El jefe de gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, rechazó de plano que estuviese en los planes del gobierno nacional la estatización de la privatizada eléctrica. Esto a pesar de que las encuestas de opinión son ampliamente favorables a una inmediata revocatoria de la concesión que tiene este monopolio desde hace 20 años. De lo que se trata, dijo Cafiero, es de que Edesur “mejore la calidad del servicio” -palabras más, palabras menos, el mismo discurso de Máximo Kirchner, quien llamó a presionar para que Edesur haga las inversiones que corresponden. Una albertista 100% como Victoria Tolosa Paz, ex concejal platense y actual titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sostuvo que “el camino no es la expropiación del Edesur, porque se vendría una catarata de juicios” (El Cronista, 27/7).

Está muy claro que el rotundo fracaso de Vicentin dejó secuelas, y ni Fernández ni Kicillof quieren arriesgarse a una confrontación cuando sus gobiernos siguen sin poder cerrar las negociaciones por las deudas externas nacional y provincial, a pesar de la andanada de concesiones a los fondos buitres y bonistas.

El telón de fondo de estos choques, como informamos en Prensa Obrera, son los piquetes de vecinos y el repudio popular a los innumerables cortes de luz que son responsabilidad directa de Edesur. En lo que va del 2020 las denuncias de los usuarios se incrementaron en un 70% con respecto al año anterior. Todos los municipios de la zona sur del Gran Buenos Aires han sufrido cortes de luz prolongados y bajas de tensión, con los perjuicios que esto provoca por la quema y destrucción de artefactos eléctricos: un servicio completamente deficiente que delata la huelga de inversiones de la empresa . En el informe a la Comisión de Valores Edesur y Edenor (la privatizada de la zona norte) declararon haber reducido a la mitad sus inversiones desde el inicio de la pandemia. Edesur, como los otros monopolios eléctricos de la provincia, usan los cortes de luz como arma de presión para forzar el descongelamiento de las tarifas.

El recule de los “nacionales y populares” con Edesur fue menos ruidoso que con Vicentin. Esta vez no fueron necesarias ni las caravanas ni las “autoconvocatorias” fogoneadas por Juntos por el Cambio y la derecha “en defensa de la propiedad privada”. Apenas comenzaron a circular los primeros mensajes contra la estatización a través del grupo de whatsapp “Nuestra Voz” (donde revisten pesos pesados de la burguesía como Urbano Ratazzi -el hijo de Cristiano- de Fiat, Martín Cabrales o el CEO del holding Pescarmona), todas las fracciones del peronismo se fueron al mazo, incluidos los intendentes kirchneristas del sur del Gran Buenos Aires, que rápidamente se alinearon con el discurso oficial. Lo ocurrido pinta de cuerpo a entero a un peronismo cómplice de las privatizadas. La estatización de Edesur choca con las cámaras y principales grupos capitalistas que son pilares del pacto social contra los trabajadores, y con el capital financiero que no quiere distraer recursos para el pago de la deuda externa en indemnizaciones millonarias.

En el rechazo a la estatización de Edesur intervienen otros factores que retratan la cobardía de los “nacionales y populares” y sus temores al alcance y consecuencias políticas que plantea la brutal crisis social, económica y sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo cuando los 100.000 infectados por el coronavirus y el pico de la pandemia están saturando el deteriorado sistema de salud público bonaerense. El reclamo a Edesur de “que cumpla” es pura demagogia para encubrir al grupo italiano Enel, que seguirá al frente de la concesión eléctrica por otros 67 años -cuando lleva ya dos décadas estafando a los usuarios con total impunidad. Es el peronismo gobernante el que no quiere la estatización, provincialización o expropiación de Edesur, porque lo obligaría a tomar el control de un sistema eléctrico vaciado por las privatizadas, exponiéndolo a su vez como ejecutor directo de los tarifazos contra el pueblo. El “renunciamiento” de Fernández y Kicillof confirma que ni Edesur ni el gobierno están dispuestos a invertir un peso, por lo que los cortes de de luz continuarán.

La impunidad de Edesur en estos 20 años de saqueo, y la negativa de los sucesivos gobiernos a estatizarla a pesar del mal servicio y las ganancias millonarias obtenidas (unos 2.568 millones en 2019) fueron el hilo conductor privatista que unió al menemismo, la Alianza, Duhalde, los 12 años de kirchnerismo, el liberalismo de Mauricio Macri y ahora el “capitalismo amigable” de Alberto Fernández. Con la continuidad de Edesur, sigue al frente del saqueo Enel, que tiene el capital mayoritario de la empresa y es propietario de las usinas Dock Sud y Costanera, además de ser dueño de El Chocón y de la distribuidora Yacylec que extrae energía de Yacyretá. Del paquete accionario de Edesur participa también Distrilec, que tiene como socio a Nicolás Caputo, el “amigo de la vida “ de Macri y uno de los responsables del acuerdo ruinoso con el FMI.

El “caso Edesur” es parte del paquete de negociaciones que llevan adelante Axel Kicillof y la Cámpora de Máximo Kirchner con el macrismo y el radicalismo provincial (Juntos por el Cambio tiene mayoría en el senado bonaerense) para apoyar la oferta de pago de deuda a los bonistas y el pedido de un nuevo endeudamiento por 500 millones de dólares con los organismos financieros internacionales y por 28.000 millones de pesos para pagar a proveedores y cubrir gastos corrientes. La urgencia de Kicillof por sellar este acuerdo con Cambiemos da cuenta de las condiciones críticas que plantea la caída de la recaudación provincial, la acumulación de deudas con los proveedores y una deuda externa por 12 mil millones de dólares que a la fecha el gobierno no ha podido reestructurar. El pacto en proceso con Cambiemos, y la desesperación de Kicillof por obtener la venia legislativa para volver a endeudar a la provincia, excluye veleidades estatistas y es aprovechada por los intendentes del conurbano para reclamarle al gobierno de la provincia que vuelva a hacerse cargo de la deuda por 3.000 millones de pesos que tienen sus municipios con Edesur. No solo no hay quita de concesión sino que van a terminar pagándole a Edesur la “deuda” reclamada.

Que la ladrona Edesur siga teniendo de rehenes a dos millones de bonaerenses es entera responsabilidad de albertistas y kirchneristas que actúan como encubridores de los pulpos eléctricos. Cuando el Frente de Todos levanta la voz es para acallar los piquetes y las protestas que son la respuesta popular a este desfalco.

La estatización o nacionalización sin indemnización de Edesur no vendrá del peronismo sino que se integra y es parte de un plan económico de los trabajadores, en la perspectiva de una salida para que la crisis la paguen los capitalistas. ¡Fuera Edesur! Que se abran sus libros y los de todas las privatizadas. Basta de cortes de luz y tarifazos. Impuesto extraordinario al capital para constituir un fondo especial para la inversión y mantenimiento del sistema eléctrico vaciado por las privatizadas. No al pago de la deuda externa.