El miércoles 11 de mayo la Cámara de Diputados dio por concluido el debate en relación a la Ley de Alquileres, cumpliendo con el compromiso que había asumido el peronismo -a través de Massa- con el conjunto de la oposición patronal que exigía su inmediata derogación.

Unos y otros, oficialistas y opositores, venían instalando el fracaso de la ley en los medios a ambos lados de la grieta. El objetivo era allanar el camino para un debate que se centró, como no podía ser de otra manera, en modificar los pocos aspectos progresivos de la ley sancionada en 2019 como son la duración de los contratos (pasaron de dos a tres años) y los tiempos de indexación (de semestral a anual).

Con esta campaña como telón de fondo, el Congreso dio lugar a expositores con distintas posturas entre los que se destacaron distintos voceros de los inquilinos y los sectores de trabajadores a los que se les niega sistemáticamente el derecho a la vivienda.

Una vez concluida la pantomima de escuchar todas las posturas tuvo lugar la comisión que debía dictaminar qué proyecto llegaría al recinto para ser votado.  Ahí quedaron expuestos tres proyectos distintos a tratarse en las próximas semanas, todos con un fuerte carácter a favor de los propietarios, mostrando el compromiso de todos los partidos con la clase social que los financia y sostiene.

Los dictámenes

Los diputados y diputadas tendrán que votar entre tres proyectos, uno presentado por el oficialismo, otro por Juntos por el Cambio y el tercero presentado en soledad por la diputada Graciela Camaño.

El Frente de Todos había presentado varios proyectos, pero terminó unificándolos en uno que respeta los tres años de duración de contrato y la actualización anual de los alquileres, incluso cuando alguno de ellos -como el de Carolina Gallard- consideraba progresivo la actualización semestral, algo inexplicable que buscaba ocultar una concesión a propietarios e inmobiliarias.

De todas maneras, el proyecto del oficialismo -que cuenta con el aval de varias organizaciones de inquilinos-, les concede a los propietarios una cantidad de exenciones impositivas. Este “premio” respecto de la legislación vigente implica una conquista propietaria luego del lock out que han impuesto, quitando propiedades del mercado para achicar la oferta y aumentar su precio. El gobierno cede ante los aprietes propietarios, en sintonía con los servicios prestados en el desalojo de cada una de las tomas de tierras a lo largo de los últimos años.

Los otros dos dictámenes son directamente la expresión legislativa de los propietarios, planteando de manera explícita sus reclamos: volver a los dos años de contrato y a la actualización semestral. En algunos casos se han posicionado incluso en contra de cualquier tipo de regulación en la actualización y a favor de que sea el mercado inmobiliario el que imponga los índices dado que se trataría de un “contrato entre privados”.

Por si todo esto fuera poco, ambos proyectos contemplan también exenciones impositivas para favorecer que los propietarios terminen con el lock out y vuelquen sus propiedades, que usan como activos financieros, a la oferta para alquilar. Victoria asegurada.

Un planteo de clase

El bloque del Frente de Izquierda Unidad y el Partido Obrero en particular no ha sido ajeno a este debate: presentamos nuestro proyecto de impuesto a la vivienda ociosa que impone, además, la construcción de viviendas populares, el otorgamiento de créditos hipotecarios y la utilización de tierras de propiedad estatal para estos fines.

Este proyecto fue cajoneado por quienes manejan la cámara, rechazando su inclusión en la comisión porque no aborda exclusivamente el problema de los alquileres. La maniobra es muy burda dado que es claro que no puede buscarse una solución real a esta problemática si no es con un planteo integral sobre la cuestión de la vivienda.

En distintas intervenciones hemos planteado que es necesario la constitución de un sindicato de inquilinos para que intervengamos trabajadores en distinta situación habitacional, pero con un punto en común que es la defensa del derecho a la vivienda para toda la clase obrera y terminar con este régimen de especulación inmobiliaria que ha parido un déficit habitacional de 4 millones de viviendas.