Los informes periodísticos dan cuenta de que no frena la crisis alrededor de los alquileres, que aumentaron en 2018 por encima de un salario ya golpeado por los tarifazos y la inflación.

Un artículo reciente (La Nación, 17/1) informa que el alquiler de un dos ambientes en CABA, en promedio en $11.826, supone el 50% de un salario promedio, de $23.728. Este porcentaje, que representa un máximo histórico, ya había sido denunciado por la Defensoría del Pueblo en septiembre y, según la Federación de Inquilinos Nacional, se extiende a todo el país –en el caso de Río Negro, elevándose al 64% (ADN, 1/10).  Una consultora porteña reseña un cuadro conocido por cualquier inquilino: “si prorrateamos los gastos de acceso a la vivienda (comisiones, sellados y depósitos), la incidencia sobre el ingreso es aún mayor. A este esquema podría sumársele la necesidad de cada dos años mudarse o renegociar (siempre al alza) el contrato, lo cual provoca otro perjuicio económico” (La Nación, ídem).

El diario La Capital de Rosario informa que el pasado año los incrementos de alquileres duplicaron los de los sueldos, “empujando a los rosarinos hacia las pensiones, generando ‘hacinamiento estudiantil’” y la vuelta de jóvenes adultos a la casa de sus padres (9/1).

En Rosario, Río Negro, y Tucumán se reportan crecientes rescisiones anticipadas por no poder hacer frente a los alquileres. Este es también un tema central en Ciudad de Buenos Aires, motivando buena parte de las 100 consultas que atiende por semana el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña (Ámbito, 10/1).

Las expensas están alcanzando entre un 25 a un 30% del valor del alquiler, con una tendencia a que expensas extraordinarias sean liquidadas como ordinarias –y por tanto, que las pague el inquilino. De conjunto, la morosidad en el pago de expensas se ubica en niveles inéditos en décadas, ubicándose entre 20 y 40% -según los informes- en Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero, La Plata.

El cuadro se completa con la creciente incapacidad de los trabajadores para adquirir una vivienda propia. Este escenario había motivado en octubre los anuncios gubernamentales de planes de vivienda -de improbable viabilidad– y el descongelamiento de un proyecto de Ley de Alquileres, extremadamente limitado frente a las necesidades acuciantes de los inquilinos y los pequeños propietarios. Incluso eso duró un suspiro: las cámaras inmobiliarias se reunieron con funcionarios y, tras un breve plan de moderar más la norma, finalmente volvió a ser sepultada.

Se prevén para 2019 aumentos de alquileres en el orden del 30%, y de expensas del 35%. De prosperar la pauta salarial del gobierno en el Presupuesto, del 23%, el marasmo de los alquileres se agravará. La población trabajadora no lo puede permitir. Es necesario un paro general activo por paritarias que recompongan la pérdida del salario y lo resguarden de la inflación futura, y plantear un programa de salida a la crisis de vivienda: gravar al gran capital y establecer la protección de tierras ociosas, centralizar y poner esos recursos bajo control de los trabajadores, lanzar a partir de allí un plan de construcción de viviendas sociales y créditos para la vivienda propia con cuotas que no ocupen más del 20% del salario.