La Corte estaría analizando un juicio testigo que tendría alcance sobre los realizados por una masa de 150 mil jubilados cuyos haberes iniciales (y por extensión los que cobran todos los meses) fueron liquidados incorrectamente por el Anses, que aplicó un índice que los redujo a menos de la mitad del salario en actividad, en lugar del que fuera utilizado por la Justicia en anteriores juicios.

Según cálculos de abogados especialistas en temas previsionales, la diferencia con la aplicación de uno u otro índice supera, como mínimo, el 30 por ciento del haber jubilatorio y su correlato en la retroactividad reclamada.

La Anses rechaza la aplicación del fallo Ellif, que sirvió como testigo para aplicar en todos los juicios el denominado índice Isbic y plantea que se siga utilizando el Ripte que ella emplea actualmente para las actualizaciones de los haberes y la denominada Reparación Histórica. La diferencia es enorme: “Entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del Isbic fue del 435%, mientras el del Ripte llegó apenas a un 178 por ciento (Clarín 25/6/2016) y esta diferencia se mantiene a lo largo de toda la serie posterior.

Por esa razón el gobierno querría aprovechar el ascenso a la presidencia de la Corte del muy cercano Carlos Rosenkrantz para lograr un fallo favorable. También se habrían jugado aprietes mutuos con la eventual aplicación del impuesto a las Ganancias a los miembros del Poder Judicial, hoy exceptuados de su pago y que Macri finalmente descartó imponer, como prenda de paz con los jueces. ​ 

Estos juicios, demorados en las instancias previas durante años, llevan también un largo período de atascamiento en la Corte, a la que el Anses recurre para postergar el pago y lograr que la Justicia habilite la confiscación de las jubilaciones con un fallo que apruebe la aplicación del índice que ella está utilizando para depreciar los haberes.

El fallo que –según fuentes periodísticas- habría comenzado a ser analizado por los jueces de la Corte es el de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en el 2003. Y, según destacan, no es el más favorable para los jubilados porque entre los años tomados para el cálculo de su haber inicial están los de la convertibilidad, cuando los salarios casi no mostraron cambios.

Aunque lo que está en disputa es cuál de los dos índices aplicar, la Corte puede tratar de buscar una salida que se acomode al acuerdo del gobierno con el FMI, que incluye una drástica reducción de los gastos previsionales, sin que eso suponga necesariamente la aplicación del Ripte.

Es que debe superar la carga de una masiva definición de todos los niveles de la justicia en favor de los jubilados que llevaron a que unos 700 mil beneficiarios lograran la aplicación del índice más favorable.

El trasfondo de este cuadro que tiene de rehenes a los jubilados, es que el gobierno ha fracasado con la zanahoria de la estafa de la Reparación Histórica, pese al chantaje oficial que supone alargar por ocho o diez años la sustanciación de los juicios y la amenaza larvada de que si no se aceptaba la miseria ofrecida, el jubilado no llegaría a lograr en vida la salida de su juicio.

La nueva composición de la Corte, de una mayoría abierta a las necesidades del oficialismo, del ajuste y del acuerdo con el Fondo, abre un alerta para los jubilados.

Hay que mantener y multiplicar la movilización de jubilados y trabajadores (futuros jubilados) para impedir que un juicio complaciente ponga un palo en la rueda en la pelea por los reclamos presentes e históricos.

La movilización debe levantar:

Por el 82% móvil del salario en actividad

Por una jubilación mínima que cubra el costo de la canasta familiar