Políticas

29/8/2001|719

“Ajustazo” en la Ciudad de Buenos Aires Los “progres” contra los pobres

La frase, “No habrá ajuste en la Ciudad”, fue repetida hasta el cansancio por Ibarra y sus voceros. Pero el ajuste sí ha comenzado en Capital, sólo que en forma sigilosa, como le cabe a su gobierno “progre”. Sólo el convenio de “transferencia gradual” de la policía y la justicia “significará para la Ciudad la incorporación de 25.610 agentes a la función pública” (La Prensa, 30/7), y “295 millones de pesos” de gasto adicional (ídem). Este traspaso sin fondos explica el entusiasmo con el cual Cavallo recibió, en mayo pasado, a Aníbal Ibarra. Resulta claro que la policía y justicia “propias” exigirán recortes en otras áreas. Cafiero, antes de la ley que define los límites de la autonomía de la Ciudad, ratificó en un reciente programa televisivo, que “si los porteños quieren su propia policía, la tendrán que pagar”. La “autonomía de la Ciudad” es un biombo para la política de descentralización del gasto que lleva la firma del Banco Mundial y el FMI.


El recorte


Al costo de los traspasos, se agrega la brutal caída de la recaudación impositiva: “a julio de este año, la mora en el pago de ABL y de patentes aumentó en un 5%, y las perspectivas de recaudación por patentes caerá en los próximos meses (…). Además, “por la recesión es menor la recaudación de Ingresos Brutos” (La Nación, 24/7). Raúl Fernández, secretario de Gobierno, ya anunció que “el ahorro vendrá por la reducción de contratos en programas (sociales) superpuestos, y en algunos casos la reducción llegaría a la mitad de los programas” (ídem). La primera “poda” en materia de asistencia social ya se puso en marcha. El gobierno modificó la “operatoria” del programa de asistencia a familias sin techo, por el cual se hacía cargo de albergar en hoteles de paso para vecinos desalojados. En los últimos dos años, el programa pasó de albergar de 2.500 a 8.500 vecinos, siguiendo el derrotero de la crisis social y del crecimiento exponencial de los desalojos. El gobierno ha sido incapaz de aportar soluciones definitivas de vivienda para estos vecinos. En cambio, paga la friolera de 4,50 pesos por persona y por día a los hoteleros, por habitaciones muchas veces mal equipadas y sucias. Ahora, y en nombre de la “transparencia”, se pretende terminar, no con los responsables de esta corruptela, sino con sus víctimas. El gobierno le entregará a los afectados cheques equivalentes a dos o tres meses de alojamiento, para que éstos asuman directamente el pago a los propietarios de hoteles. Vencido este plazo, el Estado ya no asume la responsabilidad de costear los albergues, cuestión que pasa a ser un asunto privado entre “inquilinos” y hoteleros. Se trata, en definitiva, del desalojo de los desalojados. Del mismo modo, el Gobierno planea reemplazar la provisión de bolsones alimentarios y sostenimiento a comedores por vales a los “beneficiarios”. Al igual que con los hoteles, la “ayuda social” pasa a determinarse, no por las necesidades populares, sino por las restricciones de presupuesto. El mismo propósito tiene el anuncio del nuevo “plan de salud” para los porteños, “que consiste en otorgarles una tarjeta de identificación a los residentes de la Ciudad que no tienen cobertura médica” (Página/12, 8/8).


El propio Neri, secretario de Salud, explicó que “el residente tendrá una atención más integral” (ídem), preparando el camino para justificar el arancelamiento, inicialmente previsto para los pacientes de otros distritos.


Para Ibarra y Cavallo, la autonomía porteña la deben pagar los desocupados y sin techo. Como la recaudación impositiva continúa bajando –y aumentan los subsidios impositivos al capital– más temprano que tarde el recorte amenazará también a los estatales porteños.