Algo huele a persecución y censura en este país

El 17 de enero, una periodista del diario La Mañana de Córdoba, Griselda Gómez, recibió dos mensajes telefónicos, de un tal “coronel Jiménez” y un “capitán Gigena” (presuntamente, el mismo sujeto), respectivamente, amenazándola con un “ya sabés lo que te va a pasar”. En 2008, Griselda -de larga militancia en agrupaciones por los Derechos Humanos- publicó un libro en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, titulado “Las Flores del Bien”. Su denuncia está radicada en la justicia, el sindicato de periodistas (Cispren) expresó su repudio y también lo hizo gran cantidad de escritores.

Anteriormente, Manuel D’ Alessandro, dirigente del PO de Córdoba, sufrió un robo en su domicilio particular que consistió en llevarse solamente el CPU de su computadora y… revolver todas sus pertenencias, como quien busca algo.

En Buenos Aires, la CD de la SEA se pronunció acerca de la masacre en Gaza por parte del sionismo israelí y, como resultado, un grupo de escritores encabezados por Mario Goloboff renunció a la entidad llamando a otros escritores a imitarlos. Lo respaldan la agrupación kirchnerista “Carta abierta” y el Centro Cultural Cooperativo (Udecoop-PC).

Para no hablar de las injurias del presidente de la Daia, tildando al Partido Obrero de “antisemita” por su oposición a la masacre del pueblo palestino.

En el día de ayer, se conoció la rescisión del contrato en Radio Del Plata (Buenos Aires) del muy prestigioso periodista Nelson Castro, por causa de sus críticas al gobierno K. La emisora ha sido adquirida a Tinelli por la empresa de Córdoba Electro Ingeniería, la mismita que talla en la construcción del Centro Cívico en esa ciudad, apoyada lealmente por Schiaretti-Giaccomino.

Los hechos son suficientes para pensar que podríamos encontrarnos ante la posibilidad de que se haya obrado en los distintos casos con el “intento velado de alguna censura previa” (artículo 32 de Constitución nacional), previsto en la ley argentina. Por lo tanto, estos hechos pueden investigarse en la propia justicia burguesa. Claro que no vamos a pedirle peras al olmo, que lo tendremos que hacer los propios trabajadores de la cultura, periodistas y trabajadores en general, si queremos que efectivamente se investiguen. Porque si esperamos que lo haga el gobierno de los Aníbal Fernández, lo único que vamos a cosechar es otra calumnia a Jorge Altamira (u otros dirigentes de la izquierda) y ni un paso en la investigación sobre la desaparición de Jorge Julio López, por ejemplo.

Eugenia Cabral