiendo papeles de forma y sin ordenar medidas, independientemente de determinar quién es el querellante, punto en el que la instrucción está detenida".

 

-¿Qué medidas podría tomar la justicia?

 

-Podría pedir informes y oficios para ver qué se está haciendo, en qué consiste el operativo que sospechamos se trata de espionaje. Mientras tanto la empresa realizó un operativo de acoso a los familiares para intimidarlos y presionar para que acepten los despidos.

 

El diputado del Frente de Izquierda-Partido Obrero Néstor Pitrola denunció el operativo ilegal de espionaje y señaló su carácter político. El periodista Santiago Cúneo había elaborado un informe en el que ponía el centro en las camionetas de escuchas ilegales, pero la investigación no pudo ser emitida ya que, por presiones de Clarín, el Canal 26 decidió levantar el ciclo "1+1=3".

 

 

 

 

A la incorporación del CGP en la "logística" de este asedio de las fuerzas represivas a los trabajadores, se suma la militarización de otros lugares de trabajo del Grupo Clarín. "El gobierno militarizó el barrio de Barracas, en los alrededores de la planta Zepita, que imprime el diario Clarín -explica Viñas-. Y hay retenes en los alrededores de la redacción del diario. Exigimos que salga la policía de Barracas, que no cerque lugares de trabajo y que se retire el aparato de espionaje instalado en las inmediaciones de nuestra fábrica". 

 

Un verdadero operativo de Estado contra los obreros de AGR-Clarín.