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El juez Norberto Oyarbide ha ordenado el allanamiento de unas cuarenta obras sociales, entre ellas las de Camioneros y de la UOM, por las estafas cometidas con medicamentos de alta complejidad. Es la consecuencia de la declaración indagatoria tomada a Marcos Hendler, dueño de la firma Droguería Urbana, proveedora de la obra social de Camioneros y aportista importante a la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio Cobos en 2007. La burocracia inventaba enfermos y fraguaba recetas. Con ellas, se encargaban medicamentos a los laboratorios, y éstos, en vez de remedios, entregaban troqueles, esos cuadraditos de cartón con el código de barras. Con ellos, las obras sociales cobraban reintegros millonarios a la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud. El delito no se cometía con cualquier medicamento: sólo con los oncológicos o los empleados para el tratamiento del sida, por ejemplo, que son drogas de altísimo costo.

En una escucha telefónica que figura en el expediente, Hendler habla con Alicia Bergalli, jefa de compras de Droguería del Plata y procesada en la causa. Hendler le pide a la mujer una cantidad de troqueles falsos para la obra social de Camioneros. Esa llamada se hizo el 16 de junio de 2009.

La obra social de la familia Moyano también compraba medicamentos (troqueles, mejor dicho) a otras droguerías sospechadas, como Stanford Salud y Unifarma. Stanford pertenecía a Sebastián Forza, uno de los empresarios vinculados con la venta de efedrina a narcotraficantes mexicanos, víctima del triple crimen de General Rodríguez. Unifarma era de Ariel Vilán, socio de Forza, que apareció “suicidado” después de los asesinatos en Rodríguez.

Todos esos fueron aportantes de la campaña de Kirchner y Cobos en 2007. El recaudador entre los drogueros era Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, hoy procesado por delitos varios. Capaccioli tiene en su prontuario, entre otras tantas cosas, haber enviado una patota de barrabravas a golpear a los trabajadores del hospital Francés.

Lucha de camarillas

Hugo Moyano ya está imputado en otra causa paralela, radicada en el juzgado de Claudio Bonadío, también por los trámites fraudulentos que hacía para cobrar reintegros de la APE. Así, el titular de la CGT tiene razones para temer que le hagan seguir los pasos de Juan José Zanola, preso junto con su mujer por estafas y fraudes similares.

En manos de un Oyarbide o un Bonadío, jueces afines al gobierno, la investigación por la actividad mafiosa de los burócratas y del gobierno en las obras sociales no pasará los límites de la pugna entre camarillas. Será, simplemente, una herramienta de extorsión. Pero forma parte de la descomposición de la burocracia sindical y, por lo tanto, del conjunto del régimen político que se apoya en ella, en el marco de una acentuada rebelión de los trabajadores contra esa burocracia.