Desde el gobierno nacional, con el acuerdo de los partidos patronales de la oposición, preparan una serie de medidas que extremarán sensiblemente los riesgos de contaminación con agrotóxicos.

 

Por si esto fuera poco, también preparan sacar la nueva ley de semillas a la medida de las empresas, privatizando las semillas.

 

Este combo letal busca generar mayores ingresos a un puñado de grandes empresas que monopolizan el negocio de los agrotóxicos y el de las semillas.

 

El Frente de Izquierda es el único que lucha por la prohibición de los agrotóxicos y porque no se privaticen las semillas.

 

Glifosato

 

La bibliografía nacional e internacional es concluyente, el glifosato es cancerígeno y principal causante de tumores y otras enfermedades gravísimas en la población expuesta a su contacto. En provincia de Buenos Aires hay suficientes evidencias en cuanto a que se ha modificado el perfil de las enfermedades de la población y ahora son mucho más frecuentes enfermedades oncológicas, endocrinas, trastornos reproductivos y mayor presencia de trastornos generales del desarrollo en los niños.

 

Cuando en el mundo, la discusión central en este tema pasa por el “Monsanto papers” (Infobae, 5/10) es decir la omisión y el trafico de información errónea a los organismos encargados de determinar su clasificación toxicológica, que ha generado un debate sobre la necesidad de prohibir totalmente su uso en Europa (Francia, España, Italia, Croacia y otros van en esa dirección) en el país asistimos a declaraciones de ministros nacionales y provinciales y legisladores que actúan como representantes directos de la multinacional contaminadora.

 

En esto se inscribe todo el arco político de los partidos patronales en el gobierno y en la oposición. Desde Felipe Solá (1 País, ex PJ), que franqueó el ingreso de la soja transgénica, basándose solamente en los informes presentados por la misma empresa, hasta los actuales funcionarios y legisladores que ofician de voceros de un conjunto de cámaras, asociaciones y entidades (ONG) directamente vinculadas con el negocio de los agroquímicos, como Casafe, Aapresid, Crea, Asa, Arpov, RedBPA, etc. que recomiendan y esgrimen que con el uso responsable el glifosato no contamina.

 

En el 2009 durante el gobierno de CFK se produjo el informe Barañao, supuestamente elaborado por científicos del Conicet, que planteaba la inocuidad de este veneno.

 

En provincia de Buenos Aires está en tratamiento en Diputados un proyecto que establece en ¡¡10 metros!! la separación de la zona de pulverización de los agrotóxicos respecto de las zonas urbanizadas; en el mismo sentido se han pronunciado los ministros nacionales de Medio Ambiente y Agroindustria que esgrimen que distancias mayores no se justifican.

 

Semillas

 

En esta semana, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación presidida por un diputado renovador (1 País), Gilberto Alegre, trató el proyecto de modificación de la Ley de semillas del gobierno, que es lo mismo que decir el proyecto de las empresas semilleras.

 

En su extenso articulado se consagran solo unas pocas cuestiones, de una gravedad inusitada y que ocasionarán enormes perjuicios a los sectores de la producción y a la población en general. Se consagra el Derecho de Propiedad Intelectual de las semillas (patentamiento) y se limita el uso propio.

 

¿Qué significa esto?

 

Empresas biotecnológicas (Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF) que cubren el 60% del mercado mundial de semillas, han modificado su composición, introduciéndole genes que se incorporan a su ADN (para resistencias diversas) y con ello, sin cambiar un ápice el producto que se obtiene, reclaman la propiedad sobre ellas. El grano de soja con cerca de 46000 genes, el de trigo, de 94 a 96000, el de maíz, con 32000, el tomate con 35000 todos ellos con la sola inclusión de un gen en las plantas serán exactamente igual a las existentes desde los inicios de sus cultivos hace miles de años, pero con la particularidad de obtener ciertas resistencias por las cuales las empresas semilleras reclaman su propiedad.

 

Por ello, exigen que cada vez que se utilicen dichas semillas, deba pagársele un canon y por ende, se limite el uso propio, es decir el derecho básico que por cientos de años fue la regla en la agricultura, de guardar parte de la cosecha para su uso como simiente en la temporada próxima. Un abuso en toda la regla, se adueñan de una semilla a la que sólo le hicieron una pequeña modificación.

 

Por detrás del actual proyecto, que viene en danza desde los últimos años del gobierno anterior están todas las empresas semilleras y un conjunto muy vasto de funcionarios gubernamentales, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y supuestas entidades científicas.

 

Única garantía

 

Tanto el patentamiento de las semillas como el uso indiscriminado de agrotóxicos, persiguen un mismo objetivo: garantizar la rentabilidad de las empresas semilleras y de agroquímicos que monopolizan el negocio de las semillas y de los agroquímicos, como un capítulo del copamiento del agronegocio por el capital financiero. Conjuntamente, seguirán promoviendo la deforestación indiscriminada para garantizar la ocupación de las tierras para el negocio agrícola, la expulsión de pueblos originarios, el desplazamiento de agricultores familiares y la terrible contaminación de tierras, cursos de agua y población en general a partir del uso creciente de agrotóxicos.

 

El Frente de Izquierda es la única garantía, por ello vamos a llevar estos reclamos a los Concejos Deliberantes, a las Legislaturas provinciales y al Congreso Nacional, exigiendo:

 

Nacionalización de la gran producción agraria, del comercio exterior, de los puertos privatizados.

 

La adopción de prácticas agronómicas sustentables, con rotaciones de cultivos, en toda la superficie de producción. Terminar con el monocultivo de la soja;

 

Anulación de los eventos biotecnológicos aprobados;

 

Nueva clasificación toxicológica – Prohibición de uso de loa altamente peligrosos;

 

Contra cualquier imposición de patentes. Libertad para el uso propio;

 

Por la nacionalización de la producción de semillas y de los agroquímicos bajo control de trabajadores.