05/08/2015 | 1375

Agua envenenada en la provincia de Buenos Aires


El agua que consume más del 10% de la población de 16 provincias argentinas, desde Salta a la provincia de Buenos Aires, está expuesta a altos niveles de arsénico, producto de formaciones geológicas agravadas por la actividad industrial y agrícola sin cuidado.


 


En la provincia de Buenos Aires el 80% de la población consume agua contaminada (por encima del 0,01 mg/l previsto por el Código Alimentario Argentino). El consumo de agua con arsénico, aún en pequeñas dosis, durante más de cinco años puede producir una enfermedad llamada Hacre que, a su vez, puede derivar en varios tipos de cáncer. Por la ausencia de plantas potabilizadoras en varias localidades bonaerenses, el nivel de arsénico llega hasta los 0,4 mg por litro. Gran parte de los trabajadores bonaerenses que acceden (y pagan) por el agua potable no la pueden beber ni usar para cocinar (el hervor aumenta la concentración de arsénico).


 


 


 


Incumpliendo la ley


 


En febrero, la Corte Suprema de Justicia Nacional dejó firme la medida cautelar que exigía a la estatal ABSA la entrega de agua potable sellada en la localidad de 9 de Julio, donde los vecinos organizados denuncian la situación hace años. Sin embargo, ABSA incumple con la ley: no informa los niveles de arsénico del agua por la que cobra y los consumidores deben buscar el agua en canillas comunitarias, donde sólo entregan 14 litros por hogar por semana (el fallo obliga a un mínimo de 200 litros mensuales).


 


Los investigadores explican que la solución «es cuestión de dinero»: existen filtros purificadores que eliminan el arsénico, pero que deben ser renovados periódicamente; pero ni ABSA ni el gobierno de Scioli planean invertir en ellos. Por el contrario, aumentaron un 70% las tarifas, mientras mantienen en secreto sus estados contables.


 


El intendente de 9 de Julio, el radical Battistella (candidato de Sanz y denunciado por corrupción), prometió en las elecciones de 2007 una nueva planta de agua potable que aún «se está construyendo».


 


El derecho humano al acceso al agua potable -así considerado por la ONU y el conjunto de los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere- fue eliminado en la reforma del Código Civil y Comercial que acaba de entrar en vigencia. Así, el Estado queda eximido de la obligación legal de brindar este servicio esencial.


 


La contaminación, sumada a la falta de acceso al agua para otro sector de la población, es una muestra de las condiciones en las que vivimos los trabajadores bonaerenses. Es una causa más por la que debemos fortalecer una alternativa política propia en defensa de nuestra propia vida.


 

En esta nota

También te puede interesar:

El fracaso de la política de control de precios del gobierno.
Se encuentran en estado de asamblea permanente por el salario, pase a plante y condiciones de seguridad e higiene.
Suteba Ensenada se movilizará contra el acuerdo del gobierno con el FMI.
El próximo 7 de diciembre desde las 14hs se realizará un nuevo Congreso Ordinario de la Federación Universitaria de La Plata.
Es la segunda partida más grande contemplada en el proyecto de Presupuesto 2022 de la provincia de Buenos Aires.